“The Menace of the Hour”, una caricatura antimonopolio de 1899. Foto: Credit Universal History Archive / Uig, vía Getty Images.
En solo diez años la lista de las cinco empresas más grandes del mundo, según la capitalización del mercado, ha cambiado y solo permanece Microsoft. Exxon Mobil, General Electric, Citigroup y Shell Oil se quedaron fuera; Apple, Alphabet (la empresa matriz de Google), Amazon y Facebook las remplazaron.
Todas son empresas de tecnología y cada una domina su área de la industria:
Google tiene una participación en el mercado del 88 por ciento en publicidad de búsqueda; Facebook (y sus subsidiarias Instagram, WhatsApp y Messenger) tiene el 77 por ciento del tránsito social móvil, y Amazon tiene una participación del 74 por ciento en el mercado del libro electrónico. En términos económicos clásicos, las tres
son monopolios.
Nos han transportado a principios del siglo XX, cuando Louis Brandeis le presentó los argumentos sobre “la maldición de la grandeza” al presidente estadounidense Woodrow Wilson. Brandeis quería eliminar los monopolios, porque (en palabras de su biógrafo Melvin Urofski) “en una sociedad democrática la existencia de grandes centros privados de poder es peligrosa para la vitalidad continua de un pueblo libre”. No necesitamos ver más allá de la conducta de los grandes bancos en la crisis financiera de 2008 o del papel que Facebook y Google tienen en el negocio de las “noticias falsas” para saber que Brandeis tenía razón.
Mientras que Brandeis generalmente se oponía a la regulación —pues le preocupaba que inevitablemente provocara la corrupción del regulador— y en vez de eso defendía la desintegración de la “grandeza”, hizo una excepción para los monopolios “naturales” como los servicios de teléfono, agua y las compañías de electricidad y ferrocarriles, en las que tenía sentido tener una o menos empresas que controlaran la industria.
¿Es posible que esas empresas —y sobre todo Google— se hayan convertido en monopolios naturales al ofrecer toda la demanda del mercado por un servicio, a un precio más bajo que lo que ofrecerían dos firmas rivales? Si es así, ¿ha llegado la hora de regularlas como servicios públicos?
Consideremos una analogía histórica: los primeros días de las telecomunicaciones.
En 1895, una fotografía del distrito empresarial de una gran ciudad podría haber mostrado veinte cables telefónicos conectados a la mayoría de los edificios. Cada cable era propiedad de una empresa distinta y ninguna de ellas trabajaba con las otras. Sin efectos de red, las redes por sí mismas eran casi inútiles.
La solución era que una sola empresa, American Telephone and Telegraph, consolidara la industria al comprar a todos los pequeños operadores y crear una sola red… un monopolio natural. El gobierno lo permitió, pero después reguló este monopolio a través de la Comisión Federal de Comunicaciones.
Se regularon las tarifas de AT&T (también conocido como Bell System) y se requirió que gastara un porcentaje fijo de sus ganancias en investigación y desarrollo. En 1925, AT&T estableció Bell Labs como una subsidiaria aparte con la autoridad para desarrollar la siguiente generación de tecnología de comunicaciones, pero también para realizar investigaciones básicas en física y otras ciencias. A lo largo de los siguientes 50 años, los pilares de la era digital —el transistor, el microchip, la celda solar, la microonda, el láser, la telefonía celular— salieron de Bell Labs, junto con ocho ganadores del Premio Nobel.
En un decreto de consentimiento de 1956 en el que el Departamento de Justicia permitió que AT&T mantuviera su monopolio telefónico, el gobierno extrajo una gran concesión: todas las patentes registradas obtuvieron una licencia (para cualquier empresa estadounidense) sin regalías, y todas las patentes futuras obtendrían una licencia por una pequeña tarifa. Esto permitió la creación de Texas Instruments, Motorola, Fairchild Semiconductor y muchas otras empresas.
