Jueces enfurecidos en Londres

Por Iñigo Sáenz de Ugarte
Guerra Eterna

Jordan Blackshaw, de 20 años, y Perry Sutcliffe-Kennan, de 22.

¿Justicia o venganza? Las duras sentencias que están imponiendo los tribunales a los responsables de asaltos y saqueos han originado un debate en el Reino Unido al que se ha unido David Cameron, convencido de que ha llegado el tiempo de la tolerancia cero.

Jordan Blackshaw, de 20 años, y Perry Sutcliffe-Kennan, de 22, han sido condenados a cuatro años de prisión por alentar unos disturbios que nunca existieron. En sus páginas de Facebook, animaron a salir a la calle y unirse a la violencia en Warrington, una ciudad de 80.000 habitantes al este de Liverpool. Sutcliffe-Kennan montó una página web llamada “The Warrington Riots”, pero la borró al día siguiente después de despertarse con una buena resaca. Pidió disculpas y dijo que se trataba de una broma.

En realidad, nada ocurrió en Warrington, pero sus mensajes fueron suficientes para que un juez les condenara a una pena similar a la de asalto a mano armada sin daños graves para la víctima. El magistrado les comunicó que eran culpables de incitar a la violencia “en un momento en que la locura colectiva se había apoderado de la nación”.

Abogados y grupos de derechos humanos han descrito la condena como absolutamente desproporcionada. Afirman que si los acusados no tienen antecedentes, lo que es el caso, deberían haber sido condenados a la misma pena que hubieran sufrido un día antes de los disturbios.

El abogado penalista Paul Mendelle dijo a la BBC que los jueces se arriesgan a caer en “un estado de histeria colectiva” al intentar complacer los deseos de una opinión pública alarmada por las dimensiones de los saqueos de agosto.

Los que recuerdan decisiones judiciales en España argumentadas con el concepto de “alarma social” no pueden sorprenderse. Entramos ahí en un escenario completamente subjetivo por el que el juez ya no castiga el delito o falta en concreto, sino además unos acontecimientos que es obvio que han causado la máxima alarma. Cada condenado paga por lo que ha hecho y por lo que han hecho los demás.

El concepto de justicia ciega ha quedado aparentemente anticuado.

Sólo así se puede entender que alguien sea condenado a seis meses de prisión por robar unas botellas de agua por valor de 3,5 libras.

La tolerancia cero puede tener efectos contraproducentes pero eso ahora no importa. Cierto estado de histeria sólo se atiene ya al número de condenas. Y cuanto más altas, mejor.

Los conservadores no pueden estar más satisfechos con el veredicto. Cuando le preguntaron por el caso de Warrington, David Cameron dijo que los tribunales “han decidido enviar un mensaje muy claro (a los autores de los disturbios) y creo que lo están haciendo bien”. Otros diputados tories se unieron a las palabras del primer ministro. La mayoría utilizó la misma expresión (”enviar un mensaje”), lo que confirma que la dureza de las sentencias no tiene tanto que ver con los delitos cometidos, sino con la necesidad de imponer un castigo draconiano que haga más difícil la repetición de los disturbios.

Los conservadores han pedido, no ordenado, a los jueces que se olviden de las directrices habituales a la hora de dictar sentencias. Quieren que las condenas supongan el ingreso en prisión, y no penas sustitutorias.

La cifra de detenidos es ya de 1.733. Los que han sido acusados formalmente son 1.005.