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sábado, 23 de mayo de 2015

Indígenas de Guanajuato amenazan al gobierno de México con una revolución armada si se siguen desconociendo sus derechos



Tras las reiteradas negativas de las autoridades del Instituto nacional Electoral (INE) de otorgar a la Gubernatura Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas (GNCPI) de poder presentar sus propios candidatos a puestos de elección popular, manifestaron que los más de 18 millones de indígenas del país, están dispuestos a impedir que se realicen las elecciones este 7 de junio.
Tras una reunión, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, Patricio Ballados, señaló que las únicas dos formas de poder participar en el proceso electoral es por postulación de un partido político o de manera independiente.
Sin embargo, el gobernador nacional de los pueblos y comunidades indígenas, Hipólito Arriaga Pote, indicó que el INE no ha realizado su trabajo y que existen todas las pruebas y caminos legales para que se les otorgue la oportunidad de presentar a sus candidatos.
“No están ejecutando la ley. A nosotros no nos interesan los partidos políticos, lo que queremos es que nos reciban nuestra documentación”, señaló.
Por  su parte, el jefe supremo de la tribu chichimeca en Guanajuato, Mauricio Mata Soria, fue más tajante al señalar que si se desconocía las comunidades indígenas, éstas desconocerían a los diputados, senadores y al presidente Peña Nieto”.
Tras señalar a Patricio Ballados de “gran jefe catrín”, manifestó que los más de 18 millones de indígenas están dispuestos a tomar las calles, dejar de pagar impuestos, dejar de pasar agua al DF.
“Estamos iniciando una revolución intelectual, pero si no nos hacen caso, nos vamos a una revolución armada, tenemos los recursos necesarios para no dejar que se hagan las elecciones”, agregó.
Pidió que ese mensaje se lo haga llegar al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Con información de Noticias Al Momento

lunes, 16 de febrero de 2015

16 GUERRILLAS MEXICANAS QUE CONTINÚAN ACTIVAS Y QUE TAL VEZ NO CONOCÍAS

1. Brigada de ajusticiamiento 2 de Diciembre, un grupo activo desde el 2006

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2. Brigada Popular Revolucionaria del Sur, un grupo que esta activo desde el 2007

3. Brigadas de Insurgencia Revolucionaria, grupo activo desde el 2007

BIRbandera4.  Comando Jaramillista de la Región Oriente, activo desde el 2004

5. Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, activo desde el 2004

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6. Comando Magonista de Liberación, activos desde el año 2006, originarios de Oaxaca

7. Comando Popular Clandestino, activo desde el año 2005, originarios de Hidalgo

8. Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”, originarios de Guerrero, activos desde el 2005.
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9. Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro, activos desde el 2003.
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10. Ejército Armado del Pueblo, activos desde el 2006
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11. Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional, activos desde 1995

12. Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, originarios de la zona sur del país, activos desde 1997
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13. Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero, activos desde 1997.
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14. Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, activos desde 1999.
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15. Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, activos desde el 2000.
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16. Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, activos desde 1999.
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jueves, 4 de diciembre de 2014

Ayotzinapa escuela con tradición de guerrilleros.


ayotzinapaAyer se conmemoró el aniversario luctuoso de Lucio Cabañas, acá comparto un documental y breve reflexión. Fue un maestro rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Cuando desaparecieron 43 alumnos de su ex normal, mucha gente también se dio cuenta de que existían.
Las décadas han pasado y la herida continua abierta por los crímenes de un Estado que siguen lastimando la organización colectiva, y por tanto a toda la sociedad.
Cuando se devalúa la vida al punto del asesinato de cualquier miembro del pueblo, como consecuencia nos lastima. Con este tipo de técnicas se pretende oprimir e intenta controlar a través del terror y nos aleja de la promesa de vivir bien, del pensamiento crítico, de construir formas de vida mejores, más justas.
Esto se ha intentado silenciar, pero entre más hablemos, compartamos, entre más reflexionemos, podremos ir venciendo la despolitización (la política no es solo de políticos sino de la ciudadanía) en que hemos vivido. Iremos reconociendo las huellas, que esto ha dejado en nuestras vidas (aunque no estemos conscientes de ello). La historia contemporánea va dejando marcas en nuestras vidas. Aceptar y reconocer puede ayudar a rectificar, a planear nuestra hoja de ruta y a reconocer nuestras historias. Esas que han sido suplidas por la apatía y el prejuicio. Cierta zona de confort que es ideología. Desde la apatía por la política o la simpatía por acción directa violenta; en épocas donde realmente no es necesaria la violencia, pero fácil, casi cómoda.

