El vicepresident Oriol Junqueras, firmando el documento.
EFE- Junts pel Sí y la CUP firman un documento de declaración de independencia, minutos después de terminar el pleno, como "los legítimos representantes del pueblo de Cataluña"
- El texto no ha sido votado ni debatido en el pleno del Parlament, y los diputados del resto de los grupos parlamentarios no han podido valorar su contenido
En el Parlament, durante la sesión oficial, ni el president Carles Puigdemont ni la mayoría absoluta de Junts pel Sí y la CUP propusieron la votación de una declaración de independencia. Pero, una vez levantada la sesión, los diputados independentistas se reunieron en una sala anexa del Parlament y firmaron, uno por uno, un texto en el que, bajo el título de "Declaración de los representantes de Cataluña", se declara la secesión y el inicio del "proceso constituyente". El texto no ha sido votado ni debatido en el pleno del Parlament, y los diputados del resto de los grupos parlamentarios no han podido valorar su contenido.
Los 72 diputados –de un total de 135– independentistas del Parlament suscribieron el documento como "los legítimos representantes del pueblo de Cataluña", y en él, "en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía", declaran constituida "la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Tras firmar este escrito, los diputados de la CUP anunciaron que ofrecen a Puigdemont "un mes, más o menos" para negociar con el Estado, y explicaron que sus órganos tendrán que decidir si continúan o no en el Parlament.
El documento dispone "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica", que establece los pasos a seguir para iniciar "el proceso constituyente". "Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes", sostiene el texto firmado únicamente por los diputados independentistas del Parlament. Aunque, avisan, esa negociación "tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad", es decir, de estado a estado.
El texto también insta "a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso", y hace un llamamiento a su mediación en el "proceso negociador con el Estado español". "Manifestamos la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la UEy las del ordenamiento del Estado español y del [ordenamiento] autonómico catalán que transponen esta normativa", sostiene igualmente.
"Apelamos a los estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano", e "instamos al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica", establece igualmente el texto suscrito por los 72 parlamentarios independentistas.
En este sentido se pronunció el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que pidió a Puigdemont "acortar" los tiempos para proclamar efectivamente la independencia lo antes posible. Por su parte, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, sostuvo que los independentistas no pueden "entrar en un estadio de validación indefinida que supusiera malbaratar el resultado del 1-O". Sánchez aseguró que, en las últimas horas, Puigdemont ha recibido una "gran presión por parte de líderes políticos internacionales, que le han implorado la necesidad de abrir un diálogo para que el Estado no tenga ninguna excusa".
"Cataluña restaura su plena soberanía"
La parte dispositiva de la declaración viene precedida por un preámbulo dirigido "al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo". "La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y a la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la constitución de la República catalana", señala el texto, que asegura que "la nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia".
"Durante siglos, Cataluña se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como la máxima expresión de los derechos históricos de Cataluña", argumentan igualmente los firmantes, que aseguran que, con esta declaración, "Cataluña restaura su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la Península Ibérica".
En ese mismo preámbulo, los independentistas ofrecen un resumen de los agravios que, a su juicio, ha cometido el Estado español contra una "política catalana" que "ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática" y con "un profundo sentido de Estado". Entre ellos se cuentan la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010, así como "la denegación del reconocimiento de Cataluña como una nación", la concesión de "una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización", y "un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural".
"La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña, y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad", sostiene el texto, que "responde al impedimento por parte del Estado español de hacer efectivo el derecho de autodeterminación de los pueblos". "El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República", afirma igualmente la declaración, que señala que "el Estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana".
Los 72 diputados –de un total de 135– independentistas del Parlament suscribieron el documento como "los legítimos representantes del pueblo de Cataluña", y en él, "en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía", declaran constituida "la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Tras firmar este escrito, los diputados de la CUP anunciaron que ofrecen a Puigdemont "un mes, más o menos" para negociar con el Estado, y explicaron que sus órganos tendrán que decidir si continúan o no en el Parlament.
El documento dispone "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica", que establece los pasos a seguir para iniciar "el proceso constituyente". "Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes", sostiene el texto firmado únicamente por los diputados independentistas del Parlament. Aunque, avisan, esa negociación "tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad", es decir, de estado a estado.
El texto también insta "a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso", y hace un llamamiento a su mediación en el "proceso negociador con el Estado español". "Manifestamos la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la UEy las del ordenamiento del Estado español y del [ordenamiento] autonómico catalán que transponen esta normativa", sostiene igualmente.
"Apelamos a los estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano", e "instamos al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de Transitoriedad Jurídica", establece igualmente el texto suscrito por los 72 parlamentarios independentistas.
En este sentido se pronunció el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que pidió a Puigdemont "acortar" los tiempos para proclamar efectivamente la independencia lo antes posible. Por su parte, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, sostuvo que los independentistas no pueden "entrar en un estadio de validación indefinida que supusiera malbaratar el resultado del 1-O". Sánchez aseguró que, en las últimas horas, Puigdemont ha recibido una "gran presión por parte de líderes políticos internacionales, que le han implorado la necesidad de abrir un diálogo para que el Estado no tenga ninguna excusa".
"Cataluña restaura su plena soberanía"
La parte dispositiva de la declaración viene precedida por un preámbulo dirigido "al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo". "La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y a la tradición jurídica e institucional de Cataluña, son la base de la constitución de la República catalana", señala el texto, que asegura que "la nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia".
"Durante siglos, Cataluña se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como la máxima expresión de los derechos históricos de Cataluña", argumentan igualmente los firmantes, que aseguran que, con esta declaración, "Cataluña restaura su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la Península Ibérica".
En ese mismo preámbulo, los independentistas ofrecen un resumen de los agravios que, a su juicio, ha cometido el Estado español contra una "política catalana" que "ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática" y con "un profundo sentido de Estado". Entre ellos se cuentan la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010, así como "la denegación del reconocimiento de Cataluña como una nación", la concesión de "una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización", y "un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural".
"La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña, y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad", sostiene el texto, que "responde al impedimento por parte del Estado español de hacer efectivo el derecho de autodeterminación de los pueblos". "El pueblo de Cataluña es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República", afirma igualmente la declaración, que señala que "el Estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana".
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