Por lo visto, la UE busca nuevas técnicas que “faciliten interrogatorios policiales”.
Para ello, financia con 5,1 millones de euros un proyecto de investigación (que vergonzosamente encuadra bajo el epígrafe “I+D”) basado en los métodos de Israel, que colabora en el proyecto compartiendo las experiencias de su policía y con dos universidades. El proyecto se denomina Law Train (el tren de la ley) y se espera que ofrezca en 2018 los primeros resultados del estudio, en marcha desde 2015.
El proyecto ha suscitado desde entonces las críticas de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas la española APDHE. Estas recordaron en una carta remitida a las instituciones comunitarias que “el Comité contra la Tortuna de Naciones Unidas ha denunciado el uso de la tortura, del tratamiento cruel, inhumano y degradante así como prácticas ilegales llevadas a cabo por la policía israelí y los funcionarios de prisiones, en particular contra palestinos e inmigrantes” y que, con Law Train, la UE está ayudando a financiar el Ministerio de Seguridad Pública israelí, responsable de todo ello.
La presión de las organizaciones humanitarias consiguió que Portugal detuviera su aporte de fondos al proyecto, espoleado por los verdes y el Partido Comunista, que sostienen el Gobierno en minoría de Antonio Costa. Ahora la iniciativa se dirige al Gobierno español, al que el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán instó este lunes a abandonar Law Train, que considera “una licencia europea para la tortura israelí”.
Ana Sánchez, miembro de la campaña BDS (Boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí), explicó que “Israel tiene una relación con la tortura similar a la que tiene Estados Unidos: tienen una serie de técnicas de interrogatorio físico que se pueden describir como tortura”.
En declaraciones a la prensa, Urbán, portavoz de Podemos en la Eurocámara, explicó que este proyecto podría “reforzar prejuicios islamófobos y racistas” por crearse de forma conjunta con una policía como la israelí, que “aplica de manera estructural prácticas racistas”.
A día de hoy, tanto España como Bélgica reciben anualmente 334.500 euros, mientras que los participantes israelíes -la Universidad Bar Ilán, la empresa Compedia Sotftware & Hardware Development Ltd. y el Miniserio de Seguridad Pública- obtienen una financiación de 2,3 millones de euros desde la UE.
Como vemos, todo lo que hace referencia a represión contra los derechos de las personas, no tiene fronteras de ningún tipo.
En estos momentos, la corrupción, la criminalidad, la represión policial y la violación de la libertad de expresión se están expandiendo por los diferentes gobiernos del mundo como si fuera una infección epidémica.
Parece que los gobiernos esperen encontrar algún tipo de referente represivo o corrupto para poder replicarlo contra sus propios ciudadanos. Por ejemplo, España ha importado de Turquía, como si fueran un producto comercial, las técnicas de represión policial, social y política del Régimen de Erdogan contra los kurdos y los opositores, y las aplica a los catalanes independentistas y a cualquier posible opositor o activista que se atreva a denunciar el fascismo gubernamental.
Pronto veremos como la UE aprovecha el precedente español de corrupción y violación de los derechos civiles, para expandirlo a otros países de Europa.
En estos momentos, la inmensa mayoría de gobiernos del planeta están podridos por la corrupción más absoluta y que abarca todos los ámbitos de la gestión del poder.
El caso de Israel con Netanyahu al frente, resulta especialmente sangrante.
Netanyahu pertenece al Likud, un partido de derechas, sionista y nacionalista (que podríamos equiparar perfectamente al PP por su ultranacionalismo fascistoide). Desde que Netanyahu (uno de los personajes más nefastos del planeta) está en el gobierno, Israel está protagonizando una peligrosísima deriva autoritaria, enmedio de un lodazal de corrupción extrema sin precedentes.
Medios israelíes como Aurora, lo denuncian así…
Propuestas de polémicas leyes, ataques a la Corte Suprema de Justicia, la Policía, la Fiscalía y las ONG apuntan a una deriva antidemocrática del Gobierno encabezado por Biniamín Netanyahu, que empieza a ser criticado incluso desde los sectores de la derecha.
“No es que no haya democracia en Israel, pero vamos hacia un país cada vez menos comprometido con la democracia. En el proceso se han dañado libertades básicas, como la de expresión”, declaró la analista política Dahlia Scheindlin.
“Se está concentrando el poder y la fuerza en la rama ejecutiva, los ministros, el Gobierno, y se les resta independencia a las demás instituciones que pueden ser críticas con aquella”, afirma Scheindlin.
Hace tiempo que los pacifistas y la izquierda acusan al actual Gobierno del primer ministro (del partido Likud) de prácticas antidemocráticas.
¿Les suena de algo todo esto?
En muchísimos aspectos y a pesar de sus presuntas diferencias (por ejemplo en el apoyo al independentismo catalán), lo que está haciendo Netanyahu en Israel, se asemeja mucho a la deriva de corrupción extrema y autoritarismo que el PP está realizando en España, lo que parece apuntar a que todo ello forma parte de una tendencia internacional creciente, cuyo reflejo más evidente lo vemos en las cúpulas de la Unión Europea y en su apoyo a la represión fascista en España, así como en su tolerancia inexplicable al nivel de corrupción extremo del Régimen español.
De hecho, lo que ha sucedido con Netanyahu en las últimas horas, parece estar sacado de la política española actual.
EL PARLAMENTO ISRAELÍ APRUEBA UNA LEY PARA INDULTAR A NETANYAHU POR SUS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El parlamento israelí aprobó el lunes una legislación que prohíbe a la policía divulgar detalles de la corrupción del primer ministro, Benyamin Netanyahu.
El proyecto de ley, llamado “ley de recomendaciones”, impide que la policía haga una recomendación a la oficina del fiscal general sobre si se debe procesar a un sospechoso en casos en los que el acusado tenga un abogado estatal acompañante, que generalmente son casos de alto perfil, como el de Netanyahu.
La segunda parte de la legislación pide enjuiciar a quienes filtran detalles de las investigaciones a la prensa. Las personas que revelen información de las investigaciones podrían enfrentar hasta un año de cárcel.
Según medios israelíes, dicha ley parece estar dirigida al primer ministro, quien enfrenta una amplia serie de acusaciones de corrupción continuada.
El partido Likud, liderado por Netanyahu, dijo que planea adelantar el proyecto de ley para que se aplique a las investigaciones que están en curso contra el premier israelí.
Los diputados opositores argumentan que el proyecto de ley socava la autoridad de la policía cuando completa las investigaciones contra el primer ministro.
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