Por Hispan Tv
En Brasil, un grupo de organizaciones sociales aglutinadas en la Articulación Nacional de Comités Populares de la Copa Mundial 2014 y los Olímpicos 2016, en un informe, denuncia que el Gobierno brasileño “violó los derechos humanos” durante la organización de estos eventos, publicaron el sábado los medios.
El informe dado a conocer el viernes muestra una serie de abusos cometidos por el Ejecutivo brasileño, tales como desalojos y desplazamientos forzados, trabajo forzado, discriminación, falta de consulta a las comunidades afectadas, trabajo infantil y represión violenta a los manifestantes.
Entre las acusaciones destaca el desalojo forzoso de alrededor de 250.000 brasileños, causados por los impactos de proyectos masivos de infraestructura que se hicieron y que están implementándose en la preparación para albergar estos dos eventos deportivos.
El documento revela también el vínculo sospechoso de algunas constructoras brasileñas encargadas de las obras infraestructurales para la celebración de estos torneos con la financiación de las campañas políticas de los partidos que participaron en las elecciones presidenciales del pasado octubre, que dieron el triunfo a la actual presidenta Dilma Rousseff.
Otro cargo contra el Gobierno se refiere a la violación de la legislación laboral brasileña ya que, se explica en el informe, al menos 14.000 voluntarios colaboraron con la FIFA para sacar adelante el Mundial de Fútbol, celebrado entre junio y julio pasados, mientras la ley estipula que el voluntariado solo se permite en entidades públicas o en instituciones privadas sin ánimo de lucro.
La celebración de la Copa de Fútbol Brasil 2014 originó un desembolso del gasto público del país de 33.853 millones de reales (unos 15.387 millones de dólares) mientras la inversión privada fue mínima, estimaron los institutos de investigación y representantes de comunidades en su informe, en el que critican que el dinero público podría haber sido invertido en subsanar un tercio del déficit de camas en los hospitales del país.
Tampoco, agregan, se han considerado las normas que preservan el medioambiente pues se simplificaron los procedimientos sobre esta área para otorgar las licitaciones a las constructoras.
Como consecuencia de la organización de estos eventos, recuerda este comité popular, el precio de los transportes públicos sufrió incrementos aun cuando ya en 2013, el aumento de estas tarifas prendió la mecha del descontento social ante los gastos millonarios inyectados en la Copa Confederaciones, celebrada en junio de ese mismo año, mientras los servicios públicos en Brasil son precarios.
El Gobierno afronta estas denuncias mientras había prometido que cualquier proyecto de construcción urbana que implique, por ejemplo, el reasentamiento de comunidades y mejorías en la movilidad urbana (tales como los proyectos de Buses de Tránsito Rápido) sería realizado con la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y con transparencia y que dichos proyectos beneficiarían a los grupos marginalizados.
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