Varias organizaciones caritativas británicas han acusado al Gobierno del Reino Unido de violar sistemáticamente los tratados internacionales de derechos humanos en los tratamientos que provee a las personas discapacitadas.
Esa acusación fue plasmada en un informe publicado por Just Fair, un consorcio de 80 organizaciones benéficas nacionales, entre ellas Amnistía Internacional (AI), Save the Children y Oxfam.
Las medidas de austeridad del Gobierno de Londres y las reformas de bienestar, como el impuesto de dormitorio, han socavado los derechos de las personas con discapacidad y les han causado dificultades significativas, apostilla el informe.
Además, el informe señala que las estructuras de apoyo para muchos británicos con discapacidad han desaparecido o están en peligro, ya que las autoridades locales recortan los presupuestos de asistencia social, mientras que los recortes de beneficios dejarán muchos discapacitados sin asistencia vital para la vida diaria.
Cabe señalar que en la nota también se pide la inclusión del derecho a una vida independiente en la legislación del Reino Unido.
En respuesta a dicho informe, el ministro de Discapacidad británico, Mike Penning, negó que el Ejecutivo esté violando las leyes internacionales de derechos humanos, al indicar que las reformas están encaminadas a “la fijación de un sistema de bienestar roto”.
El informe se presentará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que está en el proceso de revisión del cumplimiento de las obligaciones del Reino Unido con las personas discapacitadas.
