"Es preocupante la asunción por parte del Gobierno de los intereses de esta transnacional, hecho que ya se venía denunciando desde que la AECID aprobó una subvención a la Fundación Repsol para su desempeño en Ecuador" 
Organizaciones sociales denuncian que, con su apoyo diplomático abierto, el Gobierno español respalda las actuaciones de Repsol-YPF, cuyo desempeño provoca graves impactos sociales y ambientales y continuas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas, la muerte de personas a consecuencia de la contaminación industrial, la última producida el pasado 23 de abril.
Durante las últimas semanas, denuncian las organizaciones firmantes*, “estamos asistiendo” a un despliegue de recursos materiales y diplomáticos por parte del Gobierno español paradefender los supuestos intereses generales del Estado en el caso de la expropiación de YPF, aprobada por Argentina. Este apoyo“ sin precedentes” a un sujeto privado como es Repsol,“ consagra un modelo” de diplomacia centrada exclusivamente en la defensa de las inversiones empresariales en el extranjero, en detrimento de otras consideraciones como la defensa de los derechos humanos, o el respeto al medio ambiente.
Con este respaldo, “el Gobierno avala” el modelo extractivo practicado por esta transnacional en Argentina, el cual ha causado “innumerables problemas” a la población local desde que la empresa YPF fue absorbida por Repsol, en el año 1999. Desde entonces, la contaminación de las aguas con metales pesados en el yacimiento de Loma de la Lata -el mayor del país, situado en la provincia de Neuquén- ha sido reconocida por los tribunales argentinos, y planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y elTribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
La contaminación hídrica“ ha provocado gravísimos problemas de salud” -abortos, dermatitis y cefaleas crónicas- e incluso la muerte de varias personas. La última de ellas fue Cristina Cherqui, mapuche de 55 años, que falleció el 23 de abril después de que se detectara una presencia de metales pesados en sangre muy por encima de los niveles considerados normales.
Además de los problemas de salud y contaminación medioambiental, denuncian las organizaciones, las actuaciones de Repsol-YPF en Argentina (como en otros países donde opera) vulneran también otros derechos humanos de los pueblos indígenas, reconocidos internacionalmente, como son el derecho al consentimiento libre, previo e informado –al que les da derecho el Convenio 169 de la OIT- la transnacional no cuenta con el permiso de las comunidades locales para operar-, o el derecho a poseer y utilizar sus tierras, territorios y recursos. También “se han producido situaciones preocupantes de represión y hostigamiento” por parte de las fuerzas públicas contra las personas y organizaciones opositoras a la actuación de la transnacional, incluyendo amenazas y detenciones extrajudiciales.
Las plataformas y organizaciones firmantes, “denuncian y lamentan” este apoyo público a Repsol, que se produce además en una época de “crisis económica y financiera severa en nuestro país” y que constata la preocupante asunción, por parte del Gobierno, de los intereses de esta transnacional petrolera. Hecho que “ya veníamos denunciando” a raíz de la aprobación, hace escasos meses, de una subvención de 150.000 € por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a la Fundación Repsol YPF de Ecuador, para sus actuaciones en los territorios en los que opera en la Amazonía.
“Nos vemos también obligadas a advertir del peligro que subyace en el modelo extractivista” representado por ésta y otras transnacionales petroleras, mineras, madereras y de otra índole, “el cual no parece que vaya a verse afectado por el hecho de la expropiación”, a tenor de las declaraciones emitidas en los últimos días por el Gobierno argentino. Dicho modelo, como han señalado el Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos -mandatados por las Naciones Unidas- es en la actualidad, una de las mayores causas de violación de derechos humanos en el mundo.
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