Una investigación periodística contradice la versión oficial de la masacre de Ayotzinapa y compromete el Ejército y la Policía Federal en las acciones.
El gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en el ataque a los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre en Iguala, en el Departamento de Guerrero, lo que dio lugar a tres muertos y 43 desaparecidos. Testimonios, videos, informes no publicados y las declaraciones judiciales en las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero muestran que la PF (Policía Federal) participó directamente en los hechos.
La versión oficial del gobierno mexicano es que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca (PRD), presuntamente vinculado a pandillas Guerreros Unidos, había ordenado el ataque para evitar que los estudiantes se entrometiesen en un evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en el centro de la ciudad. La policía municipal de Iguala y Cocula habrían atacado y capturado a los estudiantes, a continuación, masacrados y quemados por el Estado de Guerrero sin que el ejército y la policía federal estuviesen al tanto de los hechos.
Pero la investigación realizada para este informe, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación en la Universidad de Berkeley, California, reveló una historia diferente. Además de la Policía Federal, el Ejército mexicano también participó en el ataque.
Un informe no publicado del gobierno de Guerrero, concluido en octubre y entregado poco después a la administración de Peña Nieto, evidencia que los estudiantes fueron controlados por el Estado, los gobiernos locales y federales el 26 de septiembre, desde que salieron de la escuela, a través del Centro Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) , que reúne a los tres niveles de gobierno.
A las 17h:59, el C4 de Chilpancingo informó que los normalistas estaban en las afueras de Ayotzinapa hacia Iguala. A las 20 horas la PF y la policía estatal llegaron a la carretera Chilpancingo, Iguala, donde los estudiantes habían hecho una recopilación de donaciones. A las 21h:22, el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, informó -personalmente y a través de C4 – que los estudiantes habían entrado en la estación de autobuses; a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiro de los tres niveles de gobierno.
Según el informe preliminar de la investigación de los hechos, la Fiscalía General de Guerrero había ordenado desde el 28 de septiembre que la PF informara “con urgencia” si los miembros habían participado activamente en los acontecimientos que tuvieron lugar el 26 de septiembre (entre las 20 horas y el día siguiente), y, en caso afirmativo, cómo se involucraron muchos policías. También pidió la entrada de registro y salida del personal de la base de operaciones de VP, que se encuentra a cinco minutos del lugar del ataque, el número de patrullas, y el registro de las armas utilizadas del 24 al 28 de septiembre. De acuerdo con el informe de la investigación preliminar (HID / SC / 02/0993/2014), la PF nunca entregó la documentación requerida.
Entre los documentos recogidos para esta investigación están 12 de los vídeos grabados en los teléfonos móviles por los mismos estudiantes durante el ataque. En uno, la presencia de la PF se identifica claramente. “La policía ya se va, llamarán a la federal que va a querer provocarnos”, dice una de las grabaciones de un estudiante en el momento en que su pareja Aldo Gutiérrez Solano había recibido un disparo en la cabeza y estaba tirada en la calle en un charco de sangre. Aldo se encuentra todavía en estado de coma.
Debido a la presión política, el gobierno de Guerrero se había alejado de las investigaciones el 4 de octubre, y éstas se encontraban bajo el control del gobierno federal, y fue cuando se ocultó la participación de la PF y el ejército en el ataque. Los testimonios fueron manipulados para contribuir a la versión oficial de los hechos. Documentos OPG, obtenidos por el informe, muestran que al menos seis de los presuntos miembros del Estado de Guerrero que declararon contra Abarca, y la policía de Cocula, Iguala, fueron detenidos ilegalmente, golpeados o torturados antes de testificar. Dos de ellos son Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de la organización criminal, y Sidronio Casarrubia, al que tenían como líder.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido a nivel mundial por su experiencia en la localización de los cuerpos desaparecidos de la dictadura militar en Argentina, informó el 7 de diciembre que habían identificado un cuerpo asociado a la relación dada por la PGR, se trataba del estudiante Alexander Mora: uno de 43 desaparecidos. Pero el equipo de Argentina señaló que la versión de la PF – que los restos fueron encontrados en un río – no se pudo verificar porque los técnicos forenses no estuvieron presentes durante el descubrimiento del cuerpo y fue imposible analizar el área.
El gobierno los observaba
El informe elaborado por el gobierno de Guerrero en el ataque a los estudiantes y entregado, hoja número 02370, firmado por la Región Norte, coordinador de operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública de Guerrero Civil , José Bautista Adame, de fecha 26 de septiembre, dice que a las 17h:59 “C4 Chilpancingo informó de la salida de dos autobuses de Estrella de Oro, con los números 1568 y 1531, que lleva a los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa hacia la ciudad de Iguala …”.
Esto significa que los gobiernos estatales y federales – municipales – debían vigilar a los estudiantes antes del ataque, dado que los tres niveles de gobierno están presentes en Chilpancingo e Iguala C4. En 2013 se celebraron varias reuniones públicas entre el gobernador Ángel Aguirre y el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong para fortalecer esa cooperación.
En su informe, Adame Bautista escribe que dos autobuses llegaron a las 20 horas al stand 3 peaje de Iguala. En una acción coordinada, la policía del estado, con cuatro elementos, y la PF con cinco elementos y tres patrullas, al mando del oficial Víctor Colmenares Fields, “monitoreados” controlaban las actividades de los estudiantes.
