En estos años el desempleo no ha hecho más que aumentar –ahora ronda el 27 por ciento-, como también lo han hecho los índices de pobreza y los de precariedad laboral, mientras que los salarios siguen bajando.
Madrid, España. Desde hace ya 5 años, Europa y en particular los países del sur (Grecia, Italia, Portugal y España) viven una profunda crisis provocada por el estallido de la crisis financiera mundial pero mantenida y agravada por la particular coyuntura europea: las burbujas financieras e inmobiliarias que caracterizaron la economía de estos países, el euro como moneda común en un contexto en que las distintas economías nacionales eran profundamente dispares,
En el caso particular de España, lo que estalla a partir del 2009 es el modelo de desarrollo sobre el que se ha venido construyendo el país desde el final de la dictadura franquista. Un modelo basado en la construcción y el turismo que ha provocado una burbuja bancaria e inmobiliaria sobre la que se ha sostenido la economía española durante al menos 15 años; una burbuja que, al estallar, ha demostrado estar vacía como todas, y ha provocado un profunda recesión económica y unas cifras astronómicas de desempleo.
En ese contexto, los dos partidos que desde hace décadas se alternan en el poder en España (PSOE y PP) han aplicado obedientemente todas las reformas de corte neoliberal impulsadas por las instituciones financieras internacionales y los bancos: reducción del Estado del Bienestar –especialmente de la inversión pública en Sanidad, Educación y Servicios Sociales-; priorización de la disminución del déficit público como primer objetivo del Gobierno –que ha implicado incluso una reforma de la Constitución, pactada por los dos grandes partidos, para incluir el objetivo del equilibrio presupuestario y el pago de la deuda como prioridad absoluta de las administraciones públicas-; financiación pública para una reforma bancaria; aumento de los impuestos –especialmente de los no progresivos-; reformas laborales dirigidas, fundamentalmente, a debilitar la estructura de la negociación colectiva y a reducir los salarios.
Las consecuencias de estas políticas no pueden ser más evidentes: en estos años el desempleo no ha hecho más que aumentar –ahora ronda el 27 por ciento-, como también lo han hecho los índices de pobreza y los de precariedad laboral, mientras que los salarios siguen bajando. Aumentan también las tasas en las universidades públicas y en las escuelas de formación profesional, poniendo así más obstáculos a la formación de los jóvenes.
Hasta aquí, el contexto económico. Como respuesta a esta situación de empobrecimiento de las mayorías sociales -mientras los beneficios de las grandes empresas y los mayores bancos siguen aumentando-, surge en España, en mayo de 2011 el Movimiento 15 M. Un movimiento que es capaz de sacar de la apatía y la pasividad a millones de ciudadanos y cuyo mayor logro es el de haber politizado las situaciones individuales provocadas por la crisis. Paralelamente al trabajo de concienciación que ha realizado el movimiento, transformando los dramas particulares en una conciencia cada vez más generalizada de que estamos ante una enorme estafa en la que las mayorías pagan las consecuencias de una crisis de la que no son responsables, el movimiento ha sido capaz de generar una amplia red de organización popular, a través de colectivos y asambleas de barrio en las ciudades.
Al calor de este movimiento han nacido además colectivos nuevos, y otros, que ya existían, se han fortalecido. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH), un colectivo que desde hace años se dedica al asesoramiento a personas y familias que pierden su casa por no poder pagar la hipoteca y, en virtud de la anacrónica ley bancaria española, después de haberse quedado sin casa siguen debiéndole al banco una enorme deuda. La PAH ofrece asesoramiento legal a las personas en esta situación y, junto a las asambleas de barrio, encabeza acciones para intentar parar cada uno de los desahucios de los que es informada. Este colectivo ha conseguido colocar los desahucios como un problema social de primer orden cuya gestión erosiona cada día al gobierno del PP, tiene un mayoritario apoyo social (más del 70% de la población española) y ha presentado más de un millón de formas ante el Congreso para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que acabe con los desahucios y ponga las bases de una ley que efectivamente garantice el derecho –constitucional- a una vivienda digna. Esta ley, sin embargo, ha sido rechazada por el Gobierno del PP, fiel amigo y defensor de los bancos.
