por Paco Gómez Nadal
Han nacido allí, son y se sienten dominicanos, pero el Estado no quiere reconocer su ciudadanía plena. ¿Su delito? Ser descendientes de haitianos.
Unas 300 mil personas son “apátridas funcionales” en República Dominicana. Han nacido allí, son y se sienten dominicanos, pero el Estado no quiere reconocer su ciudadanía plena. ¿Su delito? Ser descendientes de haitianos. El racismo y la xenofobia de políticos y grupos de presión camuflado de nacionalismo.
La Junta Central Electoral de Dominicana es la única que parece ser ciega. Diferentes instancias judiciales dominicanas, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o, incluso, la Secretaría de Estado de Estados Unidos ven la brutal violación de derechos humanos que se comete en el país caribeño que comparte isla con Haití. De hecho, el pasado 12 de julio la CIDH llevó al Estado dominicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la expulsión irregular de 27 personas a Haití. “Las características fenotípicas y el color más oscuro de la piel fueron elementos determinantes al momento de seleccionar a las personas que iban a ser expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación”, explica la CIDH en su argumentario.
Francisco Leonardo, abogado y técnico de incidencia política del Centro Pedro Francisco Bonó, explica que aunque no hay datos censales, el cálculo es de unas 300.000 personas descendientes de haitianos que están inscritas en el registro civil dominicano, que no pueden acceder a sus cédulas de identidad o a sus actas de nacimiento, o que se hallan en situación de subregistro.
Lo que acontece en República Dominicana es, tal y como lo califican los expertos y lo sienten las víctimas, un proceso masivo de “desnacionalización”. La CIDH o Amnistía Internacional relatan como las autoridades de migración o policiales rompen la documentación dominicana de estas personas cuando las muestran para defender sus derechos; a otros se les llega a negar copia de su partida de nacimiento.
Arbitrario y ofensivo
Ana María Belique nació en 1985 en un batey cerca de San Pedro de Macorís. Allá habían migrado sus padres desde Haití a mediados de los setenta. “A finales del 2009 y principio del 2010 [con 24 años de edad] cuando me acerque a la oficialía del Estado Civil a solicitar un duplicado de mi acta de nacimiento para ingresar a la universidad, me la negaron. Me la negaron claramente porque mis padres son haitianos, pero aun en ese momento no sentía el no reconocimiento, sino en los procesos siguientes y pese a que mostré siempre todos mis documentos… todos los documentos que poseo como dominicana. Aun teniendo todo eso no podía obtener un duplicado de mi acta de nacimiento para ingresar a la universidad. Para mi todo esto es un absurdo, algo que no tiene razón de ser. Algo arbitrario y ofensivo”. El relato de Ana María es valiente. Ella da la cara y se enfrenta a una realidad brutal desde el espacio Reconoci.do, una iniciativa del Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación. No todas las personas afectadas se atreven ya que los agentes de la Junta Central Electoral (JCE) y de Migración toman represalias y mantienen un permanente clima de hostigamiento. “La JCE insiste en visitar nuestras casa, pedirle a nuestros padres informaciones, copia de nuestros documentos, incluso fotografían a nuestros padres (lo hicieron con mi madre) y nos piden que firmemos documentos que no sabemos qué son, o que están en blanco. En algunos lugares se han servido de los alcaldes de las comunidades y en otros de agentes de la Policía”.
De hecho, la denuncia de la CIDH se refiere a la deportación masiva de personas con nacionalidad haitiana y dominicana violando todos los protocolos, el debido proceso y el respeto a la ciudadanía dominicana de descendientes de haitianos.
Ana María tuvo que esperar hasta 2011 para que un amparo ante la Corte Suprema le permitiera recuperar la copia de su acta de nacimiento. Una pequeña victoria frente a la política xenófoba del Estado dominicano.
