El gobierno peruano ordenó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas en respaldo de la Policía en siete regiones, ante la inminencia de dos jornadas de protestas y paros, principalmente en el sur del país.
La medida tendrá vigencia hasta el 24 de junio en las regiones sureñas de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como la norandina de Cajamarca, donde mañana se inicia un paro de 48 horas en solidaridad con la huelga del valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María.
El citado valle se encuentra en la región sureña de Arequipa, en la provincia de Islay, bajo estado de emergencia y con despliegue de tropas desde el fin de semana último, tras una cuarta muerte en incidentes registrados en la huelga, que lleva más de dos meses.
La resolución que ordena la intervención militar en las siete regiones señala que el objetivo de la medida es asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia durante las movilizaciones promovidas en esos territorios por diversas organizaciones sociales.
Los militares no reemplazarán a los policías y se limitarán a garantizar la libertad de tránsito en las carreteras y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos vitales, entre otras tareas.
La orden sostiene que la medida no implica la afectación de los derechos constitucionales, las leyes y los los derechos humanos y es firmada por el presidente Ollanta Humala y por los ministros de Defensa, Jakke Valakivi; y del Interior, José Luis Pérez.
Entretanto, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la región de Arequipa, Gerónimo López, uno de los dirigentes del llamado paro macro-regional, informó que a las jornadas de protesta de mañana y el jueves se unieron organizaciones de las también sureñas de Ica y Madre de Dios.
Rechazó la eventual presencia en las protestas de lo que llamó infiltrados que realicen actos de violencia y dijo que serán sometidos por los propios huelguistas.
Señaló que la protesta rechaza el proyecto Tía María porque pone en peligro a la agricultura del valle del Tambo, su área de influencia.
El gobierno y la empresa a cargo, Southern, niegan tal riesgo, frente a reclamos de que el estudio de impacto ambiental aprobado oficialmente sea revisado, evaluación que rechazó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
PL
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