miércoles, 16 de marzo de 2011

Guatemala: Ejército, policía, paramilitares y finqueros hieren y asesinan a campesinos

"Los militares y policías dispararon contra nuestros compañeros y quemaron sus chozas. Cuando intentaron regresar por sus pertenencias y cultivos fueron atacados y hay dos muertos y unos 10 heridos"
Comité de Unidad Campesina 
Unos 800 campesinos de 14 comunidades del Valle del Polochic (departamento de Alta Verapaz, norte de Guatemala), fueron desalojados este martes por militares y policías en un hecho que dejó dos muertos, según denunciaron organizaciones campesinas.
"Los militares y policías dispararon contra nuestros compañeros y quemaron sus chozas. Cuando intentaron regresar por sus pertenencias y cultivos fueron atacados y hay dos muertos y unos 10 heridos", afirmó a la AFP el dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual.
Pascual aseguró que en el grupo de militares y policías iban grupos de ex paramilitares, con armas y machetes. Los paramilitares combatieron con el Ejército durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996.
De acuerdo con Pascual, los campesinos se asentaron hace un año en esa región porque carecen de tierras y en su mayoría son desplazados o sobrevivientes del conflicto armado.
Explicó que las tierras donde siembran maíz y otros granos básicos para subsistir son comunales, pero los propietarios del ingenio de azúcar Chabil Utzaj, que opera en el lugar, aseguran que les pertenecen.
Agregó que el ingenio pertenece a la familia de la esposa del ex presidente Óscar Berger (2004-2008).
Por su parte, la entidad Vía Campesina de Guatemala, que aglutina a unas ocho organizaciones, recordó que los afectados tramitan la negociación de los terrenos con la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), ambos estatales.
Sin embargo, afirmó, el juzgado Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dictó la orden de desalojo.

Comité de Unidad Campesina: ¡A mayor represión...mayor organización!
Más de 800 familias de 14 comunidades ubicadas en el Valle Polochic, entre el municipio de Panzós del departamento de Alta Verapaz están siendo desalojadas, este martes 15 de marzo, por más de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Ejército y guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj. Las 800 familias sumidas en la extrema pobreza y desempleo, decidieron entre octubre y noviembre del año 2010, posesionarse de esas tierras. Desde esos meses se dedicaron a sembrar maíz y otros granos básicos que les permite subsistir a las condiciones paupérrimas en que viven.
Por su parte los líderes comunitarios en acompañamiento del Comité de Unidad Campesina y otras organizaciones indígenas y campesinas habían iniciado el trámite de negociación de esas tierras, desde el año pasado, con la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), para la compra de las fincas posesionadas. No obstante, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a petición de la empresa Chabil Utzaj, dicto orden de desalojo, mismo que se esta llevando a cabo en estos momentos.
Ante los desalojos que se están llevando a cabo el CUC exigen a las fuerzas de seguridad del gobierno y de los empresarios a no violentar la integridad física de las familias, especialmente de las mujeres y niños que habitan en las casas de cartón y tabla con techos de paja ya que líderes comunitarios han denunciado que más de 8 camiones del ejército y varias autopatrullas de la PNC y del MP, llenos de agentes llegaron a las comunidades para efectuar los desalojos.
El desalojo masivo inició hoy y se teme que continúe en los siguientes días. Por esta razón también hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y campesinas, defensores de derechos humanos y demás organizaciones populares a pronunciarse y solidarizarse con estas familias que hoy están quedando en la calle.
Al gobierno exigimos que facilite el acceso a la tierra de estas 800 familias carentes de vivienda y tierra para la siembra de granos básicos. No puede ser que la conflictividad agraria sigua latente en el área rural de nuestro país y el gobierno ignore las demandas de los campesinos y beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcentrando la tierra para la siembra de palma africana y caña de azúcar.
A las comunidades organizadas en el Consejo de Comunidades en Resistencia del Valle Polochic hacemos un llamado a resistir y continuar la lucha por la recuperación y tenencia de la Madre Tierra, porque ¡A mayor represión...mayor organización!