domingo, 16 de noviembre de 2014

MEXICO - La guerrilla ataca con explosivos a una tienda Soriana en Ecatepec

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ECATEPEC. Un grupo guerrillero bajo el nombre de ” Milicias Populares ¡Basta Ya!”se adjudico la explosión ocurrida el pasado martes en el supermercado Soriana, ubicado en la Avenida Central, en la colonia Valle de Aragón, en el municipio mexiquense de Ecatepec.
En un comunicado, los autores del atentado señalaron que “levantamos hoy nuestra voz realizando una acción político militar de carácter material y alcance limitado, con explosivos,contra Soriana en Valle de Aragón, Ecatepec, una empresa que de manera más evidente contribuyó al fraude electoral que impuso a la actual administración mafiosa y por tanto tienen responsabilidad en los crímenes que hoy comete el mal gobierno”.
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Asimismo, exigieron al gobierno federal presentar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y liberar a los detenidos durante las marchas que se han realizado en apoyo a las familias de los estudiantes desaparecidos.
La explosión también dañó locales comerciales y las instalaciones de un banco que se encuentran en la zona limítrofe con el municipio de Netzahualcóyotl, pero no se reportaron víctimas.
Aquí el comunicado íntegro:
A todo México:
El nuevo Pacto Contra la Impunidad que anunció el gobierno federal sería para carcajearse si no encubriera el crimen, la tragedia, la barbarie. El único fin de este reciclado Pacto por México entre cúpulas es mediatizar el descontento social y neutralizar el repudio internacional para mantener a salvo el saqueo de nuestros recursos naturales, la explotación de nuestra mano de obra y el pago de la deuda externa a la banca internacional. Su única meta es continuar esta guerra sucia cotidiana para evitar que el descontento popular se transforme en organización.
El esfuerzo oficial para mediatizar a la naciente insurgencia popular, antes de que se organice y fortalezca, incluye incrementar la militarización especialmente en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y otros donde lo que menos les interesa es restablecer el Estado de Derecho porque si así fuera ya hubieran desmantelado a los cárteles mafiosos que hoy son los que mandan en todo el país y muy especialmente en las entidades con mayor presencia del ejército y marina.
¿Les vamos a creer que van a combatir la corrupción y el crimen organizado? ¡Tendrían que suicidarse desde Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam,Manlio Fabio Beltrones, los altos mandos del Ejército, Marina, PFP, gobernadores, magistrados de la tremenda corte, jueces, senadores, diputados y las dirigencias de todos los partidos políticos!
En el aspecto social con programas como la Cruzada Contra el Hambre, Prospera y otras secuelas del Pronasol salinista invierten millones de pesos sin atacar las causas de la miseria sino, al contrario, buscan acostumbrar a las familias que reciben esas limosnas a sobrevivir en la misma pobreza y a volverse dependientes del subsidio oficial a cambio de su voto.
La propuesta desde el poder de crear una comisión de la verdad es otro elemento de la maniobra que pretende desviar la atención pública sobre la responsabilidad del ejército y policía federal. Quieren ocultar que fue un crimen de Estado primero porque participaron fuerzas federales y segundo porque el estado, para sostenerse en el poder formó, desarrolló y sostiene al actual crimen organizado. La única diferencia es que antes estaba más concentrado el poder en tres a cuatro cárteles y actualmente hay muchas subdivisiones porque las ganancias son enormes e imprescindibles para la economía que se basa en el despojo y la rapiña contra el pueblo. El esfuerzo gubernamental se enfoca en volver a cohesionar el mando. Es una delincuencia organizada institucionalizada indispensable para mantener el modo de vida de una élite económica y política.
Una contrapropuesta podría ser formar una Comisión Ciudadana de la Verdad, compuesta por representantes de los familiares, la normal rural, de los pueblos y organizaciones independientes.
