La organizadores han convocado diversas acciones contra los Presupuestos Generales del Estado por entender que son “inhumanos”.
Así lo han anunciado varios representantes de la llamada ‘Coordinadora 25S’ que solo han facilitado su nombre de pila, en una rueda de prensa celebrada en la Plaza de las Cortes, tras registrar en el Parlamento un escrito de rechazo a las cuentas públicas de 2013.
La ‘Coordinadora 25S’ fue el movimiento convocante de la manifestación que llamó a rodear el Parlamento español en Madrid el pasado 25 de septiembre. Una masiva movilización que acabó con represión policial y que acabó con más de 35 detenidos y 63 heridos.
Las acciones comenzarán el martes
Las acciones programadas para la próxima semana comenzarán el mismo día que se inicia el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado 2013, el martes 23 de octubre. El punto de encuentro estará a las 17.30 horas en la madrileña Cuesta de Moyano, de donde los manifestantes partirán, a las 18.00 horas hasta la Plaza de Neptuno.
En este lugar, entre las 18.30 y las 20.30 horas se celebrarán dos asambleas en distintos sitios de la plaza: “Una sobre Presupuestos Generales, deuda y recortes, y otra sobre Proceso Constituyente”, ha explicado una de las portavoces, quien ha añadido que las propuestas que surjan de ambas asambleas serán colocadas en las vallas que rodean el Parlamento.
Finalizadas las asambleas, se procederá a rodear el edificio, donde permanecerán hasta que los diputados lo abandonen. Dos días más tarde, el 25 de octubre, la ‘Coordinadora 25S’ ha hecho un llamamiento para la desobediencia civil.
Por último, el 27 de este mismo mes habrá una manifestación convocada a nivel nacional y que partirá a las 18.00 horas de la Plaza de España, subirá por Gran Vía, Callao, Cibeles y culminará en Neptuno.
Un retroceso en los derechos sociales
En cuanto al texto registrado en el Parlamento, suscrito por más de un centenar de asambleas y plataformas cívicas, denuncia que los Presupuestos Generales para 2013 “han sido elaborados sin tener en cuenta la situación material en la que se encuentra la población”, amén de profundizar en una política fiscal regresiva y aplicar grandes recortes en áreas como sanidad, educación, dependencia, investigación, cultura o medio ambiente.
“La modificación el año pasado del artículo 135 de la Constitución, sin consulta popular, hipotecó nuestra soberanía a los mercados y antepuso el pago de una deuda que no había sido generada por la población en detrimento de nuestros derechos. No hay presupuestos posibles que satisfagan nuestras necesidades en el actual marco político y constitucional”, agrega el texto.
Para la ‘Coordinadora 25S’, el actual sistema institucional “obvia, cuando no impide, la participación en las decisiones que afectan al conjunto de la población, limitándola a unas elecciones cada cuatro años tras las cuales la mayoría de los partidos incumplen sistemáticamente sus programas”.
Denuncian que los presupuestos del próximo año vienen a “expropiar recursos” que pertenecen a todos los ciudadanos para pagar una deuda que es mayoritariamente privada. “Es imprescindible poner en marcha una auditoría ciudadana, pública y transparente que aclare cuánto se debe, por qué se debe, quién lo debe y quién debe pagarlo”, defiende el texto.
Además, advierte que “la aplicación de estos presupuestos significará un retroceso en los derechos sociales adquiridos durante décadas y el sometimiento de varias generaciones al capital financiero”.
Tal y como han manifestado en varias ocasiones, los organizadores de las protestas que llaman a concentrarse en las afueras del parlamento entienden que la Constitución ampara el derecho de reunión de la ciudadanía “sin la necesidad de hacer más peticiones”.
“No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica”, explicaba ante la prensa una de las portavoces de la ‘Coordinadora 25S’.
En esta misma línea, otro de los portavoces afirmaba el viernes en declaraciones a los medios a las afueras del Congreso, tras registrar un documento de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, que dicha comparecencia ya bastaba para comunicar “públicamente” las próximas convocatorias.
“A la Delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer determinadas actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la Constitución, y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie”, señalaban.
LibreRed / Público
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