Miles de personas se quedan cada año sin hogar en Guatemala a causa de los desalojos forzosos.
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El nuevo gobierno de Guatemala debe poner fin al uso de los desalojos forzosos para resolver los conflictos sobre tierras, ha afirmado Amnistía Internacional tras concluir la marcha de protesta en la que decenas de miles de manifestantes han caminado durante nueve días hasta la ciudad de Guatemala, capital del país.
La marcha, de 215 kilómetros, se organizó para conmemorar el primer aniversario del desalojo forzoso de 12 comunidades indígenas en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, en el norte del país. Comenzó en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 19 de marzo.
En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.
La marcha, que formaba parte de una campaña para reclamar una solución al problema permanente de los conflictos sobre tierras y los desalojos forzosos en el país, terminó el martes en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.
"Las poblaciones indígenas de las zonas rurales de Guatemala son especialmente vulnerables en el contexto de los conflictos sobre tierras y los consiguientes desalojos forzosos", ha afirmado Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.
Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante los desalojos forzosos, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.
"El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. Deben implementarse las directrices para los fiscales en materia de desalojos forzosos, dictadas por la fiscal general en 2011, con el fin de cumplir las disposiciones legales nacionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
"El gobierno debe decretar asimismo la suspensión de los desalojos forzosos y reformar la ley para conceder prioridad a los derechos de las personas más vulnerables en los conflictos sobre tierras.”
Los conflictos sobre tierras en Guatemala son habituales y a menudo surgen entre comunidades indígenas rurales y grandes terratenientes. En muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte en lo referente a los derechos humanos de los trabajadores rurales.
En consecuencia, cientos de familias se ven afectadas cada año por desalojos forzosos, lo que significa que miles de personas se quedan sin hogar y sin el recurso a una vivienda adecuada. En enero de 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala señaló que en el periodo 2008-2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos.
En marzo de 2011, unas 2.500 personas indígenas del valle del Polochic, Alta Verapaz, fueron desalojadas en el contexto de un conflicto con una empresa local por la propiedad de unas tierras. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante el desalojo.
En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.
La marcha, que formaba parte de una campaña para reclamar una solución al problema permanente de los conflictos sobre tierras y los desalojos forzosos en el país, terminó el martes en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.
"Las poblaciones indígenas de las zonas rurales de Guatemala son especialmente vulnerables en el contexto de los conflictos sobre tierras y los consiguientes desalojos forzosos", ha afirmado Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.
Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante los desalojos forzosos, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.
"El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. Deben implementarse las directrices para los fiscales en materia de desalojos forzosos, dictadas por la fiscal general en 2011, con el fin de cumplir las disposiciones legales nacionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
"El gobierno debe decretar asimismo la suspensión de los desalojos forzosos y reformar la ley para conceder prioridad a los derechos de las personas más vulnerables en los conflictos sobre tierras.”
Los conflictos sobre tierras en Guatemala son habituales y a menudo surgen entre comunidades indígenas rurales y grandes terratenientes. En muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte en lo referente a los derechos humanos de los trabajadores rurales.
En consecuencia, cientos de familias se ven afectadas cada año por desalojos forzosos, lo que significa que miles de personas se quedan sin hogar y sin el recurso a una vivienda adecuada. En enero de 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala señaló que en el periodo 2008-2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos.
En marzo de 2011, unas 2.500 personas indígenas del valle del Polochic, Alta Verapaz, fueron desalojadas en el contexto de un conflicto con una empresa local por la propiedad de unas tierras. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante el desalojo.
En los meses siguientes, otros dos miembros de la comunidad murieron y seis resultaron heridos. En agosto, el Estado se negó a implementar plenamente la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se proporcionara protección y ayuda humanitaria a las comunidades.
En 2011, Amnistía Internacional hizo campaña sobre este caso para exigir el acceso de las personas desalojadas a vivienda adecuada, agua limpia, alimentos y atención de la salud.
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