Es previsible que el Estado, en su necesidad de recomponerse para que todo siga igual, intentará centralizar aún más el poder en el Ejecutivo, sostenido por las fuerzas armadas (por eso es importante que no trascienda que hacen ejecuciones extrajudiciales, torturan, secuestran, asesinan y se encubren). Para darle visos de legalidad se apoyarán en el poder judicial y en los medios de comunicación tan mercenarios como los Guerreros Unidos, Zetas o cualquier otra banda delincuencial. Buscan acotar al poder legislativo porque aún el más pequeño soplo democrático les estorba para la tremenda rapiña que ya hacen pero que piensan incrementar en la búsqueda irracional que coloca la ganancia por encima de todo. Un indicio es la propuesta priísta, secundada ampliamente por Televisa y TV Azteca, para limitar el número de diputados plurinominales, ya que, sin negar que el Congreso es un nido de ratas, también es cierto que se han levantado voces minoritarias contra las reformas “estructurales”. En los hechos cada día van reduciendo los ya de por sí escasos espacios para la vida democrática.
Peña Nieto, el represor de Atenco, y Osorio Chong, quien cerró la Normal Rural de El Mexe, cuando fue gobernador de Hidalgo son las actuales cabezas visibles del Estado mafioso que requiere el sistema neoliberal para mantener una economía que, agotados los límites éticos, se sostiene en el crimen organizado para enriquecer más a una élite y sostener a las parasitarias fuerzas armadas, paramilitares y burocracia. En este momento, de control de daños, cierran filas en el esfuerzo para prolongar el engaño y esconder lo que realmente pasó en Iguala. Hay una maniobra oficial, que incluye un montaje mediático estilo “Caja China” para ocultar la participación de las fuerzas federales, ejército y policía en la masacre, tortura y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y en la que buscan convertir al verdadero autor intelectual en el bueno de la película.
El héroe mediático es el gobierno federal, justiciero, vengador de agravios, que castigará a los culpables y restablecerá el “Estado de derecho” y regresará todo a la “normalidad” como si no existieran además entre 60 y cien mil desaparecidos en los últimos ocho años, como si no existiera esta guerra secreta, silenciosa y bárbara del Estado mafioso contra el pueblo.
Utilizaron el terror para desalentar la inconformidad social ante la embestida privatizadora que viene pero el tiro les salió por la culata porque en lugar del miedo paralizante que esperaban encontraron la indignación no sólo del pueblo mexicano sino de hermanos de varias partes del mundo.
¿Qué seguiría si no reaccionamos cuando disparan contra jóvenes desarmados, matan ahí mismo a tres y hieren a varios, uno de ellos con muerte cerebral y otro con el rostro destrozado, a uno más le quitan la piel de la cara, vacían los ojos y luego asesinan a golpes y secuestran a 43 para luego decir, tan tranquilos que es imposible identificar sus restos?
Hay testimonios de los sobrevivientes, testigos y familiares sobre lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala: los que dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa fueron policías federales, policías de Iguala, sicarios y militares encubiertos.
El Ejército participó en el cerco y hostigamiento contra los estudiantes como se muestra en el hecho de que impidieron que uno de los heridos recibiera atención médica en el hospital e incluso lo golpearon junto a sus acompañantes.
Las filtraciones informativas sobre la participación del ejército y la PFP apenas trascendieron ante la avasallante embestida mediática, principalmente de los noticieros televisivos que uniformemente nos presentan la versión oficial de que los autores intelectuales de la masacre y secuestro son “la pareja imperial” y los autores materiales fueron sicarios de los Guerreros Unidos.
Obviamente callan que los antecedentes criminales de los Abarca y los Pineda ya eran conocidos por el procurador Murillo Karam y por el secretario de gobernación Osorio Chong, incluso había un informe del Cisen que reportaba sus vínculos con la delincuencia organizada. No dicen que el gobierno federal les dio impunidad mientras le fueran útiles para el control del movimiento popular y el asesinato de luchadores sociales. El Estado mafioso mexicano ubica muy bien que su enemigo es el pueblo inconforme mientras que el crimen organizado es una parte fundamental, junto con otros poderes fácticos como las televisoras, para mantenerse en el poder.
