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jueves, 15 de febrero de 2018

Odebrecht presentó documentos falsos para incriminar a Lula, afirma diario brasileño

El conglomerado empresarial Odebrecht presentó documentos falsos para incriminar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silvaa ante la justicia brasileña, afirmó este jueves el diario digital Brasil 247.
Así lo corroboró un análisis pericial solicitado por la defensa del ex mandatario y según el cual esa entidad falsificó presuntas pruebas del pago de sobornos a políticos registrados en el sistema de contabilidad paralelo de la empresa conocido como Drousys.
El especialista que analizó la documentación anexada por el Ministerio Público Federal en la acusación contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) indicó que algunos extractos bancarios tienen marcas de montaje o de inserciones, además de existir inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas.
Los documentos analizados forman parte de la operación anticorrupción Lava Jato, que en este caso investiga el uso de un apartamento vecino al del ex presidente Lula en San Bernardo del Campo, cuya adquisición fue presuntamente costeada por la Odebrecht.
(Con información de Prensa Latina)
¿Cuál es el secreto que esconden O Globo y la Lava Jato?
O Globo fue el único diario del Brasil que informó, en la edición del  29 enero de 2018, de que las claves para abrir los secretos de Odebrecht están perdidas (“chaves para abrir segredos da Odebrecht estão perdidas”).
En la nota, la fuente es el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima. Ningún otro medio de prensa informó este hecho. La noticia sólo salió en Globo porque esa fue la deliberada elección de la fuente, uno de los jefes de la operación Lava Jato en Curitiba.
Curiosamente, en esta ocasión, el “grupo de trabajo” evitó comunicarse con el conjunto de la prensa a través de una masiva rueda de prensa o a través de una activa campaña en las redes sociales.
El reportaje no aparenta interés periodístico, tan sólo tienen interés como vacuna para la red Globo y la operación Lava Jato en caso de una futura revelación, por otras fuentes, de algo que podría llegar a ser ser un escándalo con un poder destructivo equivalente a una bomba nuclear sobre la Lava Jato.
¿Secretos perdidos?
El reportaje informa de que nunca se podrá tener acceso al my web day, sistema creado por Odebrecht para el registro tanto del pago de los sobornos y coimas como de las contribuciones legales y oficiales para campañas electorales.
Según Carlos Fernando, “el sistema está criptograficado con dos claves perdidas que no se pudieron recuperar. Ni sé si podrá. No se realizo ningún avance a ese respecto”. Según la nota, “ni Odebrecht, ni el MPF chequearon los tokens en el momento de entrega de los datos a la operación Lava Jato” [sic].
Todo es muy extraño, por decir más; siendo muchas las preguntas que surgen y merecen respuesta:
  • ¿los justicieros de la Lava Jato, que ostentan severidad y diligencia, recibieron el equivalente a un contenedor cargado de pruebas y ni siquiera se tomaron el trabajo de “abrir la puerta” del contenedor en el momento de su recepción para certificar la existencia o no de algún contenido en su interior?
  • ¿la operación Lava Jato concedió beneficios a los 77 delatores de Odebrecht sin exigir, en contrapartida, la entrega efectiva de las pruebas que estarían guardadas en el my web day?
  • ¿si el my web day es inaccesible desde el momento de la entrega de los discos duros al MPF, qué explica el uso por la Lava Jato de pruebas sólo encontrables en ese sistema para incriminar específicamente a determinados reos?
  • ¿en algún momento de la operación Lava Jato se accedió al my web day? ¿Por qué los fiscales, (el juez) Moro y el TRF4, no aceptan el testimonio de Rodrigo Tacla Duran, el ex Odebrecht que denunció el acceso y la manipulación del sistema con el objetivo de fabricar pruebas incriminatorias para determinados reos y destruir pruebas contra otros?
  • ¿por qué razón los fiscales, el juez Moro y el TRF4 no atienden a la petición de la defensa de Lula de acceso integral al my web day, si ellos mismos usaron pruebas supuestamente almacenadas en el sistema para condenarlo?
¿Derecho de “no inculparse”?
El argumento [cínico] del fiscal Carlos Fernando, un verdugo adepto a las torturas psicológicas en prisiones ilegales para la obtención de confesiones, es un perla: “él admite que esta es una situación delicada, en función del derecho constitucional de cualquier investigado a “no inculparse”.
En este caso, no se trata de “cualquier investigado”, sino de 77 delatores que se beneficiaron de las ventajas de la delación premiada en el marco del acuerdo de clemencia firmado por la Odebrecht.
A cambio de los generosos beneficios que les concedió la Lava Jato, los corruptores están obligados a entregar todas –sencillamente todas– las pruebas de los hechos denunciados bajo pena de anulación del acuerdo y cancelación de los benefícios penales y fiscales.
Una enorme nube de sospechas cubre el Lava Jato. Disiparla es lo mínimo que se tiene que hacer para garantizar que la letra de la Constitución brasileña no sea sustituida por códigos típicos de las mafias en el poder.
*Por Jeferson Miola, integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre (Brasil), fue coordinador-ejecutivo del 5º Fóro Social Mundial y director de la secretaría administrativa del Mercosur.
Rebelion

