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lunes, 20 de junio de 2016

Otra matanza en México que los grandes medios internacionales no publican

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Este viernes, RioDoce informó sobre la ejecución y descuartizamiento de al menos siete personas. En febrero, 13 personas entre hombres y mujeres fueron acribillados. Casos que no fueron reportados en medios internacionales.
El noroccidental estado mexicano de Sinaloa está y ha estado siempre plagado de violencia, pero es muy raro que los masacres que suceden frecuentemente sean tomados en cuenta por medios nacionales mucho menos internacionales.
Tal es el caso de la matanza que este viernes reportó el periódico local RíoDoce. En Cacalotán, en el municipio de El Rosario, donde fueron encontradas por lo menos siete personas ejecutadas.
Los primeros informes de la policía señalan que un grupo de personas se trasladaba a bordo de dos camionetas hacia partes altas de la zona serrana para, aparentemente, cortar madera.
Sin embargo, antes de llegar a su destino, fueron interceptados por un grupo fuertemente armado, quienes, agrega el documento, pensaron que quienes serían sus víctimas llegaban para invadir su área de control.
La policía está investigando, pero tomando en cuenta matanzas anteriores, es muy probable que quede en la impunidad, tesis que se fortalece con el hecho de que México tiene uno de los niveles más altos del mundo en este renglón.
En febrero, 13 personas fueron masacradas en San Ignacio, también en el peligroso estado de Sinaloa, de donde es originario el poderoso e infame narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y muchos más, ya que el estado es considerado cuna del por lo menos 80 por ciento de los peores narcos de México.
Cinco mujeres y ocho hombres fueron emboscados la tarde del viernes, 12 del mes antes mencionado. La policía dice que un comando los esperaba, aunque no saben porqué.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, según el diario sinaloense El Debate, se elogió el mismo diciendo que su gobierno tienen un promedio de muertes mensuales de 100 es mucho menor que su antecesor, Jesús Aguilar Padilla, que fue de unos 188.
Una de las peores matanzas en México no cometido por el Estado sucedió en la población de San Fernando, en el norteño estado fronterizo de Tamaulipas, cuando miembros del sanguinario cártel criminal de Los Zetas, fundado fuerzas especiales del Ejército Mexicano entrenados en Estados Unidos, mataron a 72 inmigrantes centroamericanos, entre hombres y mujeres. El motivo nunca se supo.
Un año después, en septiembre de 2011, en el estado suroriental de Veracruz, en la ciudad de Boca Ratón, Los Zetas abandonaron dos camionetas repletas con 40 cuerpos, cinco de ellos completamente descuartizados. La noticia conmocionó al país entero.
Pero la peor matanza de la historia reciente de México fue cometida por el Estado bajo órdenes del entonces secretario de Presidencia, Luis Echeverría Álvarez. El hecho sucedió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, donde miembros del Ejército en coordinación con agentes del servicio de inteligencia, emboscaron y masacraron a por lo menos 500 estudiantes que se dirigían a una protesta masiva. El autor intelectual no ha sido enjuiciado y Echeverría Álvarez fue convertido en presidente.
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Telesur

jueves, 8 de octubre de 2015

Investigan a expresidente colombiano Álvaro Uribe por vínculos con paramilitares

La Fiscalía General colombiana envió expedientes ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, actual senador y expresidente de la República, por su presunta participación en la masacre de El Aro registrada el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia), en el noreste de Bogotá.
Esta solicitud se desprende de las declaraciones entregadas ante una comisión de la Fiscalía General por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos.
Igualmente el ente investigador envió la solicitud ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue el papel del exgobernante en el homicidio del paramilitar Francisco Villalba Hernández -condenado por esta masacre- y quien señaló directamente a Uribe Vélez.
“Me reúno con Villalba y le pregunto si había forma de cesar esas declaraciones contra el gobierno en lo que respecta a lo que sucedió en El Aro. Concretamente, las sindicaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Me responde que no, que continuará porque es una manera de catarsis, de desahogarse con lo que pasó. Le ofrezco un dinero y mejorar las condiciones, pero que por ninguna circunstancia van a cesar las denuncias”, expresó ‘Don Berna’.