Las élites económica y política mantienen un Estado delincuente-organizado que utiliza el terror para sostenerse en el poder y continuar enriqueciéndose cada vez más a costa de sacrificar al resto de los mexicanos ya que con los millones de dólares que ellos tienen en sus cuentas se podría garantizar el derecho a la vivienda, salud y educación de millones de mexicanos marginados.
Dentro de la criminalización de la protesta social, el combate al narcotráfico sirve de máscara para el exterminio de las voces disidentes. Encubre la persecución contra las comunidades que se organizan para defenderse del saqueo de sus tierras, bosques y aguas, contra periodistas, líderes agrarios, sindicales y defensores de derechos humanos. Esa es la normalidad que el mal gobierno insiste en reestablecer.
El Estado delincuencial está en el poder gracias al financiamiento con dinero de la mafia a cambio de permitir y facilitar las empresas criminales. Por ejemplo, la obra pública se concesiona a empresas narco lavadoras, la extracción minera se deja en manos de compañías mafiosas que se apoyan en los sicarios para despojar a los pueblos, como sucede en Aquila, Michoacán y en la mina de oro de Carrizalillo, Guerrero donde las empresas mineras pagan a los matones para impedir que los pueblos reclamen ante el despojo de sus tierras y destrozo del ecosistema. Son una nueva versión de las guardias blancas porfiristas o de las que, al servicio de las trasnacionales, asolaron las regiones petroleras de Veracruz y Tamaulipas antes de la expropiación cardenista. En Zacatecas y Coahuila la minería es un rubro más de ingresos para el crimen organizado.
Toda la trama legal, las reformas energética, de obra pública, de telecomunicaciones y las instituciones creadas para ejecutar y encubrir los crímenes de lesa humanidad que cometen para consumar la apropiación de las riquezas nacionales, en fin, todo el Estado está diseñado para permitir el desarrollo de las empresas privadas nacionales y trasnacionales que se enriquecen con negocios criminales.
Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el presupuesto. Para los primeros cuatro meses de 2014 el gasto del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) fue de 16 mil 532 millones de pesos, 16 veces más de lo invertido durante todo el primer año de la administración peñanietista. En cambio la UNAM, durante el año 2014 sólo recibirá ocho mil 352 millones de pesos, a diferencia de los nueve mil 236 millones de pesos que recibió en 2013. Es decir la policía política recibe el doble de recursos que la máxima casa de estudios del país.
La embestida contra la normal rural de Ayotzinapa es una acción contrainsurgente de guerra sucia para desalentar a la oposición combativa, la que no se limita a consultas en el 2015, a la aplicación a las reformas dizque estructurales, principalmente la energética y educativa.Fue un crimen anunciado porque las formas represivas encubiertas en una supuesta guerra contra el narcotráfico hanido escalando en impunidad. Los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas y la brutalidad asoman dondequiera por más esfuerzos que hagan para ocultar la verdadera cara y el nivel de descomposición del sistema: el ejército, convertido en juez y verdugo ejecuta a opositores políticos como medida preventiva y, con el terror, busca desanimar la ola de protestas y las diferentes formas de organización popular que ya ven venir cuando arrecien los desalojos para entregar las tierras a las empresas mineras y petroleras, de acuerdo a la reforma energética.
El crimen de Iguala es el eco de la impunidad en Aguas Blancas, Acteal, El Charco. Es el reflejo del encubrimiento en Pasta de Conchos, la guardería ABC y los feminicidios en todo el país, muy especialmente en Estado de México, Chihuahua y Morelos donde hay pruebas contundentes de que los ejecutores son comandos paramilitares, sicópatas armados y protegidos desde y para el poder.
El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa se previó con los asesinatos y encarcelamientos de quienes se han atrevido a levantar la voz: periodistas, autodefensas, policías comunitarios, luchadores contra la contaminación y despojo de las tierras y aguas pertenecientes a los pueblos y no a las empresas ladronas.
