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En el caso de la acusada, que no ha sido identificada, se le atribuye además “estado de ebriedad en la vía pública”.
El hombre, identificado como Nessie Ouadi, un franco-argelino de 33 años, disfrutaba de un fin de semana en Túnez junto a su pareja cuando la policía le interpeló mientras intercambiaban un beso en un vehículo.
“Los agentes comenzaron a gritar y a insultar al joven obligándole de forma violenta a bajar del coche, que acto seguido registraron a fondo, incluidos los equipajes que se encontraban en el maletero”, explicó el letrado.
Tras ser conducidos a la comisaría, una veintena de minutos más tarde, un policía les anunció que podían volver a sus casas pero el joven francés reclamó los nombres y número de placa de los agentes implicados advirtiéndoles de que comunicaría lo ocurrido a su embajada. Una advertencia que, según la abogado, causó que la situación degenerase.
Mrabet denunció, además, que los agentes cometieron numerosas irregularidades, como la negación de asistencia de un abogado o la de su derecho a una llamada telefónica.
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Hay quienes se preguntan si existe “la policía de la moral” en Túnez como es el caso de otros países como Arabia Saudí, donde se encargan de hacer cumplir las estrictas interpretaciones de la moral islámica. Parte del debate gira en torno al término “atentado a las buenas costumbres”, recogido de manera abstracta en el código penal tunecino, en la que fija una condena de seis meses de prisión y de hasta mil dinares (340 euros) de multa a “cualquiera que, deliberadamente, sea culpable de atentado publico contra el pudor” y a “cualquiera que atente públicamente contra las buenas costumbres o la moral pública a través del gesto o la palabra o que moleste intencionadamente a una tercera persona de una manera que pueda afectar al pudor”.
Una normativa difusa que la Policía tunecina utilizaba también en el pasado para esconder abusos y frenar las protestas.
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