La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, convocó a su Gabinete Ejecutivo a una reunión de emergencia el viernes, para analizar y evaluar las protestas masivas que han sacudido el país durante los últimos días y que han dejado, hasta ahora, una persona fallecida, además de centenares de heridos y detenidos.
La jefa de Estado canceló un viaje que tenía previsto a Japón, en los próximos días, y convocó una reunión extraordinaria de Gobierno para analizar algunas denuncias vinculadas a supuestos hechos desestabilizadores.
Se ha señalado la existencia de ciertas denuncias sobre la infiltración de grupos de derecha detrás de las protestas y movilizaciones de calle, que aprovecharían el momento para culpar a la Mandataria por los disturbios, criminalizar a los partidos de izquierda y desestabilizar al Gobierno nacional.
De acuerdo con medios brasileños, en la reunión será discutida la posición del Ejecutivo frente a las protestas, qué medidas puede adoptar el Ministerio de Justicia para hacer frente a los disturbios y reclamos efectuados por la población.
Asimismo, se espera un segundo pronunciamiento público de Rousseff, después de que el pasado martes respaldara las movilizaciones, al declarar que “la voz de la calle tiene que ser escuchada” y elogiar el espíritu democrático de los manifestantes “que envían un mensaje directo a los gobernantes”.
En las movilizaciones del jueves en Río participaron más de un millón de personas, provocando enfrentamientos violentos en las adyacencias de la Alcaldía local, entre manifestantes y policías.
La Policía militarizada en Río está subordinada al Gobierno estadal, y no al Gobierno central. En ese sentido, dicho cuerpo de seguridad mantiene sitiada toda la ciudad y ha ejecutado cientos de detenciones arbitrarias durante los últimos dos días.
Las manifestaciones en este estado sureño culminaron con saqueos, hogueras en las calles y actos de vandalismo, incidentes que fueron reprimidos con balas de goma y bombas lacrimógenas.
En la ciudad capital, Brasilia, hubo un intentó frustrado de tomar el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque los manifestantes llegaron hasta el segundo piso e incendiaron algunas instalaciones y monumentos.
Otras ciudades que registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, que respondía a las piedras con bombas de humo, gases lacrimógenos y balas de goma, fueron Salvador, Vitoria, Porto Alegre, Belem y Campinas, con un saldo de varios heridos.
Adicionalmente, en Sao Paulo y Río, grupos de ultraderecha agredieron a militantes de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ambas organizaciones fundadas por el antecesor de Rousseff, Luiz Lula da Silva.
Aunque las autoridades de estos dos estados suspendieron el aumento del pasaje que estaba previsto, los manifestantes ahora suman exigencias como aumentar el presupuesto de salud y educación pública, mejorar la calidad de los servicios públicos y una crítica al gasto destinado a la organización de la Copa Confederaciones y la Copa de Mundo de 2014.
(Con información de la cadena multiestatal Telesur)
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