Borrar la evidencia
El proceso de desnacionalización, o de hacer invisibles a seres de carne y hueso, ha sido permanente, pero desde 2007, de algún modo está 'reglamentado'. Como ha documentado el Centro Pedro Francisco Bonó, las autoridades niegan administrativamente el acceso a la documentación que acredita el estatus de nacional dominicano, eliminan los nombres de estas personas en los registros, mueven arbitrariamente los registros de nacimiento del registro civil al libro de extranjería (habilitado en 2007 para hijos de extranjeros no residentes, indocumentados o diplomáticos)… Las consecuencias son múltiples. Sin copia del acta de nacimiento se cierran la mayoría de las puertas en Dominicana: obtener cédula de identidad y electoral (sin la cedula no se puede comprar o vender, abrir cuenta en un banco, conseguir empleo, cotizar en el fondo de pensiones, ejercer el derecho al voto...), tener pasaporte, contraer matrimonio, estudiar…
Por eso el Movimiento y su espacio web Reconoci.do hablan de “genocidio civil” y de la aplicación de un código no escrito: el HH (hijo de haitianos), que se traduce en racismo, discriminación y violación de los Derechos Humanos.
Francisco Leonardo explica cómo se llega a la resolución 012 de 2007 que, según reza, “establece el procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas de estado civil viciadas o instrumentadas de forma irregular”. “La resolución 12-07 forma parte de una serie secuenciada de acciones estatales tendentes a restringir el acceso a la nacionalidad dominicana a través del Jus Soli[derecho de suelo] y de endurecimiento de la política migratoria, la cual siempre ha estado orientada al flujo migratorio desde Haití”. El argumento de la JCE se apoya en el Jus Sanguinis [derecho de sangre], que obligaría a que la nacionalidad de estas personas fuera sólo la haitiana. Pero, además, el abogado considera que esta radicalización del Estado se produce en un contexto en el que los desastres naturales en Haití aumentan la presión migratoria que fue aprovechada por “la minoría política y las élites económicas de ideología ‘nacionalista’. Todo eso en el año previo a las elecciones de senadores diputados, síndicos y regidores”.
Política xenófoba y racista con gravísimas consecuencias humanas. Ana María Belique relata aOtramérica como vivió “una gran depresión”. “No entendía por qué pasaba eso, no entendía por qué si ya estamos registrados desde nuestro nacimiento me negaban el documento, me sentía frustrada, perdida, negada, como si no tuviera dueño y como si no fuera de ningún lugar. No les puedo negar que llore, llore mucho cada noche y cada día… Sentí dolor, porque culpaban a mis padres…. Sentía que trataban a mis padres como bagazos después de ellos haber dado todas sus fuerzas, su sangre y su sudor en los cañaverales dominicanos”.
Si Francisco cree que el problema de fondo es el racismo, Ana María conecta ese racismo con la servidumbre… “Esta es una forma de mantenernos aislados dentro de las estructuras sociales dominicanas, sin poder acceder a ningún tipo de derecho, escala social o espacios de poder. Y es una forma también de garantizar mano de obra barata, sin tener que permitir al acceso a migrantes haitianos para el trabajo bruto en el país: Nos quieren convertir en esclavos dentro de nuestro propio país”.
La JCE, en desacato a la ley
El ariete de esta campaña de desnacionalización es la Junta Central Electoral y su presidente,Roberto Rosario. Sus declaraciones suelen levantar ampollas, pero la actitud de la JCE es escandalosa en todos sus niveles. De hecho, el pasado 20 de julio apeló las decisiones judiciales que le obligaban a entregar la cédula a unos 130 dominicanos descendientes de haitianos. Leonardo considera que la JCE está en “desacato”. “Constituye una violación triple de la Constitución: asumir roles que no les corresponden, vulnerar derechos fundamentales de las personas, y desobediencia al sistema de justicia. Este es un fuerte indicador de inseguridad jurídica en el país, inmadurez democrática y debilitamiento del Estado de derecho en sentido general. Recordemos que la JCE ha perdido otros 7 casos. No ha ganado ninguno”.
