Colombia padece una oleada de asesinatos de defensores de los derechos humanos, indígenas y dirigentes sociales, una escalada de violencia que es ocultada por los medios de comunicación que controlan la agenda informativa en América Latina. Solo en la última semana seis indígenas fueron asesinados, informó Amnistía Internacional.
Las matanzas incluyen también a ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indultados en el marco de los acuerdos de paz, cuyo avance está amenazado gravemente por estos ataques, muchos de los cuales son cometidos por grupos armados frente a los cuales el gobierno de Juan Manuel Santos permanece totalmente pasivo.
Colombia es así, por mucho, el país de América Latina donde están ocurriendo más muertes violentas por motivos políticos en lo que va de 2017, con una mayoría abrumadora de víctimas de exponentes e integrantes de sectores que no están alineados con el gobierno de Santos.
Sin embargo, esta situación dramática es invisibilizada por las corporaciones informativas con posición dominante en la región, que se centran en cambio en la información que consideran adversa para los gobiernos a los que combaten, con Venezuela como objetivo permanente de esa postura.
Una búsqueda en internet de las noticias publicadas sobre Colombia en las últimas dos semanas en diarios suramericanos pone con absoluta supremacía a las opiniones del presidente sobre Venezuela, y luego un anuncio suyo sobre el sistema de pensiones.
Pueden verse “noticias” sobre una modelo enojada por no ganar un concurso de belleza, novedades del cantante Maluma y datos de la cotización del futbolista James Rodríguez antes que un informe sobre las matanzas en curso. Aislado aparece, en algunos pocos diarios, el comunicado de Amnistía Internacional.
Entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 fueron asesinadas 156 personas, hubo al menos 5 desaparecidos y 33 atentados, expresa el informe “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos” que presentó el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera.
Las víctimas de esta matanza sistemática son de los departamentos (provincias o estados) de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
El defensor explicó que “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”.
Amnistía Internacional advirtió el viernes 21 de abril que “el asesinato de seis indígenas en la última semana genera serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz”.
Es que entre las víctimas figura el líder del Cabildo Indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, Gerson Acosta, quien en teoría contaba con protección del gobierno de Santos, ya que había recibido amenazas por su defensa de los derechos humanos, agregó el organismo internacional.
Los acuerdos de paz fueron firmados en noviembre de 2016. Santos prometió custodiar las zonas donde operaban las FARC y se desmovilizaron, pero grupos paramilitares y otras bandas criminales parecen gozar de todas las libertades para cometer asesinatos.
La revista Arcadia expresó a su vez que en un año fueron asesinados 70 defensores de los derechos humanos, 30 de ellos desde el comienzo del cese del fuego entre el gobierno y las FARC. Al respecto el sociólogo Alfredo Molano, experto en el conflicto colombiano, dijo a la revista que los crímenes “no han dejado de suceder desde que comenzaron los acuerdos de paz”.
Pero no se refiere a los acuerdos con las FARC, sino que se trata, dijo, de la “continuación de los asesinatos de la UP”, la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierda creada en 1985, conformada en parte por ex guerrilleros y que sufrió el exterminio de sus dirigentes y militantes a manos del Ejército, la Policía, cuerpos de inteligencia, bandas paramilitares y parapoliciales y del narcotráfico.
Molano afirma que “el asesinato de periodistas y gente cívica ha contribuido a domar a la opinión pública y eso ha debilitado toda oposición y la democracia y fortalecido la lucha armada. Eso es lo que hoy día tratamos de romper, pero si no paran esos asesinatos las consecuencias serán graves”.
Mencionó el asesinato de dos guerrilleros en Magdalena medio. “Si fueron francotiradores del Ejército, como parece ser, es muy grave, se está incumpliendo el cese al fuego pactado; no quieren cumplir y abren las puertas de nuevo a las masacres y al paramilitarismo”.
Las FARC denunciaron la acción de grupos paramilitares en Tumaco, municipio de Nariño, después del asesinato el 26 de abril de Luis Ortiza Cabezas, ex guerrillero que fue alcanzado por la ley de amnistía e indulto debido al proceso de paz y que había salido de la cárcel dos semanas antes de ser atacado a balazos.
Según Edison Romaña, dirigente de las FARC a cargo de una de las zonas transitorias de normalización en Tumaco, en la región operan al menos diez “estructuras” de paramilitares, lo que está en conocimiento de las fuerzas armadas y del Estado.
Foto: CHRISTIAN ESCOBAR MORA | EFE
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