San Salvador – Cerca de las cinco de la mañana de este jueves tres hombres armados entraron a las oficinas de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Los sujetos esperaron a que uno de los empleados de la entidad llegara, pues tenían que hacer un viaje de campo, y los tres con pistola en mano lo sometieron para que este no dijera nada y le pidiera al vigilante que abriera la puerta.
El vigilante del lugar dice que su compañero solo le dijo “ey viejito, abrime la puerta”, como siempre lo ha hecho, por lo que sin desconfianza abrió. Cuando lo hizo, era demasiado tarde para reaccionar, le quitaron su arma, junto a él había otro hombre, quien tampoco pudo hacer nada. Los delincuentes les ataron las manos y los tiraron boca abajo en el suelo.
Los hombres no usaban nada que les cubriera el rostro, pero debido a la poca luz y lo rápido que actuaron no pudieron verlos, dicen los que sufrieron el ataque. El vigilante aseveró que sólo escuchaban cuando abrían las gavetas, tiraban las cosas y cuando preguntaban “¿esto lo llevamos o lo dejamos?”.
Los asaltantes antes de partir con archivos y equipo de la oficina, rociaron gasolina a las instalaciones y prendieron fuego. Los tres hombres que quedaron atados, lograron soltarse a tiempo para poder controlar el fuego, usaron mangueras, al poco rato llegaron los bomberos pero muchos de los documentos ya habían sido consumidos por las llamas.
Luego de un breve recorrido dentro de las instalaciones, Ester Alvarenga, del equipo técnico de Pro Búsqueda y ex directora de la entidad, informó que las áreas más afectadas fueron la administrativa y la de incidencia.
“La información del área jurídica, que son los casos que están en el sistema de justicia, está semi-destruida; la que más destruida está es la información contable y toda la información donde se recopila el trabajo que se hace con la gente está totalmente destruida”, señaló Alvarenga.
La ex directora de Pro Búsqueda aseguró que como asociación sí poseen respaldo de la información que en ese lugar manejaban.
“En 19 años en Pro Búsqueda no había pasado un acontecimiento como este (…) nos sentimos sorprendidos, porque a Pro Búsqueda no debe hacérsele daño, debe ser protegida porque hace una labor que nadie ha querido hacer en este país y los resultados de su trabajo lo dice”, declaró Alvarenga, junto a ella había empleados de la asociación consternado por el suceso.
Pro Búsqueda de Niñas y Niños desparecidos fue fundada en 1994, dos años después de haber sido firmados los Acuerdos de Paz en El Salvador. El fundador fue el ya fallecido sacerdote jesuita Jon Cortina; fue durante el reencuentro de cinco niños en Guarjila, Chalatenango, cuando dio paso de salida para que Cortina iniciara las diligencias necesarias a fin de crear una institución que buscara a niños y niñas desparecidos durante el conflicto armado.
Al lugar asistió el Procurador General de los Derecho Humanos, David Morales, quien condenó el hecho, afirmando que no se veían este tipo de ataques contra los defensores de los Derechos Humanos desde inicio de las década de los 90. Además afirmó que es claro que existe un propósito de infundir miedo y temor.
Cerca de 1.200 casos de menores desapariciones forzosas han sido denunciados, tanto a Pro Búsqueda, como a la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda.
La inmensa mayoría de estos casos vinculan a antiguos agentes estatales, es decir, ejército y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y Policía de Hacienda, estos últimos suprimidos después del fin de la guerra civil en 1992.
Pr Búsqueda ha resuelto 387 casos de niñez desaparecida y ha propiciado 237 reencuentros. Asimismo han conseguido dos sentencias internacionales en contra del Estado.
En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las desapariciones de seis niños, entre ellos los hermanos Contreras, durante el conflicto armado en El Salvador, y por la cual el Estado fue condenado en 2011.
Esa se convirtió en la segunda condena que recibió El Salvador por desapariciones de niños durante la guerra. La primera vez fue el 1 de marzo de 2005 por el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz, en su dictamen la Corte dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debía pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares, entre otras.
Y el lunes 11 de noviembre pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia probatoria convocada en los procesos Constitucionales de habeas corpus, esto por la incomparecencia de las Fuerzas Armadas como autoridad demandada. En este caso Pro Búsqueda presentaría información probatoria ante la justicia.
Reacción de la Procuraduría de Derechos Humanos
A las instalaciones de la entidad acudió el titular de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, quien condenó el hecho, afirmando que el atentado contra Pro Búsqueda tiene similitud a atentados políticos que ocurrían durante el conflicto armado que aquejó a El Salvador durante 12 años. Declaró que hechos como ese son con el propósito de infundir miedo y temor.
“Por la información preliminar yo quiero ahondar en la preocupación en el sentido que el atentado tiene las características que tuvieron los atentados políticos contra defensores de derechos humanos en la guerra civil (…) el trabajo parece haber sido realizado por personas que sabía muy bien el propósito, buscaron destruir archivos institucionales históricos”, dijo Morales.
Actualmente, la Sala de lo Constitucional evalúa una demanda de nulidad contra la Ley de Amnistía, acuerpada por diversos organismos sociales, entre estos el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
«No había querido relacionar la discusión sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía, pero frente a un hecho que tiene características de atentado político a causa de la labor por los derechos humanos que realiza Pro-Búsqueda, no puedo dejar de relacionar que existe un propósito de infundir miedo y temor a la lucha contra la impunidad», aseveró el procurador.
También este hecho abona al descontento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos luego que el pasado 30 de septiembre las oficinas de Tutela Legal fuera cerradas sin previo aviso por órdenes de Monseñor José Luis Alas Escobar.
CONTRAPUNTO
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