Otro de los colectivos que ha crecido al calor del movimiento del 15 de Mayo es Juventud Sin Futuro. Este colectivo nació en abril de 2011 con un objetivo muy parecido al que después cristalizó en el 15 M: politizar las situaciones individuales que la crisis provocaba en millones de personas. En el caso de JSF, la acción estaba dirigida especialmente a los jóvenes, que viven una situación cada vez más complicada en España: obligados a elegir entre el paro (el juvenil está por encima del 55 por ciento) o precariedad (con la generalización de salarios míseros, contratos de becarios que en realidad ocultan relaciones laborales, trabajos en negro, etcétera), con un casi inexistente acceso a la vivienda y un recorte permanente en el derecho a la educación –a través de subidas de tasas permanentes- y la sanidad, gracias a la progresiva mercantilización del estado de bienestar impulsado por la Unión Europea, el FMI y el BCE.
Así las cosas, un grupo de jóvenes de las universidades públicas madrileñas decidieron fundar un colectivo que denunciara la precariedad existencial en la que la crisis de los de arriba sumía a millones de jóvenes en el país. El colectivo fue creciendo, y actualmente está centrado en la lucha contra la mercantilización de la universidad y contra la precariedad laboral. Junto a personas provenientes de otros espacios de militancia, como el 15 M o los colectivos juveniles de barrio, en mayo de 2012 lanzó una nueva herramienta de combate contra la precariedad laboral, llamada Oficina Precaria, que trabaja en el asesoramiento a personas que sufren situaciones de precariedad en el ámbito laboral y en la denuncia a través de campañas públicas de estas situaciones; en estos momento lleva a cabo una campaña llamada “No más becas por trabajo” para denunciar la práctica cada vez más generalizada de contratar personas bajo la figura y las –peores- condiciones laborales de un becario para que realicen, en realidad, las funciones normales de un trabajador.
En los últimos tiempos, el colectivo ha constatado que en el chantaje que nos obliga a elegir entre paro o precariedad hay una nueva “opción”: el exilio económico. Son cientos de miles los jóvenes que cada año abandonan el país porque en él no encuentran posibilidades ¿Es el extranjero un seguro de empleo estable para l@s jóvenes? Ante esta situación, l@s jóvenes han comenzado emigrar a otros países en busca de una oportunidad laboral, para poder asegurarse un futuro que en el Estado español se hace incierto. Si bien es cierto que la media europea de paro juvenil (un 22,5 por ciento) es muy inferior a la española, encontrar trabajo no está garantizado. Y más allá de Europa, los jóvenes españoles están empezando a optar por otros destinos como Latinoamérica y Asia. Generalmente, los trabajos que realizan los jóvenes en el extranjero también se encuentran caracterizados por la precariedad, con jornadas laborales muy largas y sueldos muy bajos que no aseguran una vida digna, y menos un futuro. Frente a quienes hablan de un exilio temporal, de la emigración como fase transitoria que permite a los jóvenes adquirir conocimientos y experiencia para volver, la realidad es bien distinta. La única alternativa al paro es la precariedad: el Gobierno opta por la flexibilidad y la temporalidad de los contratos. Pero la temporalidad ya no es algo temporal y los jóvenes encadenan este tipo de contratos como norma. No se trata sólo de una nula estabilidad laboral, sino de una falta de independencia que elimina del horizonte cualquier proyecto de vida estable y convierte a los jóvenes españoles en personas dependientes de sus familias.
Por eso desde Juventud Sin Futuro hemos lanzando la iniciativa “No nos vamos, nos echan”: para denunciar que el neoliberalismo y sus políticas de ajuste y empobrecimiento nos impiden tener una vida digna, que nos obligan a salir de nuestro país a buscarla y a no encontrarla en mucho casos. Para seguir recordándoles que l@s jóvenes tenemos derecho al futuro y vamos a seguir peleando por él. Nosotr@s no nos vamos porque queremos, sino porque nos echan; nuestro objetivo es que se vayan ellos, los privatizadores, los recortadores, los especuladores, ese 1 por ciento que se sigue enriqueciendo a costa del empobrecimiento de todos.
Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013
0 comentarios:
Publicar un comentario