jueves, 1 de junio de 2017

Lider opositor ultraderechista venezolano Henrique Capriles involucrado en sobornos de Odebrecht

Un alto ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, señaló al líder opositor ultraderechista venezolano Henrique Capriles como beneficiario de financiamientos con dinero ilegal para su campaña presidencial en el año 2012.
El sitio digital Valor Económico, de Brasil, publicó la víspera un reportaje que hoy ocupa titulares aquí, que destaca las revelaciones de Azevedo, de transferir dinero fuera de la contabilidad oficial de la empresa brasileña al opositor venezolano.
Según el empresario, de acuerdo a las estimaciones electorales que se hicieron en ese momento, resultaba necesario crear un canal de diálogo a través de financiamiento ilegal con Capriles.
El testimonio de Azevedo que involucra ahora al opositor venezolano, forma parte de las negociaciones con la Fiscalía, en el marco de la operación Lava Jato, que investiga hechos de corrupción en Brasil y sus ramificaciones en países de América Latina.
La nota precisa además que otros aliados políticos de Capriles en Brasil también figuran en las investigaciones de Lava Jato y de otras operaciones policiales que indagan sobre asociaciones criminales para la malversación de dinero público y otros hechos de corrupción en el país suramericano que involucra a varios personajes políticos de la derecha.
Señala asimismo que el pasado año, durante su visita a Brasil, Capriles sostuvo un encuentro con el excanciller de esa nación José Serra, quien ahora es acusado por actos de corrupción.
Entre ellos destacan contratos públicos fraudulentos, como el escándalo revelado por documentos de Wikileaks, en el que Serra negocia la modificación de reglas de explotación, en detrimento de los intereses de Brasil y en favor de empresas petroleras norteamericanas como Chevron y Exxon Mobil.
En días pasados, Aécio Neves, con el que también Capriles sostuvo un encuentro en 2016, fue protagonista de un escándalo de amplias dimensiones.
Además de la acusación contra Capriles por la donación ilegal de Odebrecht, en Venezuela pesan sobre él otras denuncias por corrupción.
El actual gobernador del estado Miranda fue sancionado recientemente a una inhabilitación política que lo inhibe del ejercicio público por ilícitos administrativos perpetrados durante los años 2011, 2012 y 2013.
Henrique Capriles es uno de los influyentes líderes de la ultraderecha venezolana, y uno de los principales instigadores a la violencia que sacude a esta nación suramericana desde principios de abril y ha provocado 60 muertos, más de mil heridos y multimillonarias pérdidas económicas, siguiendo una agenda golpista que derroque al gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
El escándalo de la empresa Odebrecht sacude hoy grupos de poder en América Latina, que incluyen a expresidentes y, en algunos casos, a presidentes actuales, y logró tener influencias con cantidades de dinero en sobornos buscando lograr licitaciones.
PL

miércoles, 1 de marzo de 2017

Brasil y América Latina / Corrupción: La conexión Odebrecht

El fantasma de la trasnacional brasileña, con su estela de sobornos y su aceitado esquema de lavado de dinero, recorre 12 países de América Latina.

