Autoconvocados, agrupaciones políticas, sindicales, sociales, ONG, estudiantes, marcharon en Buenos Aires, a las 18 hs, partiendo de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional, para reclamar la derogación de la ley antiterrorista, aprobada en diciembre de 2011.
Las altas temperaturas no impidieron la multitudinaria expresión de repudio a la sanción que, a fines del año pasado fue aprobada entre gallos de medianoche. Con un documento concensuado se repudió "la criminalización de la protesta social".
La marcha fue encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos, Proyecto Sur, Coalición Cívica, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Corriente Clasista y Combativa, Partido Obrero, Federación Universitaria de Buenos Aires, Libres del Sur, Frente de Izquierda Socialista, Partido Comunista Revolucionario y la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata, Unión de Asambleas Ciudadanas, entre otras agrupaciones.
Aistieron Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Partido de los Trabajadores Socialistas, Proyecto Sur, Nuevo MAS, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Unidad Popular, Buenos Aires para Todos y Frente Darío Santillán, Liberpueblo, GEN, Unión Cívica Radical, Víctor De Genaro, Gerardo Milman, Jaime Linares, Pablo Micheli, Graciela Iturraspe, Fernando Solanas, Virginia Linares, Horacio Piemonte, Luis Zamora, Roy Cortina, Ricardo Cuccovillo, Pablo Bergel, Christian Castillo, Néstor Pitrola, Vilma Ripol, entre otras figuras públicas, junto a la red nacional de Medios Alternativos.
"Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de lazos sociales, entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social", se sostuvo en el documento leído frente a las puertas del Congreso Nacional, desde un camión a manera de escenario.
"Creemos que bajo esta ley se está criminalizando la protesta social, judicializando los reclamos populares y persiguiendo a los luchadores sociales".
Señalaron que "es falso el argumento presentado por el gobierno nacional, según el cual esta ley fue dictada para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo".
Se hizo hincapié en "una seguidilla de episodios que implica un resurgimiento de políticas de intervención sobre la conflictividad social que resultan absolutamente incompatibles con el respeto por derechos elementales y reavivan los temores que nos llevaron a oponernos terminantemente a la sanción de la cuestionada ley antiterrorista".
En un documento consensuado, las organizaciones convocantes denunciaron "la criminalización de la protesta social que deriva de esa ley", y reclamaron su derogación. Se manifestaron a favor de la democracia sindical, en contra de la minería a cielo abierto y reivindicaron la lucha de los asambleístas de Gulaeguaychú, de los trabajadores tercerizados del exferrocarril Roca y de los ambientalistas de Andalgalá, Tinogasta y Belén, las desapariciones y muertes de militantes sociales, representantes de pueblos originarios y testigos en causas políticas referidas a los DDHH. La mención de sus nombres provocó la reacción de los asistentes que agitaban sus banderas como presencia.
Se resaltó que “con las modificaciones a la Ley Antiterrorista se duplicaron las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal. A partir de la modificación, si el juez considera que un acto fue cometido por una organización o individuo con la finalidad de generar “terror” en la población o de “obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla” puede ser procesado de acuerdo a esta ley”.
“Bajo esta legislación cualquier lucha social, gremial, territorial puede ser potencialmente caracterizada como ‘terrorista’. No se trata de un debate en abstracto o sobre la gestión de un gobierno; leyes del mismo tenor en Chile, Colombia y Perú sirven para reprimir, detener y procesar hoy a más de 500 referentes campesinos-indígenas que defienden sus tierras frente a las transnacionales y la expoliación de los recursos naturales del continente”.
Se denunció que "el gobierno nacional impulsó esta ley en defensa de los intereses de las transnacionales", con el objeto de "meter presión y terror a los militantes populares", tras recordar que en el país hay 4.800 procesados por participar en distintos tipos de reclamos sociales”.
Destacaron que "esta movilización se realizó en un momento especial, en el que estamos viendo cómo las autoridades avanzan con violencia sobre manifestaciones populares legítimas. Es fundamental que el poder político entienda que los errores gubernamentales no se tapan a palazos" Y se mostró preocupación por “la feroz y creciente escalada de represión que estamos padeciendo los argentinos en las últimas semanas".
La aplicación de la ley antiterrorista es "un telón detrás del que se oculta la verdadera intención de atentar contra derechos humanos fundamentales", por lo que se reclamó "derogarla cuanto antes".
Cuestionaron la creación del organismo conformado por los gobiernos de las provincias cordilleranas ya que "se dio un paso en la entrega de las riquezas a la Barrick y a todas las empresas mineras que producen la expoliación ambiental, laboral y económica de las provincias".
Que “el Gobierno evidencia una vez más el falso progresismo, en el discurso son un Gobierno Nacional y Popular, pero en la acción utilizan este tipo de herramientas para reprimir los reclamos sociales, perseguir y atentar contra los derechos más elementales".
La urgencia de "marchar contra la nefasta Ley Antiterrorista que impuso el gobierno nacional, sucede porque fortalece la persecución contra las luchas de los trabajadores y el pueblo. Esta marcha es también en repudio a las represiones sufridas por quienes vienen enfrentando las multinacionales mineras en Catamarca y La Rioja".
Los legisladores del bloque que lidera la Coalición Cívica-ARI y el cineasta Fernando Solanas, presentaron en la Cámara baja el proyecto de ley que derogaría lo aprobado por el Congreso, con el objetivo de cumplir con los requerimientos pedidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa, que lleva las firmas de Solanas, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli, Horacio Piemonte y Carlos Comi y expresaron que "se basa en que la vaguedad e imprecisión de los términos de la norma permite una peligrosa arbitrariedad de la aplicación de la ley antiterrorista, que viola el principio de legalidad penal consagrado en nuestra Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos".
Alicia Susana Gómez 15/02/2012
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