“La Policía del Estado estuvo de hecho en el lugar, manteniéndose a una distancia de losjóvenes que minutos más tarde decidieron retirarse del lugar sin que el incidente registrase confrontación”, según los informes citados en el documento del gobierno de Guerrero.
Según testimonio de la corte de averiguación previa HID / SC / 02/0993/2014 y otros testigos, Abarca y su esposa salieron de la plaza central de Iguala a las 20:45 horas y cenaban con ocho miembros de la familia en un restaurante modesto a 15 minutos del centro de Iguala . Cuando los estudiantes llegaron a la estación central eran las 21:00 – y por lo tanto su presencia no afectaba el acontecimiento político festivo, como la PGR recoge dando justificando cpn su versión de los hechos.
El dueño del restaurante, Sra. Lili, confirmó que la familia se fue a las 22:30 horas con absoluta tranquilidad, junto con sus respectivas escoltas y un conductor.
El alcalde de Iguala y su esposa, hermana de narcotraficantes que operan en Guerrero desde el año 2000, fueron nombrados por el gobierno estatal y la PGR como los principales responsables del ataque y la desaparición de los estudiantes y detenidos el 4 de noviembre en un escondite en la ciudad de México. Abarca es buscado y detenido pero la PGR no tiene todavia una orden de arresto en contra de su esposa.
Estudiantes
Omar García, líder de la Política de Orientación y Comité Ideológico (COPI) la escuela normal de Ayotzinapa, explicó que este año su escuela tenía a su cargo conseguir 20 autobuses para que las escuelas normales rurales pudiesen asistir a la tradicional marcha del 2 de octubre que evoca la masacre estudiantil de 1968.
Antes de ir a Iguala ya habían sido “capturados” ocho autobuses y fueron en busca de más información sobre la masacre. A diferencia de la versión de la PGR quien dijo que los estudiantes nunca tuvieron la intención de protestar contra el alcalde y su esposa.
La historia de la escuela normal, está marcada por la trayectoria de la guerrilla de Lucio Cabañas, que estudió allí y en la década de 1960 dirigió el grupo armado Partido de los Pobres, en Guerrero. El movimiento fue perseguido ferozmente por el gobierno, sobre todo por el ejército en la “guerra sucia”, cuando se registraron las desapariciones y ejecuciones. Desde entonces, la escuela tiene que ver con la guerrilla y sus estudiantes sufren ataques y abusos de autoridad.
El del 26 de septiembre fue un ataque no sólo contra los estudiantes, sino en contra de la estructura política e ideológica de la escuela. Uno de los estudiantes desaparecidos formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil (CLE), el máximo órgano de gobierno de la escuela normal, y 10 eran “activistas políticos de la formación” COPI, según Omar García.
García dice que los estudiantes tomaron cinco autobuses. Dos se dirigían al sur periférico y los otros tres perdieron su camino.Los testigos dijeron que alrededor de 22 horas vieron a tres autobuses de pasajeros en la calle Juan N Alvarez y cuando estaban cerca de la catedral los estudiantes comenzaron a descender. El conductor del primer autobús, dijo, Hugo Benigno Castro, en testimonio ante el tribunal, que los estudiantes fueron a preguntar dónde estaba la salida de Chilpancingo.
No fue el primer ataque. Ellos oyeron disparos y la gente empezó a correr. El policía municipal Raúl Cisneros dijo que estaba en el lugar y admitió que luchó con dos estudiantes que supuestamente querían desarmar el supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y por lo tanto hizo disparos al aire. Aunque la calle estaba llena de gente sin lesiones. Los estudiantes lanzaron piedras y persiguieron a las patrullas. Los tres autobuses luego se trasladaron hacia Periférico, en la medida del centro, donde la calle es más oscura y menos transitada.
La Policía Federal
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, en su audiencia en la corte el 27 de septiembre, dijo que a las 21h:22 recibió una comunicación telefónica en la que le comunicaron que los estudiantes estaban tomando el autobús. Dijo que inmediatamente conectado con Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, éste le aseguró que iba a estar alerta.
El informe del gobierno de Guerrero afirma que después de enterarse de la captura de los autobuses por los estudiantes la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado “reunió a todo su personal en las instalaciones de la policía del Estado” y que se había producido esta movilización “ante los hechos que se estaban desarrollando “.
“A las 21:30 horas los operadores de radio de la policía estatal C4 Iguala y sedes regionales me dieron a conocer que los operadores del servicio de emergencia 066 habían perdido una llamada telefónica en la que advirtieron que los estudiantes de las zonas rurales normal Ayotzinapa estaban creando confusión en la central de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro … “, señaló Adame Bautista en su documento de información. Se especifica que se pidió a la llamada “el apoyo de las autoridades.”
El C4 está bajo el control de la policía estatal, pero hay un operador de radio de cada una de las fuerzas: la policía del Ejército, de la Policía Federal, estatal y municipal. Las instalaciones de la policía municipal, la Policía Federal y el 27 Batallón de Infantería están en la misma zona, a una distancia de 3 a 4 minutos del lugar del ataque. C4 controla a Iguala con cámaras de vigilancia de la red, algunas ubicadas en el centro de la ciudad, donde hubieron tres ataques, pero a pesar de ser requeridas por la Fiscalía General del Estado, las imágenes de estas cámaras nunca fueron entregadas.
Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado por Opera Mundi.
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