El símbolo fue una rata con una banda presidencial cruzándole el pecho. El bicho (un muñeco gigante) saltaba mientras la gente lo golpeaba. “A la cárcel los presidentes corruptos”, gritaban los manifestantes reunidos en Lima el sábado 18. Eran miles y miles, convocados por organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles. El motivo de la Marcha Anticorrupción, que recorrió el centro de la capital peruana y culminó en el Palacio de Justicia, fue el “megaescándalo Odebrecht”. Perú es –después de Brasil, de donde todo partió, además de Venezuela y Dominicana– uno de los países latinoamericanos donde más lejos llegó la constructora brasileña en el pago de sobornos a dirigentes políticos de distinto pelo con el fin de obtener contratos de obra pública. Y el país en que el escándalo ha tenido más consecuencias políticas.
No se sabe con exactitud cuántas decenas de millones de dólares destinó a ese fin la translatina brasileña en el país andino, pero sí se sabe que bajo la administración de Alejandro Toledo fueron al menos 20. Y también pagó sus buenos sobornos durante el gobierno de Ollanta Humala, y tal vez en el de Alan García. La Fiscalía General de Perú emitió una orden internacional de detención contra Toledo. Se supone que está en San Francisco, Estados Unidos, donde tiene residencia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo gobernaba, dijo que nada sabía de los sobornos, pero en la marcha del sábado pasado la rata era golpeada por manifestantes que coreaban su nombre entre los de otros políticos corruptos a los que había que mandar a la cárcel. Manifestantes interrogados por la prensa peruana recordaron que el Consejo de Ministros presidido por el actual jefe de Estado fue el que aprobó conceder a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de la opinión contraria de los organismos estatales de contralor.
En la manifestación, uno de los ex presidentes más aludidos era Alan García. El ex dirigente del Apra regresó a Perú la semana pasada para declarar como testigo en el proceso Odebrecht. Uno de sus viceministros está acusado de recibir sobornos de la compañía brasileña para la construcción de una línea del metro capitalino, y se investiga la concesión de un gasoducto a la misma empresa, una obra iniciada durante su gestión y culminada bajo la de Ollanta Humala. También García dice que él nada tuvo que ver, pero la fiscalía no le cree. Humala es otro que niega tener algo que ver con las coimas que pagó Odebrecht por el gasoducto (declaró un día después que García), pero su esposa, Nadine Heredia, es investigada por la fiscalía por ese caso y hay indicios de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de este ex presidente que comenzó coqueteando con la izquierda y terminó su gestión gobernando con y para los empresarios.
El viernes 17 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria decidió embargar en unos 80 millones de dólares a Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Corrêa y Oas). Se les congelaron las cuentas bancarias, sus bienes inmuebles y vehículos.
***
Además de Perú, figuran en la conexión Odebrecht Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto Brasil, donde el escándalo comenzó a ser destapado en 2014 con la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca trama de lavado de dinero en la que aparecen implicadas la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas de obras del país, entre ellas Odebrecht.
Delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados se reu-nieron la semana pasada a puertas cerradas en Brasilia para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos 15 países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016. En diciembre pasado la fiscalía estadounidense le abrió una investigación a la brasileña en aplicación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permite sancionar a empresas que operan en el país y hayan cometido delitos fuera de fronteras. Odebrecht admitió los hechos y fue condenada a desembolsar 3.500 millones de dólares en Estados Unidos.
El sistema de delaciones premiadas instaurado por la justicia brasileña, por el cual quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de este tipo ven reducidas sus penas, hizo que 77 ejecutivos de Odebrecht (comenzando por su ex presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, condenado en principio a 19 años de prisión) –y de otras empresas– hablaran a troche y moche. En Brasil fueron salpicados políticos y gobernantes de casi todos los partidos, sobre todo del Partido Progresista, pero también del PT, el Psdb y del Pmdb.