Uribe niega acusaciones

El expresidente Uribe dijo: “estoy acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales”. De acuerdo con él, esta es una prueba más de la supuesta persecución que denunció hace algún tiempo por parte del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
“El fiscal Montealegre busca con lupa cosas contra el expresidente para hacer ruido y actuar en una especie de sicariato moral contra todo lo que le huela a uribismo y sus familias”, indicó el senador Ernesto Macías.
Además, la Fiscalía pide establecer la veracidad de las denuncias presentadas por una presunta estrategia encaminada a la presión de testigos para que cambiaran y modificaran sus versiones entregadas a las autoridades judiciales.
En dos oportunidades, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín envió solicitudes para investigar al exgobernador de Antioquia.
El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del senador del Centro Democrático (partido de Uribe), calificó esta nueva decisión como una “persecución sin precedentes” por parte de la Fiscalía General.
Frente a las declaraciones de ‘Don Berna’, el abogado señaló que “es claro que la Fiscalía sigue a quien declara las respuestas que quiere escuchar, hace preguntas claramente sugestivas”.
Para el letrado se ha presentado una vulneración al derecho a la defensa, reiterando que pese a todas las acusaciones hechas hace años se han evidenciado que no son reales. “Ha quedado claro que han mentido quienes lo han dicho y por eso ningún proceso ha podido avanzar”, precisó el defensor.
El editorialista Rodolfo Arango, en una publicación en El Espectador, consideró “preocupante, por decir lo menos, que las declaraciones de ‘Don Berna’ hayan pasado desapercibidas para la opinión pública”. “En ellas afirma, entre otras, que el asesinato del paramilitar Francisco Villalba fue un crimen de Estado. Recordemos que Villalba señaló al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, de ser cómplice en la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997. En nada contribuye a la memoria del conflicto armado que no se esclarezcan estos hechos y que los máximos responsables de delitos atroces no sean identificados y sancionados, así no sea con pena de cárcel”, destacó.
Para Arango, “el silencio ante las declaraciones de ‘Don Berna’ tiene una simple explicación. Sectores influyentes en lo económico y poderosos en lo político apoyan al exmandatario y hoy senador, bien sea por convicción o por miedo”.
El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, insistió en que el fiscal mantiene una campaña de persecución que ya está denunciada en instancias internacionales, al considerar que en Colombia no existen las garantías judiciales.
“El fiscal quiere meter a la cárcel a los integrantes del Centro Democrático a la oposición del Gobierno, al mismo tiempo que quiere a los criminales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la calle”.
Gustavo Veloza/El Telégrafo

martes, 4 de noviembre de 2014

Arrestan a exalcalde de Iguala y a su esposa, acusados de la matanza de 43 normalistas

alcalde de iguala y su esposa
La Policia Federal de México detuvo esta madrugada al exalcalde prófugo de Iguala, Jose Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntos responsables de la matanza de 6 personas y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre, en esa ciudad.
El ex presidente municipal perredista, que se había convertido en el hombre más buscado de México, era el eslabón central en este caso que se convirtió en la crisis más delicada del gobierno del presidente Peña Nieto.
Abarca desapareció desde el lunes 29 de septiembre, siendo el Distrito Federal el último lugar en el que se le ubicó, tras un encuentro con un dirigente del PRD. Allí se le perdió la pista a pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong había pedido al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desde el mismo sábado 27 de septiembre, que le colocara doble vigilancia para impedir que se fugara… y se fugó.
El perredista fue removido de su cargo por el Cabildo de Iguala y a pesar de las suspensiones que logró para evitar su captura, que al final la juez canceló por falta de los depósitos para la garantía, se le extendieron órdenes de aprehensión, por homicidio, intento de homicidio, encubrimiento y desaparición forzada de personas.
Su detención, con su esposa también buscada por la justicia, se dio esta madrugada, entre las 12:30 y las 2:00 h, en una casa de Iztapalapa, en un área muy cercana a Ciudad Nezahualcoyotl, en una operación diseñada por el CISEN y efectuada por agentes de un grupo de élite de la Policía Federal.
La información que se tiene es que desde ayer la PGR obtuvo el pitazo de dos vecinos, dos llamadas en donde algunos vecinos alertaban haber visto a los hoy detenidos y dieron detalles de la casa en donde se encontraban.
Los trabajos de inteligencia dieron con una señora que les había rentado una casa. Ubicada esta y confirmada la presencia en ese inmueble de los Abarca, se preparó el operativo y los federales los sorprendieron y detuvieron sin que ofrecieran resistencia alguna.
Los prófugos estaban escondidos desde hace varias semanas en esa casa que le había rentado una mujer, detenida, en condiciones muy diferentes a las que tenían en su residencia de Iguala con apenas una cama, una mesita y una pequeña televisión.
Estaban despiertos cuando los agentes federales irrumpieron para detenerlos y ponerlos a disposición del agente del ministerio público de la Federación.
Esta detención da un vuelco al caso Iguala, a la desaparición de los 43 normalistas, hace 39 días, pero también se lo da a la crisis que provocó el caso desde las primeras horas del sábado 27 de septiembre, cuando se empezó a conocer la dimensión del crimen.
(Tomado del blog lopezdoriga.com)