Lima, 6 may (PL) Las protestas continúan hoy en la sureña región de Arequipa, tras la muerte de un manifestante que elevó a cinco decesos el rastro de sangre dejado por el proyecto minero Tía María, cuyo rechazo causa el conflicto.
Grupos de jóvenes activistas ocuparon las calles de la ciudad portuaria de Mollendo, donde ayer murió un obrero de la construcción, víctima de un balazo en el pecho, mientras la Policía, reforzada ayer, les lanza gases lacrimógenos que los manifestantes responden con piedras.
La muerte se sumó a la de otro manifestante muerto en abril pasado en el valle del Tambo, donde agricultores y pobladores realizan una huelga que hoy cumple 45 días contra el proyecto Tía María, por temor a que contamine la zona.
El conflicto se remonta al menos a cuatro años atrás, cuando una protesta similar fue reprimida en abril de 2011 por la Policía, con un saldo de tres muertos.
El rechazo tiene entre sus factores el defectuoso estudio de impacto ambiental que la transnacional Southern presentó para validar el proyecto y que fue desacreditado por tener más de un centenar de deficiencias, ante lo cual la empresa presentó otro en 2013 del que los huelguistas desconfían.
Mientras sectores conservadores presionan al gobierno para que declare estado de emergencia -que permite endurecer la represión- en la zona del conflicto, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, dijo que el gobierno prioriza intentar un entendimiento mediante el diálogo.
Entretanto, los analistas conservadores Fernando Rospigliosi y Pablo Secada plantearon que, ante su inviabilidad actual, el proyecto Tía María se suspenda hasta que asuma un nuevo gobierno en julio de 2016.
Ambos coincidieron con el gobierno en sostener que la protesta del valle del Tambo es promovida y manipulada por dirigentes radicales enemigos de la minería, lo que cuestionó el analista de centro-izquierda Carlos Tapia.
Según Tapia, el problema no se debe a la posible presencia de agitadores o azuzadores, sino a la falta de una visión de política social que acompañe el proyecto.
El exministro del Interior Wálter Albán afirmó que el problema no lo resolverá la fuerza policial, sino el diálogo encaminado a acuerdos políticos y consensos sociales.
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