Fuentes aseguran que la familia del presidente Juan Orlando Hernández ha estado vinculada con el narcotráfico.
Los gobiernos de derecha en Honduras se han visto salpicados por numerosos escándalos relacionados con el crimen organizado y el actual presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, no escapa de esta situación.
Fuentes aseguran que su familia ha estado vinculada con el narcotráfico, así como uno de sus aliados políticos más importantes, las fuerzas armadas.
El expresidente de ese país, Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), también ha sido denunciado de haber protegido durante su mandato a narcotraficantes a cambio de sobornos.
Los escándalos de ambos gobiernos del Partido Nacional revelan cómo el narcotráfico ha penetrado las estructuras políticas del país centroamericano.
Vinculaciones del Gobierno con el crimen organizado
El 7 de octubre de 2016, un comunicado de prensa del Gobierno de Estados Unidos incluyó una lista de sospechosos de tener alguna relación con el cártel del Atlántico, una red de transporte que opera en la provincia de Mosquitia, en el noreste de Honduras.
Entre las personas mencionadas se encuentra, además del cabecilla del cártel llamado Wilter Neptalí Blanco Ruiz, los capitanes del Ejército Carlos Alberto Maradiaga Izaguirre Santos Rodríguez Orellana.
De acuerdo con el diario La Prensa, alcaldes, policías, jueces y empresarios también destacan en la lista.
El 17 de octubre de 2016, el portal InSight Crime informó que una fuente de la Embajada de Estados Unidos dijo que Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, fue considerado una “persona de interés” en la investigación.
Las vinculaciones fueron reforzadas cuando el pasado 16 de marzo el exlíder del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, afirmó durante una audiencia judicial en Nueva York que mantuvo una reunión con “Tony” Hernández, mientras cooperaba con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).
Rivera aseguró que el hermano del presidente hondureño pidió un soborno a cambio de conseguir fondos públicos para cubrir una supuesta deuda del Gobierno con una empresa del grupo criminal.
La empresa llamada Inrimar, dedicada al ramo de la construcción e infraestructura, era con la que el Gobierno hondureño debía dinero y mantenía contratos públicos.
De acuerdo con el excapo, el cártel creó la compañía para lavar recursos generados por el narcotráfico. “Tony” Hernández, según Rivera, conseguía el dinero público para aliviar la deuda que la administración mantenía con la empresa, a cambio del soborno.
Además del hermano del presidente, el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dos diputados y un alcalde fueron vinculados con el narcotráfico.
Fortalecimiento del crimen organizado
El activista en derechos humanos Javier San Vicente Maeztu reseña en un artículo que “la actividad del crimen organizado se vio fortalecida durante el período de hegemonía nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes”.
En 2015, la DEA capturó en Haití a uno de los hijos del expresidente Porfirio Lobo. Tras ala detención se reveló que el crimen organizado tenía nexos con altos mandos del Partido Nacional.
El exlíder del cártel de Los Cachiros, además de confesar haber mantenido contactos con el hermano del actual presidente, declaró que cuando Lobo era candidato a la presidencia le entregó 500.000 dólares a cambio de “protección política en investigaciones policiales, impedir la extradición a Estados Unidos y el otorgamiento de contratos a agencias gubernamentales hondureñas a compañías de fachada para lavar dinero controlados por Los Cachiros”.
Tras la elección de Lobo, el narco afirmó que este “nos recomendó que hiciéramos las empresas, que él nos iba a dar los contratos del Gobierno para pagarnos el soborno que le habíamos dado para su campaña”.
Asimismo, el hijo de Lobo, Fabio Lobo, se declaró culpable ante un juez federal de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos.
Maeztu no descarta que “el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se muestran evidencias graves de su involucramiento con el cártel de Los Cachiros”.
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