El secretario de la defensa nacional, el de gobernación, el procurador y Enrique Peña Nieto siempre han sabido qué pasó con los 43 secuestrados y ocultan la verdad para encubrir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que comenten el Ejército y la Marina y así protegerse ellos mismos para ocultar esta guerra silenciosa contra el pueblo mexicano y muy especialmente contra los jóvenes críticos.
Ya hubo el caso de la indígena Ernestina Ascencio, en Zongolica, violada y asesinada por militares cuyos familiares callaron sus reclamos a cambio de una casa nueva. La versión oficial calderonista fue que murió de gastritis. La reputación del ejército quedó sin tacha. Por eso ahora ofrecieron cien mil pesos a los familiares de los normalistas desaparecidos. Los gobernantes corruptos, acostumbrados a comerciar con todo creen que todos son de su condición. Toparon con la dignidad de los padres y familiares.
En Guerrero Rogelio Ortega es el encargado de poner la alfombra roja para que Peña Nieto, Rosario Robles, Osorio Chong, el Ejército y la Marina pasen a convencer a las empresas trasnacionales y nacionales de que la patria sigue en venta y sus ganancias a salvo.
El Horror Crece con el Silencio.
Hay cifras inmensas que no alcanzan para abarcar todo el horror que vivimos los mexicanos: entre 60 y cien mil desapariciones forzadas en los últimos ocho años. Por lo menos dos terceras partes fueron detenidos por algún tipo de policía, el ejército o la marina; El resto, por sicarios ¿Dónde están? ¿En qué lugar los esclavizan? ¿En qué fosa los aventaron? ¿Podemos creer la excusa oficial de que esas víctimas eran delincuentes cuando las regiones más militarizadas o tomadas por la policía federal son precisamente donde los narcos se mueven con mayor impunidad tanto para el tráfico de drogas como para la venta de protección, cobro de piso y secuestros? Además de que con la llegada del Ejército, Marina o PFP aumentan las violaciones, los feminicidios, la explotación sexual y la instalación de antros con dinero sucio.
Hay también muertes en vida como la de más de siete millones y medio de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan ya que cada vez es más difícil acceder a la educación pública y encontrar empleo con salario digno. Algunas cifras: El 90 por ciento de los aspirantes a ingresar a la UNAM este año fueron rechazados. De 35 normales rurales hoy quedan 16. La educación pública laica, gratuita y obligatoria está siendo desmantelada para favorecer la privatización educativa. Las escuelas oficiales se enfocan cada vez más a formar la mano de obra calificada pero mal pagada que necesitan las trasnacionales y hasta esa educación técnica y acrítica es inaccesible para millones de niños y jóvenes que esta sociedad desecha y que sobreviven en la calle sometidos a explotación sexual y laboral, emigran o se enrolan en la delincuencia.
Este sistema asesina hasta la tierra. La apertura a las mineras y petroleras trasnacionales; las modificaciones al artículo 27 que obligan a los campesinos a entregar ‘temporalmente’sus tierras a las compañías que se las devolverán sin capa vegetal, contaminadas con arsénico, cianuro y otras sustancias venenosas que utiliza la minería a cielo abierto.
El derecho al agua es el derecho a la vida. En estos tiempos en que todo tiene precio, los ricos se están apoderando de los manantiales, mantos freáticos, ríos y arroyos. Ellos contaminan, ellos desertifican y al escasear el agua potable, sube su precio, por tanto expulsan, encarcelan y asesinan a los habitantes de las comunidades para apropiarse de las aguas. La embestida contra el pueblo yaqui para robarle el agua es un ejemplo de lo que viene a nivel nacional ¿Llegará el día en que vendan el aire embotellado?
El horror cotidiano ya no está únicamente en Guerrero con Ayotzinapa; Estado de México con Tlatlaya; Michoacán con el desmantelamiento de las autodefensas y protección al narco; Morelos con la represión contra Huexca y Tetlama y la continuidad, en los hechos, del Plan Puebla-Panamá; Puebla donde también asesinan manifestantes y privatizan las zonas arqueológicas; Sonora donde se reprime a los yaquis para robarles el agua; Veracruz que mata o compra periodistas; Tamaulipas, tumba de migrantes y donde los paramilitares asesinan impunemente; Nuevo León, territorio de casineros y donde el ejército y la marina asesinan extrajudicialmente casi a diario; Tlaxcala, donde el secuestro para explotación sexual es parte de la vida diaria; Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Durango, estados expulsores de poblaciones enteras que huyen; Oaxaca, en la miseria.