En Colombia aparecen manchados tanto el actual presidente, Juan Manuel Santos, como el anterior, el ultraderechista Álvaro Uribe. Odebrecht habría contribuido con un millón de dólares a la campaña del primero, y un viceministro de Uribe está preso acusado de haber recibido coimas de la constructora brasileña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (de Uribe) en las últimas presidenciales, también habría sido mencionado por Marcelo Odebrecht entre los políticos de rango alto e intermedio que recibieron dinero de su empresa a cambio de favores.
En Panamá el gobierno presentó el lunes 20 una querella criminal contra la firma para recuperar el dinero que ésta pagó en sobornos, que habría totalizado unos 59 millones de dólares en el período 2009-2014, coincidente con la presidencia de Ricardo Martinelli. La justicia suiza congeló las cuentas (22 millones de dólares) de dos de los hijos del ex presidente. También se investiga a un hermano de Martinelli, a un ex ministro, y a casi una veintena de políticos, funcionarios y empresarios. Odebrecht es la principal constructora establecida en Panamá (se hizo cargo de una línea del metro, de la autopista Ciudad de Panamá-Colón, de la remodelación urbanística de Colón, de un paseo marítimo). En enero hubo en el país una gigantesca marcha anticorrupción que algunos analistas llamaron “marcha anti Odebrecht”. Los manifestantes pidieron que se expulse a la empresa brasileña, y que se investigue también al actual gobierno del empresario Juan Carlos Varela. Varela fue vice de Martinelli durante todo su período de gestión y su canciller hasta 2011, cuando rompieron relaciones.
En Guatemala los sobornos pagados por Odebrecht entre 2012 y 2015 llegarían a 18 millones de dólares. La red de corrupción está siendo investigada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, a fines de enero más de 20 organizaciones sociales organizaron una marcha que reunió a decenas de miles de personas. Los manifestantes pedían “el fin de la impunidad en el caso Odebrecht” y estaban vestidos de verde, un color que no identifica a ningún partido político nacional. La empresa brasileña admitió haber repartido unos 92 millones de dólares en coimas a funcionarios dominicanos de distinto rango entre 2000 y 2012, y se comprometió a pagar al fisco unos 182 millones. Pero los partidos de oposición piden que sean encarcelados sus representantes y los gobernantes y políticos que recibieron las coimas.
Venezuela compite con Dominicana por el segundo puesto en montos de sobornos pagados por Odebrecht: entre 90 y 98 millones de dólares por 32 obras que costaron unos 11.000 millones de dólares, según la Ong Transparencia Venezuela. La primera orden de detención en el país se emitió a fines de enero, contra una persona no identificada. Un fiscal venezolano podría interrogar a Marcelo Odebrecht en la cárcel, si la justicia brasileña lo acepta.
En Ecuador, los sobornos pagados habrían alcanzado alrededor de 33 millones de dólares. Un ex ministro de Rafael Correa cayó por este asunto, y los analistas coinciden en que el caso Odebrecht, y los de corrupción en general, jugaron un papel no desdeñable en la elección del domingo pasado.
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Según el fiscal del área internacional de la Operación Lava Jato, Vladimir Aras, las investigaciones van a durar “uno o dos años más”. “Si contamos con la independencia y la autonomía de los ministerios públicos de la región es posible esperar que revelen otros esquemas corruptos paralelos a aquellos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en otros países”, dijo Aras el lunes 20 a la agencia Afp. El fiscal admitió que políticos y gobernantes intentarán protegerse, como ya se vio en el propio Brasil, donde el Congreso aprobó una ley de autoamnistía antes de que los “delatores premiados” de Odebrecht se sentaran a hablar. “En otros países es posible que haya reacciones semejantes, y sabemos que en Angola ya se aprobó una legislación que en cierto modo amnistía conductas ilícitas que fueron practicadas”, apuntó.
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Fuente: http://brecha.com.uy/la-conexion-odebrecht/

