Aunque no hay cifras oficiales en México, el Comité Cerezo, una organización de Derechos Humanos en ese país, estima que existen unos 30.000 desapariciones en la nación, dentro de las cuales calculan que unos 3.000 o 4.000 son forzadas.
Francisco Cerezo, uno de los miembros fundadores del grupo, indicó este viernes en entrevista con TeleSur que en estas desapariciones forzadas se incluyen los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de la población de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, y estimó que este hecho constituye un reflejo de la estrategia de paramilitarización que ha surgido en el país y de la acción del Estado dirigida a crear terror, mientras esconden la situación responsabilizando a la delincuencia organizada.
El 26 de septiembre, la policía de Iguala -presuntamente junto a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos- arremetió contra un grupo de estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos, que había llegado a la ciudad para recoger fondos destinados al movimiento estudiantil de la institución.
De acuerdo con reportes policiales, los estudiantes supuestamente pretendieron llevarse tres autobuses de la ciudad, lo que originó la persecución y el ataque de los uniformados.
Cerezo afirmó que en esta región hay una “masacre generalizada”, que incluye tumbas clandestinas. “Esto habla de una situación de emergencia en México, que se ha denunciado, pero el Estado ha negado la responsabilidad en las desapariciones forzadas”, apuntó.
En ese sentido, acotó que el Gobierno mexicano habla de personas ausentes y omite el término de desaparición forzada, que implica la participación de agentes del Estado.
“El Estado trata de echarle la responsabilidad a la delincuencia organizada, cuando según la información y testigos, el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos nació para defender al Ejército de otro grupo de narcos. Eso dice de la estrategia de paramilitarización en México, que utiliza la mano siniestra de los grupos paramilitares, disfrazados de grupos narco”, estimó Cerezo.
Además, añadió que este caso también implica “la responsabilidad directa del Estado en la creación de estos grupos para actuar con la detención arbitraria, tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, no solo de habitantes de México sino contra el movimiento social organizado, como sucedió en Ayotzinapa”.
AVN
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