Es el narco el encargado de aterrorizar a los pobladores para que abandonen sus terrenos de los que inmediatamente se apropian las trasnacionales. Se reducen cada vez más los apoyos a los pequeños agricultores para que emigren. El gobierno prefiere importar hasta maíz y frijol transgénicos. Se expropian tierras para entregarlas a las empresas constructoras propiedad de los narcos que financiaron la campaña de Peña Nieto. Los luchadores sociales se vuelven presos políticos o aumentan las estadísticas de asesinatos impunes. Los periodistas honestos sufren amenazas, despidos, persecuciones o de plano son asesinados. Y esto es sólo una parte de la pesadilla que hoy vivimos.
El Ejército, la Marina, la PFP y migración torturan, secuestran, asesinan sin juicio previo, cobran rescate, venden protección y violan en la impunidad. Los sucesivos secretarios de la Defensa Nacional, incluyendo al actual, son narcos. Uno de los ejemplos más evidentes han sido el secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo, general de división diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, cuyo hermano el coronel Pedro Cervantes Aguirre fue investigado, seguido satelitalmente por la CIA y detenido fugazmente por proteger a los Arellano Félix. Fox lo ascendió después a general brigadier. Los militares de inteligencia que descubrieron la información confidencial de los vínculos de la familia de Zedillo y los Cervantes Aguirre con el narco fueron encarcelados en el Campo Militar Número Uno, acusados de traición. Todo esto trascendió por las pugnas entre Salinas, vinculado al cártel del Golfo y al de Juárez mientras Zedillo estaba con los Amezcua de Colima y los Arellano Félix. Los magistrados de la Suprema Corte se venden, condenan a inocentes y absuelven criminales y muchos jueces son parte de la estructura de la delincuencia organizada.
¿Caso Cerrado?
Hoy pretenden cerrar el caso Ayotzinapa afirmando, sin pruebas, que no es posible identificar los restos porque los sicarios los convirtieron en cenizas que arrojaron al agua y por tanto no quedó ADN para verificar las identidades. Esta afirmación busca no solamente el asesinato físico sino la muerte de la esperanza.
¿Podemos creerles que castigarán a los verdaderos culpables y que combatirán su propia corrupción?
¿Podemos creerles a los que han convertido a nuestro país en un infierno?
¿Podemos creerles que ya no seguirán los asesinatos y desapariciones forzadas?
¿Quién les cree que van a luchar contra la corrupción a los que pagaron su campaña con dinero triangulado desde el narco hasta las tarjetas Monex y Soriana?
¿Podrán las campañas propagandísticas a través de los medios vendidos y la limosna de Oportunidades-Prospera mantener en el engaño y el conformismo a una parte de nuestro pueblo?
¿Quién le cree al Estado mafioso?
La Noche No Es Eterna
Soñamos con un país que priorice la industria nacional por encima de las importaciones; que favorezca la agricultura, que retome la siembra comunal, que financie a los pequeños productores, que favorezca el cultivo de alimentos básicos para el consumo nacional.
Soñamos con la recuperación de nuestras tierras, aguas, selvas y bosques para explotarlos de manera sustentable y no depredadora. No a la instalación de mineras y petroleras trasnacionales. Que los recursos naturales y energéticos del país sirvan para construir otro México.
Defendamos nuestras tierras y aguas. Defendamos nuestras culturas originales. Hagamos valer nuestro derecho a una educación pública de calidad e integral. Peleemos nuestros derechos laborales. Exijamos que los presupuestos municipales y estatales se inviertan en escuelas, hospitales, creación de empleos y servicios. Luchemos por una mayor participación en las decisiones políticas de nuestro pueblo o municipio. Cambiemos esta realidad de terror por una donde las mayorías podamos vivir en base al trabajo digno y honrado, el sueño de José María Morelos por el que nuestros tatarabuelos pelearon.
Hagamos Posible el Amanecer.
Nos cansamos de la violencia estructural que en los últimos años ha producido la pobreza de más del 50 % de la población, 20 mexicanos que están entre los más ricos del mundo y más de 100 mil muertos en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Los que se benefician de esta violencia no nos devolverán la patria ni reconocerán nuestros derechos voluntariamente, tenemos que arrancárselo.