Es verdad, el internet nunca tuvo los mismos problemas de interoperabilidad. Y la ruta de Google para dominar es distinta que la de Bell System. Sin embargo, tiene todas las características de utilidad pública.
Pronto tendremos que decidir si
Google, Facebook y Amazon son monopolios naturales que necesitan regularse, o si permitimos que continúe el statu quo, fingiendo que los monolitos sin restricciones no infligen daño en nuestra privacidad y democracia.
Es imposible negar que Facebook, Google y Amazon han bloqueado la innovación a gran escala. Para empezar, las plataformas de Google y Facebook son el punto de acceso a todos los medios para la mayoría de los estadounidenses. Mientras que las ganancias de Google, Facebook y Amazon han aumentado, las ganancias de negocios como la edición de periódicos o la industria de la música han caído el 70 por ciento desde 2001.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales,
las editoriales de diarios perdieron más de la mitad de sus empleados entre 2001 y 2016. Miles de millones de dólares se han trasladado de los creadores de contenido a los propietarios de plataformas monopólicas. Todos los creadores de contenido que dependen de la publicidad deben negociar con Google o Facebook como distribuidor, la única vía de escape entre ellos y la vasta nube del internet. No solo los diarios resultan afectados.
En 2015 dos asesores económicos de Obama, Peter Orszag y Jason Furman, publicaron un artículo en el que argumentaban que el ascenso del “retorno supernormal del capital” en las firmas con competencia limitada está provocando un ascenso en la desigualdad económica. Los economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts Scott Stern y Jorge Guzmán explicaron que, en presencia de estas firmas gigantes, “se ha vuelto cada vez más ventajoso ser titular y menos ventajoso ser un nuevo participante”.
Hay algunas regulaciones obvias con las cuales comenzar. El monopolio se logra por medio de la adquisición, como Google, que compró AdMob y DoubleClick; Facebook, que compró Instagram y WhatsApp; Amazon, que compró, por mencionar solo algunos, Audible, Twitch, Zappos y Alexa. Como medida mínima, no se debería permitir que estas empresas adquieran otras grandes firmas, como Spotify o Snapchat.
La segunda alternativa es regular a una empresa como Google a manera de utilidad pública, y que deba cumplir requisitos como obtener licencias para patentes mediante una tarifa nominal para sus algoritmos de búsqueda, intercambios publicitarios y otras innovaciones clave.
La tercera alternativa es eliminar la cláusula del “refugio seguro” de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de 1998, la cual permite que empresas como Facebook y YouTube, de Google, utilicen el contenido producido por otros. La razón por la que hay 40.000 videos del Estado Islámico en YouTube, muchos con anuncios que generan ganancias para quienes los publicaron, es que YouTube no tiene que responsabilizarse por el contenido que está en su red. Facebook, Google y Twitter afirman que controlar sus redes sería demasiado oneroso. Pero eso es absurdo: ya controlan las redes para bloquear la pornografía, y lo hacen bastante bien.
Eliminar la provisión de refugio seguro también obligaría a las redes sociales a que pagaran por el contenido publicado en sus sitios. Un simple ejemplo: un millón de descargas de una canción en iTunes le generaría al artista y a la disquera cerca de 900.000 dólares. Que la misma canción se escuchara un millón de veces en YouTube les generaría cerca de 900 dólares.
No creo en el engaño de que, con magnates libertarios de la tecnología como Peter Thiel en el círculo interno de Trump, la regulación antimonopolio de los monopolios del internet será una prioridad. En última instancia, puede que debamos esperar cuatro años; en ese periodo, los monopolios serán tan dominantes que el único remedio será desintegrarlos. Obligar a Google a vender DoubleClick. Obligar a Facebook a vender WhatsApp e Instagram.
Woodrow Wilson tuvo razón cuando dijo en 1913 que “si los monopolios persisten, el monopolio siempre estará al mando del gobierno”. Ignoramos sus palabras bajo nuestro propio riesgo.
