Una vez más periodistas y reporteros gráficos que cubren la fuente judicial son víctimas de amenazas e intimidación por miembros de la Policía Nacional
Ante ello medios de comunicación con el afán de brindar protección a sus reporteros los dotan de chalecos antibalas al no encontrar respuestas en los organismos de investigación y las instituciones operadoras de justicia.
El 3 de noviembre del presente mes el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emitió la alerta: “Por investigar crímenes comunicadores son hostigados por la Policía Nacional”, en la misma se evidenció que Periodistas hondureños, que cubren las fuentes policial y judicial, denunciaron públicamente ser hostigados por miembros de la Policía Nacional a consecuencia del trabajo de investigación que realizan sobre el asesinato de los dos estudiantes universitarios; Carlos Pineda y Rafael Vargas, el pasado viernes 22 de octubre.
Veintiún días después, los comunicadores continúan preocupados ante las acciones de intimidación que sufren en el ejercicio de su labor periodística por parte de policías, quienes a diario tratan de censurar su trabajo.
De acuerdo a la denuncia de diario La Tribuna publicada el miércoles 23 en la página 14, el domingo 20 de noviembre uno de sus reporteros, al salir de su jornada de trabajo, sufrió un atentado por hombres armados que le dispararon desde un vehículo en marcha.
Hace tres días el policía Mario Antonio Álvarez Izaguirre, a su salida de los Juzgados capitalinos, donde está enfrentado un juicio por la pérdida de una pistola de reglamento, amenazó a un reportero gráfico del mismo diario, cuando estaba cubriendo el hecho, “Mañana voy libre, y si me sacas en el periódico te voy a buscar y atenete a las consecuencias”, narró el afectado.
Según las victimas existe un sistema hostil, represivo y sin argumentos, por parte de la policía, “Claro que nos preocupa en primer lugar nuestra familia y después nuestra integridad física, pero estos sujetos no entienden que nosotros solamente cumplimos con nuestro trabajo”, enfatizó el comunicador.
Ante las continuas denuncias por parte de organismos de derechos humanos, de medios de comunicación y de los mismos periodistas el presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó una investigar inmediata de los hechos, aunque el 19 de noviembre el mandatario expresó que su gobierno estaba aplazado en cuanto a la investigación de periodistas y comunicadores asesinados.
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