“¡QUEREMOS SER dueños de la reforma educativa!” Así le dijeron los estudiantes y maestros de Chile a la recientemente re-electa presidenta, Michelle Bachelet, poniendo en cuestionamiento su capacidad de mediar, en sus primeros 100 días, un acuerdo nacional sobre el futuro de la educación en Chile, como lo había prometido en su campaña electoral.
Con pancartas leyendo “Donde hay derechos, no hay mercado”, alrededor de 100.000 personas marcharon sobre la Alameda de la capital, Santiago, el 10 de junio. Ésta fue la segunda marcha en un mes que las organizaciones estudiantiles han convocado para protestar contra la “insuficiente y poco representativa” propuesta educativa gubernamental. La policía atacó y dispersó la marcha con brutalidad ante el intento de un grupo no identificado de levantar una barricada. Hubo marchas además en una media docena de ciudades del país austral.
En la ocasión, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Melissa Sepúlveda, señaló que la marcha “nos permite dar una demostración de fuerza, mostrar que hoy hay descontento y que la reforma del gobierno no cumple las expectativas y las demandas del movimiento social. La medida principal que exigimos es que se fortalezca la educación pública en el país… donde podamos realmente erradicar el mercado en la educación, podamos acabar con el lucro, sin medias tintas, y digamos que si la educación es un derecho social, no puede haber negocio en ningún aspecto del proceso educativo”.
El declarado objetivo de los estudiantes es defender y fortalecer de la educación pública, buscar la creación de una red técnica estatal, democratizar de las instituciones educacionales, lograr la condonación de las deudas crediticias, y mejorar de las condiciones laborales de todos los involucrados en proceso educativo.
La convocatoria fue apoyada por la gran mayoría de las organizaciones estudiantiles y de trabajadores de la educación, entre ellas la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) –la mayor federación nacional de organizaciones estudiantiles universitarias–la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), la Organización de Federaciones de la Educación Superior (Ofesup), el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), y el Consejo Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Central Única de Trabajadores.
Como parte de las movilizaciones, el Colegio de Profesores, que agrupa cerca de 200.000 docentes, anunció una huelga nacional para el 25 de Junio y caravanas de maestros llegando a Santiago entre los días 4 y 9 de Agosto para una gran manifestación.
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MICHELLE BACHELET presentó su reforma educacional temprano durante su segunda campaña electoral por la silla presidencial. Asumió el cargo el 11 de marzo de este año y el día 20 de mayo introdujo su propuesta ante el Congreso. El gobierno señala que los cuatro pilares de la propuesta son: el fin al lucro, la calidad de la educación, el fin de la segregación, y avances sustantivos hacia la gratuidad universal.
Para terminar con el lucro en la educación, Bachelet propone que el Estado financie a organizaciones educacionales sin fines de lucro, que serán reguladas y fiscalizadas por un nuevo Servicio Nacional de Educación Pública, bajo la tutela del Ministerio de Educación. El proceso de transformación de los establecimientos con fines de lucro a entidades sin fines de lucro será por etapas, y la cuota que los padres pagan por sus hijos mensualmente será disminuida progresivamente, hasta desaparecer, en un plazo de 2 a 3 años.
El esquema final es muy parecido a cómo funcionan las escuelas chárter en Estados Unidos. Y si eso sirve de alguna experiencia, el resultado amontará a una redefinición de lucro a través de desproporcionados pagos administrativos y contratos tan onerosos como innecesarios, tales como aquellos relacionados con la industrialización de la educación y la estandarización de los instrumentos de medición escolar.
Esto es lo que preocupa a los estudiantes y trabajadores de la educación hoy movilizados. Conjuntamente, ellos denuncian la nula participación que han tenido en el diseño de la reforma educacional presentada por el gobierno. Según una representante de la Cones, Lorenza Soto señalo “la discusión debe empezar desde abajo, y si no, no es democrática”. Y agregó: “No es el movimiento estudiantil el que tiene que escuchar las propuestas de gobierno. Es el gobierno el que tiene que escuchar al movimiento estudiantil”.
Además, no se termina con la educación privada. “¿Debe seguir existiendo la educación pagada tal como la conocemos?”, pregunta Juan Eduardo García-Huidobro, quien encabezó una comisión presidencial convocada por Michelle Bachelet que llegó a proponer el fin del lucro en la educación en 2006. Y agrega: “Si este tema no se discute, se introduce un doble estándar difícil de sostener: se toman medidas para hacer más integrada la educación de “los otros”, pero la elite política, que toma estas medidas, mantiene una educación distinta para su prole”.
Esto pone en duda el tema de terminar con la segregación escolar por mecanismos de selección. La propuesta es poco clara, señala el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile: “Terminar con la selección de alumnos va más allá de extender la gratuidad y se vincula con los múltiples mecanismos de selección académica que existen en Chile. El programa de gobierno no especifica una propuesta para acabar con ellos”.