Ante un Estado que se sostiene en la represión, el crimen y el terror cotidiano la respuesta con la violencia organizada de los de abajo no solo es legítima sino necesaria. La violencia de los de abajo es un medio del cual debemos valernos cuando sea necesario, no caer en la trampa de censurar por lo que parece y dejar de lado lo que significa.
Hoy, desde los centros del poder satanizan la movilización y la combatividad de los de abajo. Quieren negarnos el derecho a defendernos, a responder, condenando nuestras acciones, justificando y escondiendo la violencia que ejercen desde arriba.
En estos momentos, junto a la intención de generalizar la represión sigue la represión silenciosa y selectiva y tras el discurso de respeto al estado de derecho se esconde la amenaza de incrementarla, es la misma mano abierta que ofreció Díaz Ordaz en el 68.
Además, están los infiltrados, existen y han existido, algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”, buscan anular nuestra efectividad política, tenemos que desarrollar la capacidad de detectarlos y desecharlos. La lucha también es de inteligencias. Por eso es válido enmascarar el rostro, usar técnicas conspirativas. No hay que ser ingenuos, de buenas intenciones se sigue empedrando el camino hacia el infierno.
Las formas y niveles en que el pueblo puede ejercer su violencia respuesta, son múltiples y variadas. Retomemos de nuestra historia y la de otros pueblos, experiencias de cómo se combinan y complementan las diferentes formas de lucha siempre y cuando sean desde y con los de abajo. Si algo nos enseñó la revolución de 1910-17 es que únicamente el pueblo organizado y armado puede evitar que los ricos usurpen el poder.
Necesitamos formar organizaciones completamente independientes del gobierno, de los partidos y de los organismos vendidos que todo lo negocian. Construyamos en cada colonia, en cada pueblo, en cada barrio la organización y la autodefensa popular para, en la lucha por hacer valer nuestros derechos vayamos levantando, desde abajo, el poder popular e identificando al enemigo y reconociendo a los amigos.
Que nuestro dolor y rabia nos impulsen hacia la solidaridad, el colectivismo, la construcción de nosotros mismos como luchadores honestos. Levantemos nuestras voces y nuestros esfuerzos, profundicemos esta labor hormiga de formarnos como mujeres y hombres nuevos mientras vamos construyendo el poder popular desde abajo y donde el mandar obedeciendo se nos vuelva costumbre.
Este es el momento de enfrentar la militarización de la vida nacional con la movilización combativa y protesta popular nacional e internacional. Es el tiempo del trabajo silencioso de fortalecernos como organizaciones populares pero también es imposible guardar silencio ante tanto dolor.
Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado.
¡Fuera Peña! Sí, pero más importante aún es construir las fuerzas populares. Aportemos cada quien nuestro granito de arena.
Por eso, las Milicias Populares ¡Basta Ya! levantamos hoy nuestra voz realizando una acción político militar de carácter material y alcance limitado, con explosivos, contra Soriana en Valle de Aragón, Ecatepec, una empresa que de manera más evidente contribuyó al fraude electoral que impuso a la actual administración mafiosa y por tanto tienen responsabilidad en los crímenes que hoy comete el mal gobierno.
Llamamos a esta acción: ¡26 DE SEPTIEMBRE, VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! Es una acción limitada porque sabemos que es tiempo de construir y construirnos en silencio. Pero también es momento de que el dolor y la rabia se conviertan en grito de lucha.
Exigimos:
¡La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos!
¡Deslinde de responsabilidades de los distintos niveles gubernamentales en los hechos de Iguala!
¡Castigo a los responsables!
¡Libertad a todos los detenidos durante las movilizaciones!
¡Libertad a todos los presos políticos del país!
¡Advertimos! De generalizarse la represión todas las empresas que hicieron posible el fraude electoral de Peña Nieto, las que saquean los recursos de nuestro pueblo y las que piden urgentemente la represión, pasarán a ser objetivos militares.
La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer.
Milicias Populares ¡Basta Ya!
12 de Noviembre 2014

