El texto legal prohíbe de forma expresa el ingreso al país o la producción de semillas transgénicas. Los productores de semillas dicen que defenderán la norma.
El pasado 22 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional de Venezuela, que la mayoría bolivariana controló hasta el 31 de diciembre, aprobó en sesión extraordinaria la Ley de Semillas, que tiene como objetivo principal la prohibición de las simientes modificadas genéticamente, también llamadas ‘transgénicas’, por lo que comúnmente se la conoce como ‘Ley Anti-Monsanto’.
Dice el artículo 1 del texto publicado en ‘Gaceta Oficial’, que esta ley es: “contraria a las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla, prohibiendo la liberación, el uso de la multiplicación, la entrada al país y la producción nacional de semillas transgénicas con el fin de alcanzar y garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria”.
Al día siguiente de su promulgación, el 29 de diciembre de 2015, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró que la Ley de Semillas “contempla la protección de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, así como la prohibición absoluta de la importación, producción o comercialización de semillas transgénicas”, informó el diario ‘Correo del Orinoco’.
Ahora bien, desde enero de 2016 el Parlamento venezolano es controlado por la mayoría opositora, que obtuvo una amplia victoria en los comicios legislativos de finales del 2015.
En varias ocasiones, sus voceros han expresado su deseo de derogar las leyes que fueron aprobadas luego de realizados los comicios parlamentarios, entre ellas, la Ley de Semillas.
Varias organizaciones de campesinos venezolanos que participaron en la elaboración del texto que finalmente se convirtió en ley han salido a las calles dispuestas a defender una normativa que sienten suya.
Según la antropóloga venezolana Eisamar Ochoa, vocera del Movimiento Semillas del Pueblo: “La nueva mayoría de la Asamblea Nacional de Venezuela tributa a los intereses de las empresas transnacionales y los grandes monopolios del agronegocio, por ello es que han anunciado su interés en derogar la Ley de Semillas”.
La antropóloga venezolana sostiene que al eliminar la ley “aumenta el riesgo de caer en el manos del agronegocio, como Monsanto, que con su paquete de tecnología transgénico ha traído efectos devastadores para los ecosistemas de América Latina, la salud de los campesinos y el cambio climático”.
Yaheli Fuenmayor, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, estima que el tema de los cultivos transgénicos trae consigo “muchos intereses económicos para quienes tienen la capacidad de manipularlos y crearlos”.
En su opinión, “la liberación al ambiente de semillas modificadas genéticamente ha dejado consecuencias catastróficas no solo a nivel socioeconómico: a nivel ecológico ha destruido la diversidad biológica, también atenta contra la salud humana”.
Mencionó estudios según los cuales en los últimos 20 años solo en Estados Unidos “a partir del uso de organismos genéticamente modificados se han incrementado de manera exponencial diversos tipos de cáncer, enfermedades gastrointestinales, renales y hepáticas”.
El uso de cultivos transgénicos, dijo, ha sido tomado a la ligera por entes reguladores y empresas que los promueven.
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