Un manifestante en España contra la Ley Mordaza. Foto Reuters.
Dos meses después de la entrada en vigor en España de la polémica ley de seguridad ciudadana, apodada por sus detractores ley mordaza y aprobada en solitario por el conservador Partido Popular de Mariano Rajoy, las primeras multas han sembrado la controversia en el país.
Una de las más comentadas es la que recibió hace unos días una mujer en la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante, al sureste, por subir a Facebook una fotografía de un vehículo de policía estacionado en un lugar reservado para personas con movilidad reducida. “Aparcas donde te sale de los coj.. y encima no te multan…”, escribió la usuaria junto a la imagen.
La consecuencia: una multa de 800 euros (910 dólares) interpuesta por los propios agentes, quienes aplicaron el artículo 36.23 de la nueva normativa, que prohíbe la toma de imágenes de las fuerzas de seguridad en caso de que se “pueda poner en peligro la seguridad de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
“En este caso no se cumplía ninguno de estos requisitos”, lamenta en conversación Carlos Beneitez, portavoz de la plataforma No Somos Delito, que desde hace más de un año denuncia las posibles consecuencias de la llamada ley mordaza.
El efecto más llamativo en que sustrae la sanción de conductas del control previo de los jueces. Las faltas, infracciones leves instruidas por un juez, se convierten en su mayoría en sanciones administrativas que son castigadas con multas impuestas directamente la administración. Solo es posible la intervención judicial a posteriori, si se interpone un recurso contencioso administrativo.
Mientras el gobierno de Rajoy defiende que la ley es “plenamente garantista” y que con ella se aligera el funcionamiento de la Justicia, algunos magistrados consideran que supone una pérdida de garantías para los ciudadanos.
“Como muchas de las resoluciones judiciales relativas a protestas o escraches (señalamientos) a políticos no han gustado al gobierno, éste ha creado un procedimiento administrativo donde la administración es juez y parte”, denuncia Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia.
La ley de seguridad ciudadana, que contempla multas de hasta 600 mil euros por manifestarse en “lugares críticos”, fue impulsada por el gobierno de Rajoy en uno de los momentos de más contestación social en España, a raíz de las políticas de ajuste aplicadas en medio de la crisis económica más importante de la historia reciente del país.
Sus detractores denuncian que fue hecha a medida para “castigar” las acciones de algunos de los principales colectivos de protesta: entre ellos la ONG Greenpeace, plataformas ciudadanas antidesalojos o el 15-M, también conocido como movimiento de los “indignados”.
Pero en sus dos primeros meses en vigor, coincidentes con el verano español y con escasas acciones de protesta, se ha aplicado principalmente a ciudadanos de a pie de calle. Como un camionero de Málaga, en el sur que fue sancionado con 300 euros por llamar “colega” a un policía en un control de alcoholemia. O un joven que fue multado por hacer un comentario a través de las redes sociales en el que llamaba “escaqueados” a los policías de su localidad.
“Los primeros supuestos en los que se ha aplicado la ley confirman los peores presagios que teníamos sobre los riesgos en cuanto a limitación de las libertades. Una de las críticas mayores que hicimos es que… se trata de normas ambiguas que en manos de las fuerzas policiales llevan a sanciones desproporcionadas, injustificadas y con elementos de indefensión de las personas que son sancionadas”, dice Bosch.
La ley de seguridad ciudadana también ha servido de base en estos dos meses para multar a prostitutas por “obstruir la vía pública” en ciudades como Madrid. Colectivos sociales denuncian que estas sanciones empeoran la situación de las mujeres, que se ven abocadas a alejarse de los núcleos urbanos y buscar lugares más peligrosos.
“Hubo un caso muy llamativo, de una prostituta que era víctima de una red de trata de personas para la explotación sexual. Y aún así fue multada con 600 euros”, destaca Beneitez.
Ahora, la mirada está puesta en septiembre, cuando arranca el curso político en España. Coincidiendo con dos campañas electorales en el país, la de los comicios de la región de Cataluña y la de los comicios generales previstos a final de año, se prevé un mayor número de acciones de protesta.
“Hemos detectado un mayor miedo a convocar y difundir convocatorias”, advierte Beneitez. “Hay que tener en cuenta que solo por difundir a través de Twitter una protesta que termine en disturbios, se puede imputar un delito de incitación a los desórdenes públicos”.
(Con información de La Jornada)
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