Otras críticas apuntan a la diseñada falta de cohesión administrativa y territorial en el propuesto Servicio Nacional de Educación Pública que fiscalizaría las escuelas tipo chárter que asumirían la responsabilidad de administrar la educación sin fines de lucro. Además, la propuesta guarda silencio con respecto a mejoras laborales en la educación, tan necesitadas por los trabajadores docentes, particularmente a nivel parvulario.
La propuesta de Bachelet y, aún más, la respuesta estudiantil han abierto un necesitado debate sobre el futuro de la educación en Chile. Como el Colegio de Profesores señala en un comunicado, las propuestas “son perfectibles, pero sobre todo generan un momento de inflexión, en el sentido que abren un debate de fondo sobre el sistema educativo y la garantización del derecho a la educación que el país requiere”.
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LA RE-ELECCIÓN de Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista de Chile, con el 62 por ciento de los votos, en noviembre de 2013, ocurrió bajo la umbrela de la alianza de centro izquierda Nueva Mayoría, heredera política de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición multipartidaria que derrotó hace casi 25 años el intento del dictador Augusto Pinochet de extender, por las urnas, su estadía en el poder.
En su primer mandato, entre los años 2006 y 2010, Michelle Bachelet gozó, por lo general, de una amplia aprobación ciudadana, particularmente entre las mujeres, por los avances sociales y económicos que la primera mujer presidenta en Chile implementó. Pero su mandato no estuvo ausente de desafíos, por ejemplo, de los mineros del cobre, los pueblos indígenas, y en relación a la respuesta de su gobierno ante el terremoto y maremoto que azotó Concepción y sus alrededores.
Sin embargo, el mayor cuestionamiento a su gestión vino de la mano de los estudiantes secundarios del país, quienes realizaron una ola de huelgas y tomas de escuelas, protestando la inhabilidad de Bachelet para revertir las políticas educativas heredadas de la dictadura de Pinochet. Durante meses, la llamada Rebelión de los Pingüinos, impulsó la unidad de la clase obrera en torno al tema de la educación, e hizo tambalear la cohesión de la coalición de gobierno, provocando numerosos cambios ministeriales.
Al presentar su propuesta, Bachelet cuenta con una mayoría favorable en ambas cámaras del Congreso. Entre los diputados nuevos se hallan Giorgio Jackson, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y miembro de Revolución Democrática, Camila Vallejos y Karla Kariola, ex líderes en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y militantes de las Juventudes Comunistas, y Gabriel Boric de Izquierda Autónoma, quienes desplegaron un certero liderazgo durante la jornada de movilizaciones y tomas de escuelas y universidades contra los planes educacionales del ex presidente derechista, y empresario, Sebastián Piñera. Ellos, además, eran estudiantes secundarios cuando, se desató la Rebelión de los Pingüinos.
Cabe señalar que el movimiento estudiantil chileno fue el primer movimiento social en salir a la calle luego de la recuperación de la democracia formal en 1990. La Ley Orgánica Constitucional de la Educación, abriendo el camino a la privatización y el lucro en la educación, fue firmada por Pinochet menos de una hora antes de transferir el poder a Patricio Aylwin, el primer presidente electo en Chile por más de 17 años. Desde entonces, y por la incapacidad o falta de voluntad de los posteriores gobiernos para derogar esa ley, cada uno de los presidentes post dictadura ha tenido que confrontar grandes movilizaciones estudiantiles.
Este es el telón de fondo frente al cual Bachelet trata de cumplir con su promesa electoral, reafirmar las prioridades de la agenda neoliberal en la educación, y, tal vez, evitar una nueva rebelión estudiantil. Pero el socialismo de Michelle Bachelet, como el de los modernos social-demócratas en el mundo entero, no es uno necesariamente comprometido con los intereses de la clase obrera, y ha sido muchas veces cómplice en la agenda neoliberal.
Bachelet busca establecer sus credenciales con ambos, los intereses mercantiles en la educación y con los movimientos sociales. Así, tras la máscara de terminar con el lucro y la gratuidad de la educación, Bachelet está proponiendo un sistema difícil de fiscalizar que abre las puertas a rentables triangulaciones contractuales y a la llana corrupción, y consecuentemente al empeoramiento de la educación de los más pobres.
Pero de la mano de la militancia estudiantil y de la fuerza laboral docente, los movimientos sociales en Chile tienen hoy nuevamente la oportunidad de interponerse a los planes neoliberales de sus gobernadores, y esta vez, con la fuerza y experiencia acumuladas, poder hacer valer la voz popular en el futuro de la educación en Chile.
Paulina Jara/socialistworker
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