El fiscal pidió cadena perpetua para dos de los jóvenes acusados por una serie de bombas puestas en la capital. Mientras han estado en prisión, las bombas han seguido estallando en la ciudad.
El Ciudadano
El fiscal Alejandro Peña pidió cadena perpetua para dos de los jóvenes acusados por una serie de bombas puestas en la capital. Para los otros imputados pidió penas de entre 540 días a 20 años. Mientras los jóvenes han estado en prisión las bombas han seguido estallando en la ciudad.Peña intenta por todos medios de probar que los 15 jóvenes participaron en la colocación de más de 200 bombas que desde el año 2006 han estallado en Santiago. Incluso serían responsables de bombas que estallaron mientras estaban en prisión.
Los jóvenes, de ideas anarquistas, están acusados de asociación ilícita terrorista y de colocación de bombas en la capital.
El diagrama que presenta Peña califica como líderes de esta asociación ilícita a Pablo Morales y Rodolfo Retamales. Para ellos el fiscal pide una pena de presidio perpetuo simple, o sea, en caso de ser considerados culpables arriesgan un mínimo de 20 años de cárcel antes de optar a cualquier beneficio penitenciario.
Para los otros 13 imputados, la Fiscalía pide sentencias de entre los 540 días y hasta los 20 años de prisión.
Verónica Garín, familiar de uno de los imputados, comentó que esta mañana aún los abogados defensores habían sido notificados de la presentación de pruebas. “Esto es un montaje con ribetes políticos por sobre los jurídicos. Algunos de ellos tienen un pasado lautarino y por eso se los condena. Tengo las sospechas de que las penas tan altas las puedan usar de canje para los condenados por violaciones a los derechos humanos”
Garín agrega que “no teneos idea de las pruebas que tienen, ya que según el expediente que conocemos no hay pruebas reales que los inculpen”.
El 13 de febrero concluía el plazo de investigación y Peña pidió en marzo una reformalización de cargos, lo que ha dilatado el inicio del juicio oral y ha mantenido a los jóvenes en prisión. Pero el 25 de marzo el Octavo Juzgado de Garantía ordenó ayer el cierre del proceso luego de cinco años de indagatorias y que mantiene a estos 15 jóvenes desde hace seis meses presos, sin aún presentar las pruebas que los incriminen.
A juicio de los abogados defensores, el fiscal Peña no tiene ninguna prueba concluyente, pese a que han hecho pericias de tipo informático, escuchas telefónicas, estudios psicosociales, levantamiento del secreto bancario sobre una cuenta y pedidos a administradores de correos electrónicos para que entreguen información de las personas procesadas.
Algunas pericias sobre colocaciones datan del segundo semestre del 2010, tiempo en el que los acusados y acusadas estaban en prisión. De los 15 detenidos, 11 se encuentran en prisión preventiva y los otros 4 permanecen en libertad con medidas cautelares.
En el juicio oral Peña amenazó con presentar 794 testigos, 221 peritos y 6744 evidencias materiales, documentos e informes periciales.
Los imputados mantuvieron una huelga de hambre que duró más de un mes en protesta por el tiempo transcurrido sin tener un juicio oral.
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