sábado, 8 de noviembre de 2014

MEXICO - “Ahí estaremos si resurge la lucha armada”: ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre

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Estamos más cerca que nunca de una nueva lucha armada, advierte

“Ahí estaremos si resurge la lucha armada”, dijo el autor del libro La fuga de Oblatos, una historia de la LC-23S, Antonio Orozco Michel, ex guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, originario de Guadalajara, Jalisco, luego de afirmar que las condiciones sociales y económicas actuales son aún más lacerantes que las existentes en el país de hace 35 años cuando surgieron los movimientos guerrilleros más fuertes de México.
La sala de Cabildos del palacio municipal de Acapulco fue el punto donde confluyeron viejos camaradas, entre ex guerrilleros del Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), actualmente convertida en la corriente Cívica dentro del PRD, entre ellos, Demóstenes Lozano Valdovinos, actual coordinador de Fomento Económico del gobierno felixista; José Bracho, ex exiliado cubano, originario de El Bejuco, Coyuca de Benítez, combatiente cercano al líder de esta expresión guerrillera Genaro Vázquez Rojas. Otros más como Patricio Abarca, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Nicomedes Fuentes García, Abelardo Cabañas, entre otros.
Lozano dijo que la LC23S al igual que la ACNR y el Partido de Los Pobres fueron organizaciones importantes que jugaron un papel importante el lucha guerrillera del país y remarcó la importancia de que se escriban textos de los episodios de esa lucha para el conocimiento de las nuevas generaciones, una vez que el neoliberalismo pretende que el pueblo de México olvide su pasado.
En Chilpancingo, advirtió que “hoy estamos más cerca que nunca de un baño de sangre generalizado, con la llegada de la derecha al poder”.
Orozco Michel también recordó su estancia en Guerrero como trabajador del taller editorial de la UAG y participante de la lucha que dieron los choferes de la desaparecida línea de autobuses Flecha Roja, así como del paro cívico de 1983. A la par consideró que las luchas de la ACNR con Genaro Vázquez y del partido de Los Pobres, Lucio Cabañas, fueron motivadores para la lucha de las organizaciones armadas.
lajornadaguerrero

lunes, 3 de noviembre de 2014

México: Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan

diario
PROCESO.COM.MX – (Apro).- La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al Gobierno Federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz —como no lo había hecho en las últimas dos décadas— para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En el curso del mes pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.
Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno Federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.
Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivación de los grupos guerrilleros debería tener “más que alarmadas” a las estructuras de seguridad del gobierno de Peña Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulación y aumenta la simpatía social hacia la vía armada. “Hasta hace poco era una variable de acción social que estaba dormida y ahora ha despertado”.
A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace años perteneció al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que sólo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: “El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situación de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vías pacíficas y políticas para transformar el país. La inacción del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la única vía para transformar el país es la lucha armada”.
COMPLICIDAD MILITAR
Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un “crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar”.
Un día antes de la reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa —ocurrida el 29 de octubre—, la dirigencia del EPR acusó al Ejército de la desaparición de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanías del cuartel del 27 Batallón de Infantería, en el municipio de Iguala.
En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policiaco-militares-paramilitares”.
Y apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.
En un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición forzada”.
ROMPE EL SILENCIO
Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de Septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía. Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.
Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción del “narcoestado”.
Las Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policías y sicarios.
“Estamos ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y políticas del sistema explotador”, señala este grupo en su segundo comunicado, fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.
El ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.
LA REACTIVACIÓN
Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Estas organizaciones —calificadas de “subversivas” por el Gobierno Federal— no se habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y Oaxaca.
“Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las condiciones para la reactivación de estos grupos que estaban sin manifestarse con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado desde hace dos décadas”, señala Erubiel Tirado.
“Las estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía social”.
Un documento interno del Gobierno Federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos.
Y advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las acciones en toda la entidad”.
Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.
‘SUBVERSIVOS’
También se cita a Víctor Flores Flores, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, “quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad”; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), “a quien relacionan con el EPR”, y finalmente a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, “vinculado durante mucho tiempo con el ERPI”.
El informe de inteligencia gubernamental enlista también a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indígenas que se constituyó a raíz del caso de la normal de Ayotzinapa; señala que varios de ellos están integrados a movimientos “subversivos”.
De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR presuntamente tienen ligas con el EPR.
Según información del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro de la Comisión Política del FIR, acusó a las autoridades de predisponer a la ciudadanía contra las organizaciones sociales. “No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional”, agregó.
El pasado 24 de octubre la ANP —en una reunión a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa— aprobó las medidas que tanto temía el Gobierno Federal: Ocupación de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del próximo año.
Además convocará a un paro nacional, a la realización de tomas de carreteras en Guerrero, del Banco de México y de embajadas en el Distrito Federal, y hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.