Además de constituir escenarios de la aplicación del cambio de régimen promovido desde occidente, Siria y Ucrania tienen en común el doble rasero y la manipulación del tema de los derechos humanos en las crisis que las afectan.
A juicio de diplomáticos, recientes informes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre la situación en ambos países, dejan pocas dudas de cómo se fabrica ante la opinión pública mundial “a los malos y los buenos” en un conflicto.
En abril, el representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, denunció que las acusaciones contra Damasco de atacar y asediar a la población civil, presentadas por Pillay en el Consejo de Seguridad, eran falsas y carecían de credibilidad.
“No solo negamos las alegaciones de violación de los derechos humanos, sino que las consideramos totalmente falsas y mal intencionadas, porque desconocen a propósito nuestros argumentos”, afirmó a periodistas.
Además, advirtió que las mismas formaban parte de una campaña bien orquestada y bajo el liderazgo de algunos influyentes miembros del Consejo -entiéndase Estados Unidos, Francia y Reino Unido- para aumentar la presión sobre Siria, nación sometida desde 2011 a una agresión que tiene como punta de lanza a extremistas y mercenarios.
Para Jaafari, no resulta muy difícil desenmascarar esta y otras cruzadas, porque de manera recurrente carecen de fuentes creíbles y omiten la cuestión del terrorismo y sus daños a la población civil y la infraestructura.
“Luego de tres años de conflicto, la Alta Comisionada nunca ha estado en Siria, no utiliza información fidedigna y manipula la verdad, por lo que usa su posición para afectar a un Gobierno legítimo, lo cual viola el mandato para el que fue electa”, expuso.
En el caso de Ucrania, el cambio de régimen encontró un camino diferente, cuando en febrero pasado, grupo radicales aupados por Occidente derrocaron al presidente electo Víktor Yanukóvich y facilitaron la instalación en el poder de autoridades afines con Estados Unidos y la Unión Europea, y de marcada postura anti-rusa.
Sectores populares se han levantado en el sureste del país contra el Gobierno impuesto en Kiev, que lanzó una ofensiva militar apoyada por extremistas para sofocar a quienes reclaman la federalización.
Los informes emitidos por la Oficina de la Alta Comisionada sobre el tema de los derechos humanos justifican el derrocamiento de un presidente legítimo y la represión brutal de las protestas en regiones como Lugansk, Jarkov o Donetsk, denunció Moscú.
El más reciente de los reportes, revelado el pasado viernes por Pillay, fue calificado de lamentable por el portavoz de la Cancillería Alexander Lukasévich, “porque justifica la criminal operación de castigo en el sureste ucraniano y su impacto letal en la población civil”.
Si bien el documento refleja el reciente asesinato en Odessa -cometido por fascistas que respaldan al régimen de Kiev- de decenas de federalistas, en general responsabiliza a estos últimos por la situación generada.
Para el Kremlin, el doble rasero mostrado por el informe busca legitimar a los golpistas, a partir de un encargo político de sus promotores.
Diversos países reclaman en foros de Naciones Unidas un tratamiento objetivo e imparcial en la cuestión de los derechos humanos para evitar que se impongan en el Consejo de Derechos Humanos viejas prácticas que dominaron hasta su desaparición en 2006 a la Comisión destinada a tratar el tema.
Waldo Mendiluza / PL / LibreRed
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