ORIOL SABATA / TERCERA INFORMACION – Los inquilinos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no llegan allí por haber cometido ningún delito, simplemente son sinpapeles que han entrado de forma irregular en España, pero reciben el trato que se otorga a los delincuentes: duermen en celdas y no pueden irse por decisión propia
El viernes 13 de enero, de 21 años, de Guinea Conakry, murió de un infarto en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según algunas versiones, no fue atendido a tiempo. La muerte, dice la autopsia, fue por causas naturales. Las peticiones de que el centro sea clausurado arreciaron.
Hay nueve CIE en España, que suman más de 2.500 plazas, y son gestionados por la Comisaría General de Extranjería, dependiente del Ministerio de Interior. Estar en situación irregular en España no es ningún delito, sino una falta administrativa penada con una multa de 500 euros. Sin embargo, a muchas de estas personas se les envía a un CIE por un periodo de hasta 60 días, donde aguardan a que se complete el proceso legal que les devolverá a su país.
El problema, según las entidades sociales, es que apenas se sabe lo que sucede dentro de estos centros. Abundan las denuncias de maltrato. Hace dos meses, algunas entidades como SOS Racisme visitaron por primera vez en la historia el centro de la Zona Franca de Barcelona. Esta y otras organizaciones, e incluso el Col·legi d’Advocats de Barcelona, afirman que los CIE son peores que una cárcel, porque allí no existen las garantías que hay en prisión. En ellos convive gente que no ha delinquido con gente que sí lo ha hecho, un motivo añadido de inquietud para muchos.
Es habitual oír referirse a los CIE como «un limbo legal». Incluso el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lleva años intentando sin éxito entrar en el de Barcelona. El Sindicato Unificado de la Policía asegura que los CIE son «una zona oscura en el Estado de derecho», y que deberían replantearse.
En actuable existe una iniciativa de recogida de firmas para solicitar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la aprobación de un reglamento que garantice los derechos de las personas retenidas y la mejora de las condiciones en estos centros.
Los inquilinos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no llegan allí por haber cometido ningún delito, simplemente son simpapeles que han entrado de forma irregular en España, pero reciben el trato que se otorga a los delincuentes: duermen en celdas y no pueden irse por decisión propia. El viernes 13 de enero, Idrissa Diallo, de 21 años, de Guinea Conakry, murió de un infarto en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según algunas versiones, no fue atendido a tiempo. La muerte, dice la autopsia, fue por causas naturales. Las peticiones de que el centro sea clausurado arreciaron.
Hay nueve CIE en España, que suman más de 2.500 plazas, y son gestionados por la Comisaría General de Extranjería, dependiente del Ministerio de Interior. Estar en situación irregular en España no es ningún delito, sino una falta administrativa penada con una multa de 500 euros. Sin embargo, a muchas de estas personas se les envía a un CIE por un periodo de hasta 60 días, donde aguardan a que se complete el proceso legal que les devolverá a su país.
El problema, según las entidades sociales, es que apenas se sabe lo que sucede dentro de estos centros. Abundan las denuncias de maltrato. Hace dos meses, algunas entidades como SOS Racisme visitaron por primera vez en la historia el centro de la Zona Franca de Barcelona. Esta y otras organizaciones, e incluso el Col·legi d’Advocats de Barcelona, afirman que los CIE son peores que una cárcel, porque allí no existen las garantías que hay en prisión. En ellos convive gente que no ha delinquido con gente que sí lo ha hecho, un motivo añadido de inquietud para muchos.
Es habitual oír referirse a los CIE como «un limbo legal». Incluso el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lleva años intentando sin éxito entrar en el de Barcelona. El Sindicato Unificado de la Policía asegura que los CIE son «una zona oscura en el Estado de derecho», y que deberían replantearse.
En actuable existe una iniciativa de recogida de firmas para solicitar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la aprobación de un reglamento que garantice los derechos de las personas retenidas y la mejora de las condiciones en estos centros.
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