RT – La reforma de la justicia penal es un tema político bastante polémico en EE.UU., pero lo que sí es cierto es que la población carcelaria del país es demasiado alta. John Pfaff, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, ofreció una nueva visión del problema.
Después de 1991 la población carcelaria siguió aumentando en el país norteamericano, aunque el índice de la delincuencia disminuía constantemente. Actualmente, EE.UU. ocupa el primer lugar en el mundo por cantidad de encarcelaciones: el número de reclusos estatales y federales supera los 1,57 millones, según el portal Slate.
Algunos políticos opinan que la encarcelación masiva se debe al resultado de la lucha contra las drogas, por lo que se han centrado en la elaboración de leyes de drogas menos punitivas que no obliguen a los jueces a imponer castigos fuertes para las personas que han cometido delitos relativamente menores. Según Pfaff, ninguno de estos esfuerzos ayudó a solucionar el problema, ya que se basan en una falsa comprensión de por qué se produjo ese auge de encarcelaciones.
Las condenas más largas han sido una causa importante del auge, opina Pfaff, así como la aparición en los últimos 30 o 40 años de numerosas leyes más severas. El profesor destaca que el número total de personas que están siendo arrestadas ha caído, pero se envía un número cada vez más elevado de ellas a la cárcel.
Pfaff también explica el crecimiento real de la población penitenciaria con las acciones de los fiscales de distrito que envían cada vez a más personas a la cárcel. En las últimas dos décadas los fiscales de distrito se han puesto mucho más “agresivos” en la forma de presentar cargos, cree Pfaff.
Es posible que se deba al hecho de que están pensando en las próximas elecciones y “siguen siendo duros con el crimen porque quieren convertirse en fiscales generales o gobernadores”. Por lo tanto, el profesor afirma que el auge del crimen elevó el estatus de los fiscales, y tal vez sus ambiciones políticas. Pero el problema consiste en que el fiscal de distrito es una figura políticamente muy independiente, ya que es elegido directamente a nivel del condado y no va a someterse al Gobierno federal. Por ello, de momento no puede haber ninguna solución centralizada capaz de mejorar la situación.
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