Claudia y Ángel representan hoy a miles de mujeres y migrantes que habiendo sufrido las diferentes y humillantes formas de tortura precisamente por ser mujer y migrante, claman sin que nadie las escuche.
México es uno de los países prioritarios en la labor de activismo, investigación e incidencia que realizan varias organizaciones internacionales contra la tortura. La razón de que ello sea así rebasa el discurso político del Estado de negación de esta práctica sistemática y las mentiras en torno a las sentencias dictadas por este crimen. La realidad es abasallante y son las víctimas, no así el Estado mexicano, quienes luchan por hacer eficaz la proscripción de esta práctica sistemática, generalizada y endémica en nuestro país.
Este jueves 4 de septiembre Amnistía Internacional lanza un Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, dedicado a la situación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En él se recogen varias historias paradigmáticas de esta práctica y los extenuantes esfuerzos de las y los sobrevivientes por acceder a la justicia. Claudia Medina Tamariz y Ángel Amílcar Colónson dos de esas personas, que acompañadas por el Centro Prodh, denunciaron la tortura sobrevivida en sus más variadas formas. Ambos casos se enmarcan en un contexto de militarización de la seguridad pública, de fabricación de culpables y coinciden en formas de expresión de la tortura que se agravan en razón de sus condiciones de vulnerabilidad: Ángel por ser migrante afrohondureño y Claudia por ser mujer.
En agosto de 2012 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México sustrajeron ilegalmente a Claudia de su domicilio, la vendaron y trasladaron a una base naval en el puerto de Veracruz donde la mantuvieron incomunicada por 36 horas. Durante este período fue víctima de tortura. Después la exhibirían ante los medios de comunicación como integrante de un cártel de la delincuencia organizada.
Además de los golpes y electrochoques, Claudia sobrevivió la sexualización de la tortura como una forma de violencia y discriminación en base al género. Fue tocada las partes más íntimas de su cuerpo, obligada a desnudarse frente a sus agresores y a lavar la ropa de los marinos. Al día de hoy el Estado no ha respondido ante a ella, antes bien continúa criminalizándola por delitos que no cometió. Su caso es el “emblemático” en México para Amnistía Internacional, dentro de la campaña Stop Tortura; y ello ha provocado una generosa suma de acciones de activismo en torno a ella, que le han cobijado y proveido de garantías mínimas que el Estado no desea cubrir.
Apenas tres años antes y en otras coordenadas al noroeste de país, Ángel estaba siendo privado de su libertad. En marzo de 2009, después de verse obligado a cruzar México en medio de los numerosos riesgos a que las personas migrantes están expuestas en su tránsito por nuestro país, Ángel fue víctima de un traficante de personas que le prometió pasarlo a Estados Unidos pero en cambio lo secuestró en una casa de seguridad.
Unos días después de estar privado de su libertad un operativo en el que participó la Policía Estatal y la Policía Federal irrumpió en la casa y detuvo a Ángel en un terreno baldío. Ángel debió ser tratado como una víctima y rescatado por los policías; no obstante, los aprehensores lo torturaron y discriminaron en una base militar en presencia del Ministerio Público Federal y de su defensora pública federal.
A pesar de que en sede judicial, Ángel denunció la tortura y la discriminación de que fue objeto un juez de segunda instancia confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y acopio de armas utilizando como base el color de su piel y además no dio vista al Ministerio Público para que iniciara una averiguación previa. Por esa razón y considerando que la razón de su detención fue su condición de migrante y garífuna, Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia y solicitó a la Procuraduría General de la República que se desista de la acusación contra él.
Claudia y Ángel alzan su voz para decir que la tortura es un mal que no ha sido erradicado y que en sus casos ha quedado demostrado que el gobierno mexicano no ha dado pasos concretos para hacerlo, más allá del discurso vacío e incluso alejado de la verdad que intenta sostener.
Claudia y Ángel representan hoy a miles de mujeres y migrantes que habiendo sufrido las diferentes y humillantes formas de tortura precisamente por ser mujer y migrante, claman sin que nadie las escuche.
Invitamos a la o el lector a alzar su voz también, en apoyo a quienes luchan por recuperar sus vidas.
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Firma la petición de Amnistía sobre ÁNGEL AMÍLCAR dando click AQUÍ
*Este texto fue publicado inicialmente en el blog La lucha cotidiana de los DH en Animal Político
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