martes, 7 de febrero de 2017

Empresa familiar de Macri, vinculada a escándalo de corrupción de Odebrecht


Una compañía del padre de Mauricio Macri le debe importantes sumas de dinero al banco que utilizaba Odebrecht para realizar pagos de soborno y lavado de dinero.
El grupo Sideco Americana le debe sumas indeterminadas de dinero al Meinl Bank, el banco que realizaba los pagos de los sobornos de la constructora Odebrecht. Estas deudas tienen como garantía las acciones de varias empresas del grupo argentino.
Sideco fue establecido por el padre del actual presidente de Argentina, Francisco Macri, y agrupa empresas en una gran variedad de rubros y áreas de negocios. Estos van desde telefonía celular hasta vuelos privados, pasando por constructoras y empresas de extracción minera.
Esta nueva información vincula al grupo y a la familia del mandatario argentino Mauricio Macri con el controversial grupo financiero. Meinl Bank, de origen austríaco, posee una sede en Antigua y Barbuda, un reconocido paraíso fiscal. Esta es propiedad de la empresa brasileña Odebrecht. Además, el grupo financiero está involucrado en escándalos de corrupción en varios países del mundo.
Actualmente, el juez brasileño Sergio Moro investiga los casos de corrupción en el país. Estos incluyen el caso de Lava Jato, llamado así por el uso de negocios de autolavados para el blanqueo de dinero, y los casos de sobornos gubernamentales de parte de Odebrecht en varios países del mundo.
Meinl Bank es el banco involucrado en el pago de estos sobornos que acumulan mil 600 millones de dólares a 40 empresas en paraísos fiscales de todo el mundo. Sideco habría solicitado préstamos a este utilizando como garantía acciones de sus empresas constituyentes.
La información se dio a conocer a través de la Justicia brasileña que realizó una auditoría de los estados contables de Sideco cerrados al 31 de diciembre de 2015. El banco tendría en garantía el 60 por ciento de Socma S.A. y el 40 por ciento de Inversid S.A., los dos socios más importantes de Sideco.
La Justicia brasileña no ha dado a conocer las cantidades exactas que Sideco le debe al banco. Pero por las acciones prendadas en garantía debe tratarse de grandes sumas de dinero. Tampoco han revelado los nombres de las empresas que han recibido los sobornos en el extranjero. Aún queda por determinar el motivo y destino del dinero prestado.
En 2010 Odebrecht compró el 51 por ciento de las acciones de Meinl Bank. En 2014 el banco inició oficialmente los préstamos con respaldo de las acciones de Sideco. Odebrecht también aportó medio millón de pesos argentinos (unos 31 mil dólares) a la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015.
El padre del mandatario también está involucrado en otras investigaciones relacionadas con los Panama Papers. Estos reportes vinculan al grupo Socma S.A. con una compañía panameña a través de la cual se realizaban operaciones ilegales durante los seguros de cambio y la estatización de deudas en Argentina a principio de los años ochenta. Estas controversias se unen al clima general de descontento que se vive actualmente en Argentina.
Telesur

lunes, 23 de enero de 2017

Miles de dominicanos marchan contra la corrupción del caso Odebrecht


Ataviados con camisetas, gorras y banderas verdes, miles de dominicanos participaron este domingo en la marcha “Fin de la Impunidad”, un acto de protesta que denunció la corrupción y los sobornos distribuidos a funcionarios públicos por la empresa brasileña Odebrecht.
La marcha partió a las 10:00 hora local desde la confluencia de las avenidas Máximo Gómez con 27 de Febrero, hasta la Plaza Independencia.
Allí pidieron un minuto de silencio en honor a los militares constitucionalistas como Francisco Alberto Caamaño Deñó (1932-1973); el fundador del movimiento antitrujillista 14 de Junio, Manuel Aurelio Tavares Justo (1931-1963); y los cañeros que exigen pensiones, y se entonó el himno nacional.
El propósito de esta actividad fue llamar la atención de las autoridades por los actos de corrupción que se han destapado en el país, el último de ellos el caso de la constructora brasileña Odebrecht que distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para que le adjudicaran obras públicas.
La marcha fue custodiada en todo momento y durante todo el trayecto por cientos de agentes policiales, pero los participantes en la protesta no provocaron ningún incidente que motivara alguna respuesta represiva.
Y es que los organizadores crearon un amplio equipo de orden, limpieza y animación para garantizar un ambiente de paz y manifestación cívica, según explicaron.
‘El pueblo decidió recuperar la dignidad, decidió el ‘Fin de la Impunidad’, dijo la activista Mary Cantisano, y rechazó que la marcha fuera politizada como afirmaban algunos sectores que descartan toda movilización popular más allá del interés electoral.
El pueblo exige una justicia transparente y cárcel a los corruptos y a quienes nos han engañado, añadió la también excandidata vicepresidencial del partido Alianza País.
Cantisano remarcó que es una iniciativa totalmente ciudadana que sirve como respuesta a quienes han politizado las instituciones del Estado.
‘Con esta demostración les estamos diciendo que hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar la justicia, hay que respetar los derechos de los hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad’, aseveró.
La marcha no representa a ninguna institución en específico, sino que representa a los movimientos sociales del pueblo, que están junto al pueblo y que actúan desde el pueblo mismo, insistió.
Figuras como el ex andidato presidencial Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno), acompañado de su esposa, participaron también en el recorrido.
En tanto Fernando Fernández, extitular de la Dirección General de Aduanas, estuvo presente en la protesta y esclareció que ‘no es contra el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, sino contra la impunidad’.
PL