Para el especialista del Centro Bonó, “de una postura inicial de negar los hechos denunciados, la JCE ha pasado a deslegitimar a las organizaciones denunciantes, alegar que los afectados han cometido fraude contra el Registro Civil, minimizar la dimensión del problema, a influenciar en los medios para distorsionar el mensaje a la sociedad civil, a afirmar que no va regalar la nacionalidad a nadie, o a invocar abiertamente que los reclamantes les corresponde la nacionalidad haitiana por vía del Jus Sanguinis. Se presiona a los medios para que presenten a los reclamantes como inmigrantes”.
El país legal, el país real
República Dominicana es un país peculiar. El racismo y la xenofobia está instalado en la estructura de poder. La relación con el vecino Haití es un tanto esquizofrénica: mano de obra barata necesaria, discursos de hermandad y solidaridad, pero una política de segregación y discriminación brutal. Ana María asegura que “la relación entre los dominicanos descendientes y los dominicanos no descendientes es normal. Sólo en las instancias públicas se siente marcada esa diferencia y claro… la influencia de los medios de comunicación”. Francisco Leonardo también tiene la impresión de que la mayoría de dominicanos consideran incorrecta la actitud de la JCE.
Leonel Fernández, el presidente saliente, se ha hecho el loco al respecto y ha dejado que la JCE haga el trabajo sucio. Este 16 de agosto toma posesión el nuevo presidente, Danilo Medina, del partido oficialista Partido de Liberación Dominicana (PLD), se ha comprometido a buscar una solución a este problema… Las promesas de nuestros políticos pasan la prueba cuando se instalan en el palacio presidencial… veremos. Leonardo espera que el pragmatismo del que hace gala Medina sirva para avanzar, pero, en general, no es muy optimista. “Se dice que a largo plazo las posiciones favorables al fortalecimiento del Estado de Derecho son las que prevalecen, pero… el camino que hay que recorrer se vislumbra muy dificultoso”.
Reconoci.do
Ana María es una de las protagonistas del Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación y, por lo tanto, del proyecto Reconoci.do. Aunque, como explicaba Leonardo, el camino es largo, Belique está satisfecha: “Reconoci.do se ha convertido en nuestra visibilidad y en un movimiento. Hemos logrado apoyo de otros grupos, pero no lo suficiente, pues este tema es un tema espinoso para muchos sectores de la sociedad, muchos nos apoyan, pero no se quieren visibilizar por sus vinculaciones políticas”.
Como en todas las luchas por los derechos, una de las trincheras fundamentales es la de la opinión pública, que se deja guiar mucho por el discurso mediático. “Tenemos comunicadores sociales que nos apoyan claramente, así como también hay otros que si pudieran meternos en un camión y mandarnos para Haití… ya lo habrían hecho. Lastimosamente el discurso del pueblo, del común de la población, aunque no sea su práctica, es la esos medios de comunicación”, analiza Ana María Belique.
El imaginario en el exterior de Dominicana, playas y sol embotellado a precio de ganga, esconde una permanente violación de los derechos humanos que se hunde en la lógica del racismo colonial y que, en este caso, se traduce en una demonización permanente de Haití, de los haitianos y de todo lo que venga de la parte occidental de Quisqueya (llamada por los colonizadores La Española). Ana María Belique concluye con una pregunta aplicable a casi todo territorio del planeta pero que cobra especialmente importancia en este país de exclusiones: “¿Son más dominicanos que nosotros [los que discriminan a los descendientes de haitianos]? En este país, en esta hermosa isla, nadie puede decir que es 100% dominicano, ni siquiera los que hacen estas políticas discriminatorias. Sin embargo, los únicos discriminados somos los descendientes de haitianos, por ser haitianos, por ser negros”. El Siglo XVII en el Siglo XXI y el marco internacional de Derechos Humanos violado por un Estado que en 2012 celebra el “Año del Fortalecimiento del Estado Social y democrático de Derecho”.
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