“Nelson Mandela también fue acusado de terrorismo”

Entrevista a RAJI SOURANI el responsable del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza.

Raji Sourani durante la conferencia que dio en Madrid. / ÁLVARO MINGUITO.

Desde el pasado mes de junio, el paso de Rafah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, está parcialmente cerrado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma­nitarios de Naciones Unidas en Palestina (OCHA, por sus siglas en inglés), más de 5.000 personas, entre estudiantes y enfermos que necesitan tratamiento médico urgente, están a la espera de obtener un permiso para salir de Gaza a través de Egipto. La otra salida de la Franja, a través del paso de Eretz, está controlada por Israel y apenas cruzan unas 200 personas al día, tan sólo por motivos humanitarios.

Por ello parece casi un milagro que el abogado gazatí Raji Sourani haya podido visitar el Estado español para participar en distintas conferencias y encuentros. Sourani es un referente en la defensa de derechos humanos. Lleva casi cuatro ­décadas denunciando ante la Comu­nidad Internacional y Naciones Uni­das las violaciones sistemáticas perpetradas por el Estado de Israel contra la población palestina. En 2009, con el apoyo de distintas organizaciones y abogados del Estado español, Raji Sourani consiguió que la Audiencia Nacional ­admitiera a trámite una querella contra militares israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002. Sin embargo, las presiones israelíes llevaron a que el PSOE, de la mano del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morati­nos, derogara la aplicación de la justicia universal en el Estado español. Su compromiso con los derechos, su amplia trayectoria laboral y la crea­ción en 1995 del Centro Pales­tino de Derechos Humanos, ubicado en Gaza, han llevado a este abogado a recibir distintos galardones internacionales. El último ha sido el premio nobel alternativo de la paz, el Right Livelihood Award.

Distintas organizaciones de derechos humanos palestinas afirman que la separación física y política entre Gaza y Cisjordania está limitando la construcción de una agenda de lucha común y el debate en torno a la construcción de un Estado. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos que encontráis desde vuestra organización?

Tras 47 años de ocupación y 65 de la Nakba, cada vez se habla menos del derecho a la autodeterminación. Tampoco se habla de independencia ni del Estado palestino. El foco se pone en los derechos. Hablamos del derecho a la alimentación, a la vida, a la libre circulación, a la atención sanitaria... Y esta dirección, en muchos casos, deja de lado el diálogo en torno a la construcción del Estado palestino. Cuando impera la ley de la selva, como ocurre en el caso de Palestina, hay que buscar el fundamento de Derecho.

Junto a las denuncias contra Israel, ¿las violaciones de derechos humanos de la Autoridad Nacional Pales­ti­na (ANP) también están en la agen­da de trabajo de las organizaciones de derechos humanos?

Trabajamos con la agenda de la ocupación como si la Autoridad Nacional Palestina no existiera y trabajamos con la Autoridad Nacio­nal Palestina como si no existiera la ocupación. Hacemos seguimiento de cualquier violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. La juris­dicción de la ANP es muy limitada, ­pero a pesar de ello intentamos trabajar en torno a la construcción de los principios de la democracia y de los derechos humanos, así cuando el Estado palestino llegue no tendremos que comenzar de cero.

¿Cómo valora el papel de la comunidad internacional en el caso de Palestina?

Está claro que Estados Unidos y la Unión Europea apoyan a Israel. Ya se demostró en 2009 con la Operación Militar Plomo Fundido, en la que Israel mató a más de 1.400 personas y sobre la que nunca ha tenido que rendir cuentas. Europa y EE UU han cambiado sus legislaciones para proteger a Israel y no apoyan ninguna iniciativa de condena ni de sanciones; más bien lo contrario, le conceden privilegios a través de acuerdos de económicos. Sin embargo, Palestina y su sociedad civil reciben apoyo de multitud de organizaciones de todo el mundo. Aún mantenemos la superioridad moral ante Israel.

La situación en Gaza cada vez es más compleja. Parece que el Gobier­no de Hamas puede enfrentarse a una crisis económica. El pasado mes de mayo Irán recortó la financiación al Gobierno por su apoyo a los rebeldes sunníes en el conflicto sirio. Además, el cierre de los túneles en Rafah ha limitado los ingresos obtenidos a través de los impuestos sobre el tráfico de materiales.

El cierre de los túneles no ha afectado a Hamas. Hamas no es débil ni en lo económico ni en lo político. Un ejemplo claro es que fue la primera organización que, tras siete años de bloqueo, ha conseguido bombardear con cohetes Tel Aviv y Jerusalén, algo que ni siquiera Hezbollah hizo en los 33 días que duró su guerra contra Israel. El bloqueo israelí ha creado un caldo de cultivo perfecto para el extremismo, tratando además de desconectar Gaza del mundo exterior y al mundo de las violaciones de derechos humanos que comete Israel con la población palestina.

De cara al trabajo con la comunidad internacional, parece clave el manejo de la narrativa israelí en torno al terrorismo...

Mandela también fue considerado terrorista. Israel juega con la terminología, pero existe una diferencia entre resistencia, terrorismo y terrorismo de Estado. Según Israel, las organizaciones de derechos humanos somos terroristas. Nos llaman terroristas a aquellos que trabajamos en el marco del derecho internacional y de los derechos y estamos en la lista negra. Pero es Israel quien practica el terrorismo de Estado.

Vivir en la cárcel más grande del mundo
 

Desde junio, la Franja de Gaza, una de las zonas más pobladas de la tierra, con 1,7 millones de habitantes, vive uno de sus momentos más críticos. Al bloqueo impuesto por Israel se suma el cierre, casi completo, de los túneles de Rafah que comunican Gaza con Egipto y que son la fuente de abastecimiento de alimentos y materiales para la población, pero sobre todo de combustible. Debido a esto, según Naciones Unidas, en Gaza apenas hay ocho horas de luz al día y el 40% de la población, unas 700.000 personas, sólo tienen agua en sus hogares dos o tres días a la semana y durante unas seis horas al día.