Luego de tanto luchar experimentando nuevas rutas tácticas que le permitieran construir una base de apoyo popular para ganar en los pasados comicios parlamentarios de diciembre de 2015, la oposición venezolana parece haber visto truncadas sus posibilidades democráticas y constitucionales de llegar al poder ejecutivo y regresa a la violencia como mecanismo inercial de su acción política.
Imbuida en profundas divisiones internas y pugnas por el control del hemiciclo, la oposición cayó en la trampa del conflicto de poderes con el chavismo. Obsesionada por la liberación de los “presos políticos”, despilfarró el instrumento político más importante con el que contaba para continuar creciendo bajo la oferta de “El Cambio”. Seis meses bastaron para dilapidar el capital político que tenía en diciembre de 2015 y convertirse en un archipiélago de fracciones con intereses particulares, absolutamente inútil para un sector de la población -que realmente esperaba sirviera como herramienta efectiva para solucionar los problemas económicos que más aquejan al país-. Hoy, la debilidad de las facciones “electoralistas” y la impronta divisionista que define a la MUD (Mesa de la Unidad Democráticas) frustran todo esfuerzo por el diálogo político nacional, dejando el terreno libre para que se impongan los sectores más extremistas de la oposición venezolana hegemonizados por el partido Voluntad Popular. Los mismos creadores de “La Salida” en 2014 han desplazado a los creadores de “El Cambio” en 2015, marcando la agenda de este momento.
Luego de la gran movilización que lograra la MUD a comienzos de septiembre de 2016, se dio un quiebre importante en la expectativas de la base social opositora respecto a sus líderes, dada la errónea oferta que hicieran a sus seguidores luego del triunfo electoral parlamentario. Vendieron una fantasía: luego de una gran marcha en el este de la ciudad de Caracas o de un pronunciamiento en la Asamblea Nacional, automáticamente Nicolás Maduro saldría del poder. Con una frustración generalizada en su base de apoyo, este quiebre habría sumido a la oposición a niveles bajísimos de movilización de calle, abrupta pérdida de la popularidad de sus líderes y, lo peor: el incremento de la popularidad de Nicolás Maduro que llegó al 30% en enero 2017 luego de un difícil 2016. Este nivel de asfixia política les exigió hacerse de una estrategia de polarización de corto plazo. En un claro reconocimiento de sus incapacidades para armar rutas políticas de sello nacional, retomaron nuevamente el camino más fácil: buscar apoyo en el padre imperial (EEUU) y calentar las calles combinando movilizaciones de la vanguardia política y grupos de choque que permitieran construir retratos de victimización de la oposición y abuso de poder (represión) por parte del Gobierno. El objetivo: encender la indignación y el ánimo de una base social de apoyo que ya no daba nada por ellos.
Recambio táctico: cualificando los sentidos de la violencia
Los signos del recambio táctico de la derecha se comenzaron a observar desde el 15 de febrero –pocos días después de que el gobierno estadounidense sancionara al vicepresidente venezolano por sus presuntos vínculos con el narcotráfico- cuando Trump recibió a Lilian Tintori. El presidente norteamericano expresó entonces su preocupación por Leopoldo López, a quien llamó “prisionero político”. Durante la semana anterior, otros opositores viajaron a EEUU: Freddy Guevara, Armando Armas y José Gregorio Correa[1]. Aquí se comenzaba a perfilar que la nueva ofensiva conservadora contaría con un expedito “apoyo” norteamericano y la pasarían a liderar los radicales: Voluntad Popular.
La explícita presión internacional
Esta vez, EEUU se comprometió seriamente con esta tarea: desde el 19 de febrero al 20 de Marzo, Washington hizo 11 pronunciamientos públicos y emitió 4 documentos (comunicados, informe sobre DDHH y resoluciones) sobre la “preocupante” situación venezolana, desde las más importantes vocerías: el Presidente Trump, el Departamento de Estado en voz de Rex Tillerson y Mark Toner, el Senado y el embajador en la OEA. Igualmente, dejó ver sin pruritos su lobby en la OEA y el sólido respaldo a su Secretario General, Luis Almagro, quien asume con gran vehemencia su papel como agitador y operador internacional de la narrativa y diplomacia conservadora en torno a la situación política venezolana. Almagro, entre el 28 de febrero y el 19 de abril, desarrolló 4 sesiones extraordinarias -donde emitió resoluciones fraudulentas (sin consenso y violando abiertamente la normativa interna) sobre Venezuela-, armó un bloque de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay) cuyas cancillerías se alinean para fustigar al Gobierno de Venezuela e hizo pronunciamientos diarios en la prensa mundial y en redes sociales.
