DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES HAN LLEVADO A LAS DISCULPAS OFICIALES 10 AÑOS DESPUÉS
El Reino Unido no sólo justificó y participó en la Guerra de Irak, sino que reprimió las acciones pacifistas contra ésta.
Dos días después del comienzo de la guerra de Irak, el 22 de marzo de 2003, activistas libertarios y pacifistas de diversas afiliaciones fletaron tres autobuses para participar en una manifestación frente a Fairford, la base militar de la que partían los B52 para bombardear Irak. Sin embargo, los activistas no pudieron llegar a su destino. En Lechdale, un pueblo a diez kilómetros de la base militar, un gran despliegue policial les cortó el paso. Los agentes registraron e identificaron a los manifestantes. Después, los metieron de nuevo en los autobuses y los encerraron para obligarlos a volver a Londres escoltados por furgones policiales. Entre los activistas cundió el nerviosismo porque nadie sabía a dónde les llevaban, ni si estaban siendo detenidos o, directamente, secuestrados.
Las órdenes que tenían los soldados que vigilaban las bases incluían abrir fuego si alguien entraba en ellasMediante el cruce de mensajes SMS con compañeros en la ciudad se supo que el destino final era una comisaría londinense. Ante esta información y tras varias horas de encierro, los activistas decidieron aprovechar un semáforo en rojo a la entrada de la ciudad para escapar en tromba por las salidas de emergencia sin que la policía pudiese evitarlo. Tras algunos enfrentamientos con los agentes, pudieron unirse a otra marcha pacifista que se celebraba ese día y poner fin a su rocambolesco secuestro.
Caso Fairford
Este incidente fue el origen de un largo proceso judicial que ha llevado a la policía ante todos los tribunales del Reino Unido, incluida su más alta instancia, la Cámara de los Lores. Lo que empezó como una solicitud de revisión judicial por detención ilegal y violación del derecho fundamental a manifestarse, se ha prolongado 11 años e incluso se cita en la lista de los cien casos más importantes de Gran Bretaña de The Guardian. A pesar de las sucesivas sentencias en su contra, la policía se ha negado durante años a pedir disculpas por la acción represiva. Tuvieron que pasar diez años para que un portavoz policial leyese un comunicado en el que se admitía haber violado los derechos de los pasajeros y pedía excusas. Tras esto, los 120 activistas implicados dieron por concluida la campaña para exigir justicia, aunque a día de hoy siguen investigando los aspectos más oscuros del caso.
Además de la victoria judicial y las indemnizaciones que la policía británica se ha visto obligada a pagar a los manifestantes, lo importante de este caso han sido sus repercusiones. El caso ha obligado a modificar los protocolos de actuación policial y la legislación aplicable para prescindir de tácticas que hasta ese momento eran muy comunes en el control de las manifestaciones. También en este período de tiempo se han desclasificado documentos que demostraban cómo el Gobierno británico recibía instrucciones directas de la inteligencia estadounidense, o que las órdenes que tenían los soldados que vigilaban las bases incluían abrir fuego si algún manifestante entraba en ellas.
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