Los defensores de derechos humanos más atacados en el 2010 fueron los sindicalistas, los ambientalistas y las mujeres activistas contra la trata de seres humanos.
Cerigua
Los defensores de derechos humanos más atacados en el 2010 fueron los sindicalistas, los ambientalistas y las mujeres activistas contra la trata de seres humanos, en tanto que el Estado no ha sido capaz de proteger la vida y la seguridad estas personas, aseguró Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
Samayoa dijo que UDEFEGUA ha registrado al menos 294 ataques contra activistas humanitarios, de enero hasta la primera quincena de diciembre; algunos casos como el asesinato de la socióloga Emilia Quan en Huehuetenango, recibieron la condena nacional e internacional pero otros crímenes se quedaron en el anonimato, como el del guardarecursos, David Salguero, en Petén, indicó.
De acuerdo con la directora, este año las agresiones disminuyeron en comparación al año pasado, sin embargo la disminución de ataques puede deberse a que muchos defensores ya no denuncian los hechos en su contra, debido a la débil respuesta del Estado.
Un alto número de ataques este año retoman el patrón de criminalización contra organizaciones defensoras del medio ambiente, como ha sucedido en Chiquimula y Zacapa, dijo Samayoa.
En Jocotán, Chiquimula, la organización Plataforma Agraria fue acusada de desinformar a vecinos sobre el proyecto del Corredor Tecnológico en Jocotán, Chiquimula, quienes provocaron disturbios frente a la municipalidad, que dejaron como saldo un policía muerto y varios heridos; en Zacapa, las amenazas e intimidaciones se han dado en contra de defensores de las fuentes de agua y la montaña Las Granadillas.
Samayoa relató que otro grupo que ha sido muy golpeado es el de los sindicalistas, varios de ellos miembros del Frente Nacional de Lucha (FNL) y de la gremial de la salud, quienes se han pronunciado en contra de la corrupción.
En febrero de 2010 las organizaciones denunciaron el asesinato de Pedro Antonio García, del Sindicato de Trabajadores de Malacatán, San Marcos, presuntamente por reclamar derechos laborales en la municipalidad de esa localidad.
La activista de derechos humanos manifestó que la respuesta del Estado ha sido débil ante esta situación; la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) no entregó el Programa de Protección a Defensores y la instancia de análisis de ataques a defensores del Ministerio de Gobernación está muy debilitada; a varios activistas se les ha retirado la seguridad que tenían, agregó.
Finalmente, Samayoa indicó que la situación de desprotección se agrava en departamentos alejados del área metropolitana, como San Marcos, Huehuetenango y Petén, pues no hay fiscalías en todos los municipios y enfatizó que la impunidad sigue siendo un grave problema.
En estos departamentos se registraron los asesinatos del guardarecursos David Salguero, la socióloga Emilia Quan y del sindicalista Pedro Antonio García, aunque estos no fueron los únicos crímenes reportados en 2010; también fueron muertos de forma violenta el artista y promotor de la cultura Maya, Lisandro Guarcax, en Sololá; Octavio Roblero y Evelinda Ramírez, en San Marcos y el dirigente campesino Efraín Mantar Corea, en Los Amates, Izabal, entre otros más.
Samayoa dijo que UDEFEGUA ha registrado al menos 294 ataques contra activistas humanitarios, de enero hasta la primera quincena de diciembre; algunos casos como el asesinato de la socióloga Emilia Quan en Huehuetenango, recibieron la condena nacional e internacional pero otros crímenes se quedaron en el anonimato, como el del guardarecursos, David Salguero, en Petén, indicó.
De acuerdo con la directora, este año las agresiones disminuyeron en comparación al año pasado, sin embargo la disminución de ataques puede deberse a que muchos defensores ya no denuncian los hechos en su contra, debido a la débil respuesta del Estado.
Un alto número de ataques este año retoman el patrón de criminalización contra organizaciones defensoras del medio ambiente, como ha sucedido en Chiquimula y Zacapa, dijo Samayoa.
En Jocotán, Chiquimula, la organización Plataforma Agraria fue acusada de desinformar a vecinos sobre el proyecto del Corredor Tecnológico en Jocotán, Chiquimula, quienes provocaron disturbios frente a la municipalidad, que dejaron como saldo un policía muerto y varios heridos; en Zacapa, las amenazas e intimidaciones se han dado en contra de defensores de las fuentes de agua y la montaña Las Granadillas.
Samayoa relató que otro grupo que ha sido muy golpeado es el de los sindicalistas, varios de ellos miembros del Frente Nacional de Lucha (FNL) y de la gremial de la salud, quienes se han pronunciado en contra de la corrupción.
En febrero de 2010 las organizaciones denunciaron el asesinato de Pedro Antonio García, del Sindicato de Trabajadores de Malacatán, San Marcos, presuntamente por reclamar derechos laborales en la municipalidad de esa localidad.
La activista de derechos humanos manifestó que la respuesta del Estado ha sido débil ante esta situación; la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) no entregó el Programa de Protección a Defensores y la instancia de análisis de ataques a defensores del Ministerio de Gobernación está muy debilitada; a varios activistas se les ha retirado la seguridad que tenían, agregó.
Finalmente, Samayoa indicó que la situación de desprotección se agrava en departamentos alejados del área metropolitana, como San Marcos, Huehuetenango y Petén, pues no hay fiscalías en todos los municipios y enfatizó que la impunidad sigue siendo un grave problema.
En estos departamentos se registraron los asesinatos del guardarecursos David Salguero, la socióloga Emilia Quan y del sindicalista Pedro Antonio García, aunque estos no fueron los únicos crímenes reportados en 2010; también fueron muertos de forma violenta el artista y promotor de la cultura Maya, Lisandro Guarcax, en Sololá; Octavio Roblero y Evelinda Ramírez, en San Marcos y el dirigente campesino Efraín Mantar Corea, en Los Amates, Izabal, entre otros más.
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