Aún cuando la estrategia comenzó a mostrarse a mediados de febrero con estos primeros movimientos, su desarrollo se evidencia en las calles de Venezuela desde hace 24 días. ¿Qué se busca? imponer un ambiente de “ingobernabilidad” que retrate el colapso de una república o, más bien, coronar una estrategia de asedio multidimensional a un país soberano.
“La Salida” reloaded
“La Salida” de 2014 tuvo una duración de 2 meses, dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos y se caracterizó por barricadas, trampas mortales para motorizados y transeúntes, asedio e incendio de instalaciones del Estado, y atrincheramiento en urbanizaciones de clase media y alta. Quedó para la historia de la oposición y del país como la ineficaz revuelta de los ricos para asaltar por vías no democráticas el poder político en Venezuela. A diferencia de 2014, “La Salida 2017” que tiene casi un mes y ya cuenta con 26 muertos y más de 300 heridos, se gesta en condiciones objetivas y subjetivas distintas: en medio de una difícil situación económica luego del desplome de los precios del petróleo, y en el marco de un abierto conflicto entre los poderes del Estado que debilita la utilidad de las instituciones públicas y restringe el debate político a partidos, generando apatía y desesperanza en las mayorías sociales. Esta versión de “La Salida”, entonces, juega en una arena socio-política particular y, sobre todo, parece tener claros los errores anteriores.
En esta oportunidad, las líneas de sentido de la protesta se reorganizaron. Se combinaron los recurrentes discursos conservadores sobre “dictadura” y “falta de libertad de expresión” junto a apelaciones sobre la crítica situación económica de las clases populares y la postergación de la participación electoral. Sobre todo, se construyó un discurso de interpelación al bloque conservador internacional para que interviniese sobre la situación venezolana:
1) “Dictadura”, apelando a una ramplona argumentación liberal sobre la no-independencia de poderes (aún cuando la Fiscal General se pronuncia contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Legislativo opera por cuenta propia en manos de la oposición política), se achacaron hasta el cansancio términos como “ruptura del orden constitucional” con la intención de buscar convencer, sobre todo internacionalmente, sobre el colapso del Estado;
2) “Máxima presión internacional”: el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, no tuvo consideraciones soberanas de ningún tipo al solicitar a Donald Trump intervenir en Venezuela: “es muy importante para nosotros que el presidente Trump sea un factor de ayuda para crear la máxima presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro (…) Venezuela no es ya un problema local de gobernabilidad y autoritarismo sino una enfermedad contagiosa que tiene raíces y tentáculos en todos los problemas de la región (…) EEUU podría prohibir el intercambio comercial o político con Venezuela, imponiendo la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo que significaría el aislamiento completo de Venezuela: un país bajo cuarentena”[2];
3) Recuperar la “Presión de Calle”, la línea argumental de las movilizaciones apelaron a un referente chavista para levantarse: “el poder popular”. Juan Guido, diputado de Voluntad Popular, fue portavoz de la usurpación de este sentido:“Cuando se cierran todos los caminos el poder originario, que es el poder popular, se manifiesta a través de las calles y del ejercicio de la protesta. Es fundamental que todos salgan a expresarse, y razones hay miles, porque lo fundamental es el espacio completo de participación de la gente”. Es claro que, combinando referentes que el chavismo instaló en el sentido común político y provocando indignación con violencia, calculaban que podían hablarle a un chavismo blando, movilizar a su base de apoyo desmoralizada y lograr retomar el nivel de movilización de septiembre 2016. Sus números así lo confirman: ORC Consultores afirma que desde el 1 de abril hasta este martes 18, las protestas políticas pasaron a ser el 92% de las manifestaciones en el país. Mientras que, en el primer trimestre del año, éstas representaron apenas un poco más del 20% [3].