El valle del Polohic
A 460 km de distancia de la Ciudad de Guatemala se encuentra el área conocida como “El Polohic”. Comprende los municipios de Tamahú, Tucurú, La Tinta, Panzós y Senahú (Departamento de Alta Verapaz) y El Estor (Departamento de Izabal). Tiene una población de alrededor de 220 mil habitantes (INE Guatemala, 2002), de los cuales un 89 por ciento es indígena (Queqchí y Pocomchí, principalmente) (ENCOVI, 2006). Desde la Unidad de Informática de la Coordinadora Nacional de Alfabetización del departamento de Alta Verapaz, tras el proceso de alfabetización del 2007, se indica un 50 por ciento de analfabetismo en el departamento.
Las tierras que irriga el río Polochic, son consideradas muy fértiles, que junto con su bajo precio ha atraído la atención de empresas como el ingenio azucarero1 Chavil Utz’aj (“Buena caña”, en el idioma Q’eqchi) y la empresa de Inversiones Promotoras de Desarrollo S.A (INDESA)2 de palma africana. Estas dos empresas se reparten una gran parte de las tierras fértiles del Valle (ver figura 1).En el mismo territorio, además, convergen intereses mineros, madereros, huleros, ganaderos, conservacionistas e hidroeléctricos. La repartición desigual de la tierras provoca tensiones entre los distintos actores que la demandan por distintos intereses (empresa caña y palma, campesinos, finqueros, alcaldes, Estado y conservacionistas). La oferta de tierra es casi inexistente, lo que agrava las tensiones y eleva los costes de disponerla (Hurtado,2008).
La extensión de los cultivos de palma van ganando terreno a través de la compra, arriendo o acuerdos con los finqueros-ganaderos para ocupar los potreros ociosos3, mientras las comunidades q’eqchies resisten, luchan y buscan la manera de reproducirse en las tierras del Valle, unos buscando tierras baldías, otros se refugiaron en la sierra y viven con amenazas de desalojo, intentando realizar convenios con los conservacionistas; o se opta por la negociación directa con los “dueños”.
En la Alta Verapaz, el peso de la producción campesina es más significativo que a nivel de Guatemala. El departamento destina el 78 por ciento del área cultivada a la producción agrícola de autoconsumo y un 22 por ciento a productos de exportación (INE-Guatemala, 2003). Por otro lado, la frontera del sistema agrario se encuentra estabilizada, ya sea por la creación del área protegida Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas4, por el proceso de reconcentración de la tierra y/o por las dificultades que encuentran las comunidades para acceder a suelo productivo en un mercado de tierras (sobre los impactos de la reforma agraria asistida por el mercado, ver Garós et al, 2005). A consecuencia de esto, estrategias productivas tradicionales, como la roza y quema, han reducido de manera drástica los periodos de rotación de cultivos. Lo cual puede traer importantes consecuencias ecológicas si no se toman las medidas adecuadas.
1Ingenio que fue trasladado del Ingenio Guadalupe desde la Costa Sur de Guatemala en el 2005 por el aumento en la competencia de tierras con otros Ingenios. Este año realizó la primera zafra, sin terminarla y con grandes pérdidas económicas.
2INDESA comenzó a sembrar en 1998 y continúa extendiendo el cultivo de palma por el valle.
3En el caso de la empresa de caña de azúcar, éstos ya han adquirido alrededor de 5 mil hectáreas de tierra, de las cuales ya se han plantado unas 2 mil doscientas hectáreas. Por lo tanto la expansión de las plantaciones de caña se realizarán en sus propios terrenos
4Reserva de Biosfera Sierra de las Minas declarada el 4 de octubre de 1990, en base al Decreto Ley 40-90, quedando la misma bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas protegidas y coadministrada hasta la fecha, por la fundación Defensores de la Naturaleza.

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