Cundirse de pueblo: ganar simbólicamente territorios chavistas
Con la perfomance de la violencia y del despliegue territorial también intentaron agregar valor simbólico a la estrategia. Buscaron coronar el sentido del que carecieron en 2014: ocupar simbólicamente territorios chavistas a través de acciones violentas de desestabilización a escala local, para dejar de mostrarse como una minoría clasista y construirse como pueblo mayoritario. Para la tercera semana de “presión de calle” pasaron de protestas en las grandes arterias viales, calles y plazas de las zonas acomodadas de Caracas, a convocatorias en barrios populares donde históricamente el chavismo había hegemonizado.
Territorializar la violencia fue la apuesta de la tercera semana de presión de calle: 26 puntos para emprender protestas en barrios populares de Caracas fue la pauta que sostuvieron luego del triunfo democrático del país con las multitudinarias marchas chavista y de oposición el pasado 19 de abril. El día 20 amaneció con escaramuzas violentas en el Este de Caracas (histórico territorio de la derecha), barricadas, quema de cauchos, bombas molotov hacia la Guardia Nacional y fotos. La Vega y El Valle (lugar donde se crió Nicolás Maduro) fueron los barrios elegidos: dirigentes de Primero Justicia y Voluntad Popular, a oscuras, cerraron calles, promovieron saqueos y atacaron el Hospital materno-infantil “Hugo Chávez Frías”, que tuvo que ser evacuado.
Llama la atención que, pese a que sostenían que las protestas eran espontáneas porque la situación país “ya no se aguanta más”, en las paredes de los edificios se proyectaron sofisticados hologramas que decían: “Maduro, el pueblo tiene hambre”, “Maduro dictador”. Esa larga noche que contó con la participación de bandas armadas de la delincuencia común que acompañaron las “manifestaciones políticas”, dejando un saldo de 10 muertos y una decena de heridos. Este experimento de violencia quirúrgica para generar miedo y debilitar simbólicamente al chavismo permitió corroborar la tesis del gobierno: existe relación entre líderes de estos partidos de oposición y factores de la delincuencia organizada en el país. También, permitió confirmar que el “apoyo” del norte no sólo implicó respaldo mediático y diplomático, sino que había mucho dinero detrás de este recambio táctico.
En los días subsiguientes, las protestas volvieron a ser de día, en las grandes arterias viales. La “Marcha del Silencio por los caídos” volvió a tener el rostro de las jóvenes estudiantes de cabellos rubios y rasgos perfilados, y el destino fue la Conferencia Episcopal Venezolana. Los discursos de la “presión de calle” se convirtieron en “Elecciones Ya” aún cuando dirigentes del peso como Capriles Radonsky y Luis Florido, de Voluntad Popular, expresaron que no aceptarían elecciones fraudulentas, y sugieren que la OEA asuma la organización de las elecciones. Sin embargo, ese mismo día una declaración de Henry Ramos Allup, presidente del partido Acción Democrática, deja en el ambiente incertidumbre respecto a una posible escalada de violencia para la cuarta semana de abril: “hoy es un homenaje de silencio a todos los caídos y muertos (…) incluso a las víctimas potenciales y eventuales que seguramente habrá en los próximos días”. El día después, 24 de abril, la oposición convocaba a un “Plantón Nacional” -tranca de las arterias viales de las principales ciudades- que en horas de la mañana registró una baja participación de manifestantes de oposición, y en horas de la tarde sorprendió con hechos violentos en los estados Mérida y Barinas: personas en motos dispararon a una manifestación chavista y a otra de oposición, dejando un saldo de 3 muertos y 6 heridos. Nuevamente, ante el reflujo de la participación en las calles la violencia como instrumento de polarización reaparece.
Ante tales acontecimientos, la opinión pública nacional se pronuncia contra la violencia y en las redes sociales se impone la ridiculización de protestas que no terminan de cumplir la oferta engañosa que siguen ofreciendo la oposición a sus bases: sacar a Maduro del poder. En las calles se comienza a escuchar el hastío por una cotidianidad en zozobra que ralentiza a un país que exige respuestas para la situación económica.
Mientras tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro que sigue mostrando el control institucional y militar, vuelve a llamar al diálogo político, anuncia su voluntad a ir a elecciones y retoma el discurso de las preocupaciones nacionales (los problemas económicos y de la producción), sobre las cuales pareciera ser el único actor político que se ocupa en el mar de complejidades financieras que afronta el Estado. El domingo 23 de abril, el Presidente de la República anunciaba que en los próximos días promoverá un “desencadenante histórico popular” que marcará el ritmo de los acontecimientos. Veremos.
Camila Vollenweider y Lorena Freitez
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